Sin demasiado tiempo para dar vueltas porque las primarias son en pocas semanas, el Palacio de Hacienda necesita mostrar que tiene controlada la inflación. Es lo que, con todas las letras, Matías Tombolini les dice a los empresarios. En su último Zoom con las cinco cadenas de supermercado, en la tarde del 16 de este mes, avanzó en algunos detalles del método oficial e incluso dio nombres: no deberían comprarle electrodomésticos a Mabe, la empresa de línea blanca, porque acababa de rechazar entrar en Precios Justos.

Son semanas de tensión y se nota en las conversaciones. La novedad es señalar, de modo sutil o a veces no tanto, a las empresas que no acepten acordar con el Gobierno. Al Banco Central ya casi no le quedan dólares y eso vuelve infecundo el recurso con que hasta ahora en el Ministerio de Economía se intentaba convencerlas: la que no entra en el programa, que ni sueñe con tener autorizaciones para importar. Pero esos permisos escasean hoy aun para los presurosos en obedecer, y la alternativa que queda es el rigor. Les insisten entonces con llamados frecuentes y hasta las incluyen en listas de la home de la Secretaría de Comercio en las que, aunque no hayan suscrito el convenio, aparecen. “Sáquenme de la página oficial, todavía no firmé”, pidió uno de los ejecutivos en estos días.

La necesidad lleva con frecuencia a los funcionarios a distraerse en obsesiones microeconómicas o de dudosa efectividad. Ese viernes Tombolini pidió a los supermercados que empezaran a vender motos, sector al que el Gobierno intenta impulsar mediante el programa Ahora 12. Las cadenas lo ven como una complicación porque se trata de bienes registrables: una vez cerrada la venta, deberían darla de alta en dependencias del Ministerio de Justicia. Lo que sí aceptaron es no subir hasta después de las primarias los precios de la indumentaria que venden en góndolas. No costó nada: en general, el sector textil remarca por temporada y el precio inicial se fija al principio y tiende a ir bajando en la medida en que avanza el invierno y arrancan las liquidaciones. Pero los dirigentes políticos son expertos en jactarse de procesos naturales. Como aquel rey que, al verlo somnoliento, le ordenaba al Principito bostezar. O cada vez que un funcionario anuncia en conferencia de prensa los aumentos jubilatorios trimestrales o la suba en el mínimo no imponible de Ganancias previstos en la ley.

El apuro de Massa es electoral. Su secretario de Comercio lo admite citando fechas: junio, dice, fue el último mes medible para el Indec antes de las primarias, que son el 13 de agosto, y el cronograma del organismo dispone que la cifra de julio se difunda al día siguiente, el 14. Se entiende ahora otra exigencia extraña, la de haber demorado dos semanas los aumentos pautados en Precios Justos para junio y aplicarlos en la segunda quincena. En el Indec dicen que ese retraso no baja el IPC pero, como se trata de promedios semanales, posterga parte del comportamiento de los valores para el mes siguiente. Todo lo que se conozca después de las PASO, es el siglo próximo en el universo de Massa.

Este manejo artesanal tiene un costo que va más allá del tiempo que se pierde para resolver en serio el principal problema económico de la Argentina. Porque, mientras se discuten internas partidarias o si el precio del arroz sube el 1º o el 15 de junio, se ha empezado a incubar una inflación reprimida que podría manifestarse más adelante. Ya pasó a fines de 2015, cuando Kicillof, ministro de Economía, pidió a las alimentarias aguantar con los aumentos hasta después de las elecciones. Fue lo que las empresas hicieron: en diciembre de ese año, no bien asumió Macri, un presidente amigable al mercado y que seguramente juzgaría absurdos los acuerdos de precios, trasladaron esas alzas que venían postergando. Tiempo después, cuando tampoco él pudo resolver la cuestión de fondo, Macri reflotó Precios Cuidados.

La prioridad de Massa vuelve a ser acotada. Necesita mostrar que por lo menos es capaz de evitar nuevas corridas y que la inflación mensual llegue a dos dígitos. Por eso gran parte del andamiaje de su paso por el Ministerio de Economía depende de lo que pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional. Tan celebrada por gran parte del establishment, su candidatura ha empezado a convertirse en un problema para algunos empresarios de consumo masivo: como no se ataca la mecánica inflacionaria desde la raíz, temen que se los vuelva a acusar a ellos. La famosa batalla contra los “formadores de precios” a quienes les da por formarlos solo en la Argentina, mientras en Colombia, Perú, Paraguay o Brasil se compadecen del bolsillo del consumidor.

Las alimentarias, por ejemplo, están pendientes de si el Gobierno les terminará exigiendo, igual que a los fabricantes de bienes intermedios o durables, retrotraer los aumentos a mayo. En el Ministerio de Economía dicen que ya lo tienen acordado de palabra con algunas empresas. Si la idea puede sonar difícil de cumplir, sin dólares resulta directamente delirante. Por eso será difícil que el Instituto Patria objete las gestiones de Massa en Estados Unidos. Debería celebrarlas hasta la embajada de China, que envió anteayer a representantes al Palacio de Hacienda para reclamar que no se está cumpliendo el compromiso argentino de autorizar operaciones con yuanes a fabricantes de ese país.

Massa se juega en estas semanas no solo su idea de no devaluar, sino lo que más le importa, que es el respaldo de todo el peronismo para octubre. Y eso depende también de las encuestas: debe demostrarles a sus compañeros, principalmente a los kirchneristas, que es un candidato competitivo. “Estamos haciendo el duelo”, admitió ante La Nación un dirigente de ese espacio.

Los últimos movimientos y declaraciones de Unión por la Patria hacen prever que el ministro deberá trabajar bastante algunas adhesiones. Conseguir, por ejemplo, que Mario Secco, intendente de Ensenada, convenza al Concejo Deliberante del municipio que derogue la resolución 175, que lo declaró en 2014 persona no grata por haber dicho que había que cerrar la etapa de debate por los desaparecidos. Ya hubo un intento fallido en agosto de 2019, con Massa recién incorporado al Frente de Todos, cuando concejales de su espacio pidieron por carta que, dado que el líder del Frente Renovador había resignado generosamente su candidatura, correspondía derogarla. Pero no hubo caso. Una curiosidad: en ese momento, uno de los más críticos con él fue Daniel Scioli. “Quien no defiende los derechos humanos debilita los cimientos de nuestra seguridad ciudadana”, se indignó por Twitter el entonces gobernador bonaerense. ¿Será por eso que el candidato eligió ahora lanzar su campaña con la repatriación del avión de los vuelos de la muerte?

Massa necesita resultados y, tal vez, que Cristina Kirchner lo respalde de un modo más explícito. Esa tarde en Aeroparque, y acaso delatado por un acto reflejo, tomó el vaso de agua cada vez que la vicepresidenta se detenía en tópicos camporistas: cuando admitió que en realidad su candidato preferido era De Pedro, cuando elogió a Insfrán y cuando insinuó que el ministro tenía que controlar las ganancias de las empresas.

Es entendible que esta urgencia por convencer se centre en lo que el líder del Frente Renovador tiene a mano. Por ejemplo, llamados para que las empresas colaboren en evitar una escalada inflacionaria mensual a dos dígitos. El deterioro económico es tan evidente que una campaña encabezada por el responsable del área solo puede incluir argumentos contrafácticos: qué ocurriría si no estuviera.