Ante la imposibilidad de tener acceso al expediente que lo tiene imputado del delito de lavado de activos del narcotráfico y asociación ilícita, Ivo Rojnica, conocido como El Croata y acusado por el Gobierno de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue, se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Rojnica tomó la decisión de no declarar ante el consejo de su abogado Claudio Caffarello. Al encontrarse la causa en secreto de sumario, la defensa no pudo tener acceso al expediente.

Los otros dos imputados, el empresario Federico Pulenta, representados por los abogados Roberto Vald y Hernán Jauregui Lorda, y el broker Agustín Estrada Palomeque, tomaron la misma decisión y se negaron a declarar.

Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que Rojnica está imputado por supuestas maniobras ilegales con el dólar a través de su financiera Nimbus Group.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al Cártel de Sinaloa y comenzó con el secuestro de 1375,89 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, que se completó con la posterior incautación de 486,28 dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad de Perdriel, en Mendoza.

Rojnica fue arrestado anteayer en el barrio El Golf, de Nordelta; Pulenta fue detenido en el barrio El Encuentro, de Benavídez; y Estrada Palomeque fue aprehendido en su domicilio de Montevideo al 1800, Retiro.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, la investigación que llevó a prisión a los tres sospechosos comenzó hace cinco años tras una denuncia del FBI de los Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas (cada una de 9999 dólares) desde la Argentina hacia una banco de Houston.

“El encargado de ´buenas prácticas´ del banco de Houston que había sido agente del FBI alertó a sus excompañeros. Se decidió cerrar la cuenta que estaba a nombre de Pulenta, que había intentado explicar que el dinero correspondía al pago de turistas por una visitas a bodegas en la Argentina, pero en realidad estaban vinculadas a un fideicomiso de empresas navieras radicadas en Banfield, en Lomas de Zamora “, sostuvieron las fuentes consultas.

Tras la presentación del FBI, la investigación quedó a cargo del juez federal Villena que ordenó una serie de intervenciones telefónicas.

“Una financiera vinculada a los sospechosos tuvo intervención en el manejo de casi 500.000 dólares del cartel que se utilizaron para financiar la logística del tráfico de cocaína del caso Bobinas Blancas, operación que estuvo a cargo de Emanuel Díaz, condenado por el delito de lavado de activos”, agregaron los informantes.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, a cargo del juicio por Bobinas Blancas, condenó a García a la pena de cinco años de prisión, con una multa de 8 veces el monto de las operaciones de blanqueo de dinero con criptomonedas, como “responsable del delito de lavado de activos por hechos del 28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio del 2017 por un total de 468.400 dólares”.

Según fuentes del caso, tras los allanamientos ordenados por Martínez de Georgi, los teléfonos intervenidos por Villena se “activaron”. Los sospechosos comenzaron a hablar y surgieron las pruebas que derivaron en las órdenes de detención.

Según fuentes con acceso al expediente, el mes pasado, la fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al juez Villena que se declare incompetente y la semana pasada, antes de los allanamientos, le había presentado un pronto despacho sobre la cuestión.

La primera presentación fue hecha el 28 de septiembre pasado, cuando la representante del Ministerio Público solicitó que se declare la incompetencia en razón del territorio y se remita la causa a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La segunda fue la semana pasada. “Los mismos hechos están siendo investigados por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. Como se desprende de lo expuesto, en ambos expedientes se investiga a la misma organización liderada por Rojnica. Surge claramente que nos encontramos ante identidad de objeto procesal y de algunas de las personas investigadas en ambas actuaciones; por lo que corresponde reunir el presente legajo con aquella investigación criminal. Ello a efectos de evitar la duplicidad de medidas de prueba, el entorpecimiento de la dirección investigativa y eventuales resoluciones contradictorias”, explicó Incardona.