MONTEVIDEO.- Desde inicios de este año, el gobierno de Uruguay trata un proyecto de ley destinado a regular el alquiler temporario con fines turísticos en el territorio nacional. El mismo desató controversias por parte de los dueños de las propiedades que son ofrecidas a través de plataformas digitales como Airbnb.

Los propietarios difieren en algunos puntos, principalmente en aquellos que los comparan con empresas como hoteles o inmobiliarias y exigen que cumplan con obligaciones tributarias similares.

Según se desprende del proyecto de ley, su finalidad es regular el alquiler temporario de inmuebles distintos a los hoteles. Los define como aquellos alojamientos transitorios, temporales o por días con fines turísticos, y se excluye a las viviendas primarias, o sea las que son residencia habitual de los propietarios. El proyecto establece, además, que los propietarios deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario bajo la órbita del Ministerio de Turismo.

Por su parte, los anfitriones de viviendas indican que si bien están de acuerdo con que se regule el alquiler por plataformas digitales, porque entienden que es “beneficioso para el desarrollo del turismo interno y externo”, hay aspectos del proyecto de ley que “no se ajustan a la realidad” de los propietarios. A su entender, tal cual está redactado el proyecto, se presenta un enfoque “peligroso” para el desarrollo del turismo y solo está destinado “a recaudar con los que emprenden en el sector”.

Uno de los supuestos errores marcados radica en querer comparar a los anfitriones con los hoteles o inmobiliarias. “Es que la mayoría son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras, jubilados que ahorraron toda su vida para tener una propiedad extra”, argumentan.

Por esto, aseguran, resulta “injusto” imponer cargas burocráticas similares a las que enfrentarían inmobiliarias o hoteles, lo cual no refleja –indican– la realidad de la actividad. Remarcan que carecen de una infraestructura de servicios, como sí la tienen los otros jugadores del sector.

“Los anfitriones no tienen empleados, no ofrecen servicios como desayunos, almuerzo y cenas, restaurante, organización de eventos; ya que no tienen la infraestructura para hacerlo. Simplemente ponen su casa o habitaciones a alquilar”, grafican.

De hecho, remarcan que la actividad de los anfitriones contribuye al desarrollo del turismo pero muchas veces se trata de un complemento a sus ingresos. Por lo tanto, “la regulación propuesta no se ajusta a su realidad y podría perjudicar a quienes emprenden en este sector”.

“No tiene sentido poner las mismas cargas burocráticas que puede llegar a tener un operador inmobiliario o un hotel, con la de una persona que alquila su casa o habitación como forma de complementar los ingresos para afrontar los gastos cotidianos o para pagar la contribución inmobiliaria”, indican.

Por otra parte, comparan su actividad con la de otros que ofrecen sus viviendas en alquiler por otros canales.

“¿Cuál sería –preguntan– la diferencia entre una persona que tiene propiedades y las pone en alquiler para obtener una renta usando el Gallito (libro de clasificados) o un cartel ‘dueño alquila’ y la actividad de los anfitriones que ponen su vivienda a través de las plataformas?”, cuestionan.

Otro de las cosas que crea el actual proyecto de ley, es el Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario con fines turísticos, que será implementado y gestionado por el Ministerio de Turismo. Además, exige la inscripción en las Intendencias Departamentales. Los anfitriones indican que, si bien están de acuerdo con el proceso de inscripción en el registro de viviendas, difieren con otras obligaciones administrativas como abrir una empresa o realizar los trámites frente a cada gobierno departamental para el cambio de uso de la vivienda. Ante esto, proponen un registro único, general, sencillo y de fácil acceso a través de un formulario digital en línea que tenga carácter de declaración jurada. Con esto, buscan evitar una doble tramitación de registro, indican.