Cuando el Robinson R66 rojo se estrelló contras las aguas del río Paraná, a la altura de la ciudad bonaerense de Ramallo, el piloto, Gustavo Degliantoni, estaba vivo y llegó a decirles unas palabras a sus cuatro acompañantes. Pocos segundos después, y por causas que aún son objeto de investigación, quizá por la inercia de la caída, el helicóptero se dio vuelta. Cuando el personal de la Prefectura Naval y testigos de la tragedia comenzaron a rescatar a las víctimas y llevarlas a la costa, el empresario y excorredor de Turismo Carretera ya estaba muerto.

Así lo revelaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Según la autopsia, Degliantoni, de 71 años, sufrió un derrame cerebral masivo que provocó su muerte.

En un primer momento se pensó que el piloto había muerto en el acto. “A partir de la prueba reunida en el expediente se puede afirmar que hubo sobrevida. La muerte de Degliantoni no se produjo de forma instantánea”, sostuvo una calificada fuente con acceso al expediente.

La tragedia ocurrió el domingo de la semana pasada a la tarde. El helicóptero rojo fue filmado mientras hacía maniobras imprudentes y volaba a baja altura, en medio de playas con bastante gente que disfrutaba del día soleado y sobre decenas de veleros y yates que navegaban o estaban detenidos en las plácidas aguas del río.

“El suceso, en lo previo y en el momento exacto de la caída, fue filmado. Las imágenes son claras en cuanto al vuelo a baja altura”, sostuvo un investigador.

La caída del Robinson R66 en las aguas del río Paraná también fue registrada por los teléfonos celulares de ocasionales testigos.

“A partir de los testimonios de las personas que acompañaban al piloto en la aeronave y de un testigo que estaba en la zona de la caída, en una embarcación, se pudo determinar que Degliantoni no murió de manera instantánea, como se pensó en un primer momento. Llegó a hablar con sus amigos”, explicaron las fuentes consultadas.

La investigación de las circunstancias que rodearon la caída del helicóptero y la muerte del piloto está a cargo del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo y del fiscal federal Matías Di Lello.

Se trata de los mismos funcionarios judiciales que estuvieron a su cargo la investigación que terminó con el procesamiento del expiloto de TC Marcos Di Palma por el delito de interrupción del transporte de energía eléctrica, hecho que en diciembre de 2017 afectó a la localidad de Capitán Sarmiento, cuando el corredor chocó contra un cable de alta tensión mientras piloteaba una avioneta no habilitada, sin licencia y por debajo de la altura de vuelo reglamentaria.

Las fuentes consultadas por LA NACION prefirieron mantener en reserva las palabras que pronunció de Degliantoni antes de morir.

“La autopsia practicada sobre el cuerpo de Degliantoni concluyó la existencia de un derrame cerebral masivo que provocó la muerte. Se tomaron muestras biológicas para realizar estudios de toxicidad y alcohol”, habían dicho en su momento voceros de la investigación.

Los resultados de los peritajes sobre las muestras biológicas todavía no fueron entregados a los funcionarios judiciales a cargo de la investigación.

“Los estudios complementarios permitirán determinar, de manera concluyente, otras circunstancias sobre la mecánica de la muerte”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

La necropsia se practicó en la Morgue Judicial de San Nicolás. “Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos qué pasó. Fueron décimas de segundos, fue todo muy rápido”, sostuvo Osvaldo Iommi, amigo de Degliantoni y sobreviviente de la tragedia aérea, en diálogo con Telefe Rosario.

En noviembre de 2020, Degliantoni había sido procesado con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, por los delitos de asociación ilícita, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y estrago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, le trabó en primera instancia un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos.

Se trató de una investigación de la que participó la fiscal federal Cecilia Incardona, en la que se descubrió la actividad de una organización criminal que robaba petróleo crudo de un oleoducto y que, una vez refinado, vendía el combustible.

“La asociación conformada por los aquí imputados, con una clara división de roles y funciones, al menos desde el mes de marzo de 2019 y hasta el pasado 1 de septiembre , se apropió de petróleo propiedad del Estado Nacional, el que, en algunos casos, fue sometido a procesos de destilación y refinado para obtener productos derivados y fue insertado en el mercado tanto formal como informal obteniendo un alto rédito económico, al margen de la correspondiente tributación. En el marco de dichas actividades ilícitas realizaron acciones que dañan el medio ambiente, producto de los desechos generados en esa cadena productiva. La apropiación del combustible tuvo lugar a través de punciones que se realizaron en oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF”, había sostenido la fiscal Incardona en un dictamen.

En noviembre de 2020, el juez Augé procesó a 22 sospechosos, entre ellos, al piloto que falleció el domingo. Finalmente, en febrero pasado, Degliantoni y su hijo Gustavo fueron sobreseídos.

“Ahora bien, los nuevos hechos y piezas probatorias aportadas, al ser reexaminadas echan luz a las circunstancias que rodearon los vínculos señalados entre los peticionantes con otras personas imputadas en autos, como así también en punto a su mencionada participación en las conductas delictivas investigadas en autos. La situación fáctica se ve modificada por las nuevas pruebas aportadas por la defensa y demuestran no solo la falta de vínculo entre las personas sindicadas como una organización criminal y los señores Degliantoni padre e hijo, sino que también da certeza negativa de la comisión de los delitos por los cuales fueran indagados y procesados en su oportunidad. En ese mismo orden de ideas, no se observa en autos una prueba objetiva que vincule a los nombrados con los graves delitos que se investigan”, se suscribió en el fallo por el cual los Degliantoni fueron sobreseídos.

El sobreseimiento en la causa del robo del petróleo había sido apelado por el Ministerio Público Fiscal. Pero con la muerte de Degliantoni padre, la acción penal en su contra quedó extinguida.