El Gobierno le negó a la Corte Suprema de Justica los fondos para disponer un aumento salarial a los jueces y empleados del 6,5 por ciento desde julio pasado, al afirmar que “no corresponde” al Poder Ejecutivo “interpretar las necesidades de magistrados, funcionarios y empleados”, sino atender a las provincias y municipios. Y le recordó que el Poder Judicial tiene fondos propios para enfrentar esos gastos.

La nota enviada por Agustín Rossi, jefe de gabinete a la Corte reproduce la que le mandó el 18 de mayo pasado pasado. Allí se decía: ““Tratándose de un poder independiente, no corresponde en esta órbita interpretar las necesidades salariales de magistrados, funcionarios y empleados, sino establecer las herramientas que permitan atender los requerimientos de las distintas jurisdicciones”.

Y mencionaba que los aumentos del 6,5 por ciento dispuestos desde julio impactan entre los fiscales y defensores oficiales “debiendo ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante”.

“La coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar”, dijo Rossi entonces y repite ahora.

Y destaca que el Poder Judicial tenía en mayo recursos “para el presente ejercicio de $424.320 millones mientras que el total de gastos corrientes y de capital asignado suman un total $ 342.959 millones, excediendo dicho monto en $81.361 millones. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos al 30 de abril del 2023 por $151.711 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”. Esos montos son mayores actualmente, dice la carta de Rossi.

Por eso señaló que por la ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial, “podría disponerse la recomposición de las partidas dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anti cíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; siempre y cuando el Alto Tribunal lo solicite expresamente”

La Corte había pedido ayer al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de fondos para pagar el aumento salarial del 6,5% que se estableció desde el 1 de julio. Los jueces del máximo tribunal plantearon que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”. Pero el Gobierno le dijo que se nutran de sus propios fondos.

La respuesta de Rossi llega un día después de la que la Corte dispusiera el cese de las funciones de la jueza Ana María Figueroa de la Casación, cercana al kirchnerismo. La jueza había cumplido 75 años -edad límite establecida en la Constitución- y no contaba con un nuevo acuerdo del Senado.