En materia de precios, el Gobierno apuesta todo a un pleno: que el ministro de Economía, Sergio Massa, gane el balotaje que debe disputar con Javier Milei para definir quién será el próximo presidente. Sucede que uno o dos días después de la elección, según los casos, vencen acuerdos que tienen artificialmente bajos a más de 50.000 productos clave en el consumo cotidiano de los argentinos a través del denominado programa Precios Justos.

Por eso, los analistas anticipan una presión adicional inflacionaria para lo que resta del año, por encima de la habitual en el país, que ya es récord a nivel mundial. A la dificultad que plantea Precios Justos se le suma otra tanda de bienes y servicios que muestran señales evidentes de inflación reprimida y cuyos prestadores reclamarán una normalización.

En la última semana, el Gobierno extendió el acuerdo de Precios Justos, que engloba a miles de productos de distintos rubros con variaciones del 5% mensual, pese a que en agosto y septiembre el índice de precios al consumidor (IPC) superó el 12%.

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Hay muestras de las limitaciones que lleva adelante el equipo conducido por Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, por orden del propio Massa. Ocurre que los entendimientos vienen siendo cada vez menos abarcativos y el horizonte de finalización, más cercano: fin de año o directamente después de la segunda vuelta.

Después de eso, nadie sabe bien cómo continuar ni cuál podría ser el impacto inflacionario si se destapa esa olla a presión que representa la inflación contenida.

La Secretaría de Comercio dijo que se mantuvieron 351 reuniones con empresas en las últimas semanas. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, mientras que 97 compañías lo están evaluando y nueve decidieron no renovar. Las compañías comprenden los rubros de consumo masivo, indumentaria, calzado, línea blanca, electro, celulares, motos e insumos difundidos, entre otros.

En particular, en consumo masivo –aproximadamente 30.000 productos del universo Precios Justos– se acordó un aumento del 5% en noviembre, con el compromiso del Gobierno de volver a reunirse con las empresas el martes 21, luego del balotaje. En los papeles, el entendimiento va hasta el 31 de diciembre.

Las empresas decidieron acatar la recomendación de Economía porque el plazo “es corto” y el acuerdo, “de transición”. En los hechos, nadie está del todo seguro de que se pueda garantizar el abastecimiento en todos los puntos de venta. En el Ejecutivo pidieron máximos esfuerzos para tener un normal suministro. Otra vez, los reclamos oficiales suelen chocar contra la realidad. Un ejemplo es el de la oferta de combustibles, que falta en el país desde hace semanas.

Fuentes del supermercadismo dijeron que los nuevos listados del programa llegaron y se están aplicando desde el 1° de noviembre y que el abastecimiento es “razonable dado el contexto”. Y apuntaron: “Las empresas están haciendo un esfuerzo ante una demanda que se ha disparado por la brecha de precios con los comercios chicos. Hay almacenes en donde una caja de medio kilo de arroz puede costar $700 y en los supermercados grandes se ven changos repletos de un solo producto, como leche, que está en oferta. Eso es que el pequeño comerciante está yendo a la cadena en lugar de al mayorista, porque le conviene más, pero no hay nada que sea una situación problemática”.

Por su parte, Victor Palpacelli, presidente de la cooperativa Almacor y titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) -una de las cámaras de supermercados en los que se ofrecen los Precios Justos-, dijo que los únicos listados actualizados que tenían eran los de los 1390 artículos que integraban la lista original de unos 2000. Reconoció también que estaban “luchando para que haya más seguridad de abastecimiento en todos los puntos del país”.

Por otro lado, el presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, Fernando Savore, dijo que, después de la devaluación de agosto, Precios Justos desapareció de los mayoristas.

“Agosto arrancó con aumentos de entre el 6% y el 8%. Después de la devaluación, se sumó otro incremento del 22%. En el mayorista, primero te encontrabas la góndola vacía de productos y luego, no estaba ni el cartel de Precios Justos y creo que lo mismo pasó en los supermercados”, señaló.

En ese entonces, las firmas acataron a regañadientes continuar en el programa -ya habían enviado listas con aumentos del 25%-y muchas, si bien cumplieron, se resistieron a firmar los compromisos porque el Gobierno no estaba cumpliendo con su parte, ya que había problemas para acceder a insumos importados. Es probable que esa presión crezca en caso de una derrota electoral del oficialismo.

Desde agosto también cambió la lógica del acuerdo. Ya no hay una lista de precios fijos, sino que todos los productos de las empresas que suscriben, los que estaban en el listado y los que estaban afuera, aumentan 5%.

Los siete cortes de carne de Precios Justos, en tanto, se renovaron el miércoles pasado con un 10% de aumento, la canasta de frutas y verduras de estación estaba por publicarse y había negociaciones con comercios de cercanía para restablecer Precios Justos Barriales, pero con una lista más chica, de 35 productos (cuando se lanzó, en junio, era de 100 productos).

Las petroleras, por su parte, lograron acordar aumentos de precios de entre 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Estaba entre las más retrasadas. Las empresas y la Secretaría de Energía se volverán a juntar luego del balotaje.

La totalidad de las marcas del sector de indumentaria, por su parte, también firmaron esta semana para continuar en Precios Justos con un incremento de 5% en noviembre y 5% en diciembre, mientras que los sectores de celulares y línea blanca seguían negociando, en tanto los locales de electrodomésticos que participaban están firmando una prórroga con un ajuste del 5% por mes.

Para octubre, las consultoras privadas estiman una inflación levemente menor al 10%, pero en noviembre volvería a subir.

Qué puede pasar después de las elecciones o con el fin de año es una incógnita para los analistas. Para el jefe de Research de Ecolatina, Santiago Manoukian, podría haber algún margen para continuar con acuerdos de precios, más allá de la inflación reprimida.

“Si bien es cierto que hay muchos precios que están atrasados, que van a tener que ser corregidos, como las tarifas de luz, de gas, el transporte público o las prepagas, hay otros, como prendas de vestir y calzado, que muestran que están un poco adelantados. Entonces, en un plan de estabilización probablemente se corregirán precios relativos, incluido el tipo de cambio, pero se pueden llevar adelante acuerdos de precios para moderar un poco los aumentos futuros de los rubros que están más adelantados”, opinó.

Sin embargo, dijo que para eso se necesita contar con respaldo político y que no evita que la inflación de 2024 sea todavía muy elevada.

Las tarifas de gas, electricidad y transporte volvieron a registrar en los últimos cuatro años un retraso con respecto a la evolución de los precios en general de la economía, que fue contrarrestado con un aumento en los subsidios del Estado. En caso de avanzar con un plan de estabilización, será necesario reducir el déficit fiscal y atacar el atraso tarifario, a través de subas por arriba de la inflación esperada.

El economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, considera que una actualización brusca de todos los valores de Precios Justos podría ser el último paso del proceso hiperinflacionario en el que se encontraría el país.

“Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%. También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, apuntó.

“Hay que transparentar precios, pero con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”, cerró.