Un peritaje oficial informó que no hubo contactos telefónicos entre los tres acusados que están presos por el atentado contra Cristina Kirchner y los líderes del grupo Revolución Federal, que son investigados en un expediente paralelo por sus dichos y actos amenazantes contra el kirchnerismo.

El informe llegó a los tribunales de Comodoro Py el viernes de la semana pasada, informaron fuentes judiciales. Lo había ordenado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y lo realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal. Pollicita y Martínez de Giorgi llevan el caso contra los miembros de Revolución Federal, que se tramita en paralelo con el expediente del atentado contra la vicepresidenta.

El documento presentado por la Datip sostiene que no se registraron comunicaciones telefónicas entre dos grupos que analizaron: uno integrado por las líneas de Fernando Sabag Montiel (el hombre que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner), Brenda Uliarte (su novia, que estaba con él ese día) y Gabriel Nicolás Carrizo (líder del grupo que integraban Carrizo y Uliarte, dedicado a vender copos de azúcar); el otro, por las líneas de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal y procesados por incitación a la violencia colectiva. El peritaje presentado el viernes pasado es solo sobre teléfonos.

Pese a que Cristina Kirchner y sus abogados sostienen lo contrario, los investigadores del atentado afirmaron que no hay elementos para creer que Revolución Federal haya estado detrás del ataque. En mayo pasado, el fiscal Carlos Rívolo pidió elevar a juicio la causa con Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo como acusados y dijo: “Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”.

Lo que sí detectó el peritaje de la Datip fueron tres abonados telefónicos que llamaron tanto al grupo de los acusados del atentado como al de los miembros de Revolución Federal, pero informó que dos de esas líneas son usadas para estafas telefónicas y que la tercera es de un servicio vinculado al correo. Al parecer, estas comunicaciones no esconderían vínculos entre los grupos.

Un hecho en el que Cristina Kirchner y sus abogados ponen especial énfasis es el vínculo entre Revolución Federal y la firma Caputo Hermanos porque Rossana Caputo contrató a Morel para que le hiciera muebles y esas contrataciones no se condicen con los movimientos habituales de fondos ingresados al patrimonio del joven de Revolución Federal. La querella de la vicepresidenta se opuso a la elevación a juicio de los tres acusados del atentado basada en un informe previo de la Datip, de mayo pasado. “En el marco de ese informe se analizó la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Entre los resultados aparecen, entre otras cosas, el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la vicepresidenta de la Nación y consultas a CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”, dijeron. Insistieron entonces en la necesidad de profundizar la investigación de las comunicaciones.

El 12 de junio pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti elevó a juicio la causa, en contra de lo pedido por la vicepresidenta. “Las cuestiones que ha traído a colación la acusación privada para oponerse a la elevación a juicio no resultan novedosas. Indistintamente, las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento jurisdiccional”, dijo y recordó que eso fue revisado incluso por la Cámara Federal. La jueza sostuvo que se analizó de manera sistemática la evidencia y que “no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis” que la querella sostuvo “de forma tan enfática”.

Capuchetti recordó entonces que Rívolo había dicho que no había indicios de que el ataque tuviera motivaciones políticas o un financiamiento externo (para el fiscal, el atentado no requirió financiamiento alguno). “Hasta el momento la prueba impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”, escribió Rívolo y reprodujo la jueza.