El martes por la noche, la Cámara de Representantes de Texas le dio el visto bueno a una de las leyes de inmigración más polémicas en todo Estados Unidos. Si el gobernador Greg Abbott la firma, tendrá importantes repercusiones en los migrantes de todo el estado, dado que crea delitos estatales por entrar o volver a ingresar ilegalmente desde otro país, con una condena que va hasta 20 años de prisión en los casos más graves. Esta medida enfrentaría a las fuerzas estatales con la administración liderada por el presidente Joe Biden.

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Uno de los aspectos que causa más controversia en la ley SB4 es que autorizaría a los funcionarios locales para arrestar a los migrantes que tengan la sospecha de que ingresaron ilegalmente a Texas. Los oficiales y las agencias estarían autorizados para transportarlos a los puertos para su salida y los jueces podrían ordenarles que regresen. Se espera que Abbott firme la legislación y que se convierta en una de las de inmigración más estrictas de todo EE.UU., siempre y cuando se le permita entrar en vigor, dado que el tema inmigración está reservado para el gobierno federal.

Los críticos dicen que esta ley podría detonar la elaboración de perfiles raciales o el arresto ilegal de ciudadanos estadounidenses o migrantes legales. Al respecto, el representante republicano, David Spiller, defendió que no se aplicaría a los residentes que hayan estado en EE.UU. durante más de dos años.

Por su parte, Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, argumentó que sería “casi imposible que la ley se hiciera cumplir en cualquier condado que no estuviera directamente a lo largo de la frontera de 1900 kilómetros de Texas con México, porque un oficial necesitaría pruebas de que un migrante cruzó ilegalmente”, defendió, de acuerdo con la agencia AP.

Por otro lado, expertos legales y representantes demócratas criticaron este proyecto por el conflicto que supone entre la autoridad estatal y la federal para regular la inmigración. El esfuerzo de Texas recuerda a un fallo de 2012, que anuló las disposiciones de una ley de Arizona, cuando el juez Anthony Kennedy determinó que aunque el estado podía tener “frustraciones comprensibles” con los inmigrantes ilegales, no podía seguir con las políticas que corresponden al poder federal.

Al respecto, el senador estatal Brian Birdwell, el único republicano que votó en contra, aseguró que la ley usurparía los poderes otorgados al gobierno federal. “Estamos sentando un terrible precedente para el futuro al invalidar nuestra obediencia y fidelidad a la Constitución (...) El hecho de que el presidente Biden no obedece su juramento no nos obliga a violar el nuestro. En cambio, obliga a nuestros representantes federales a restringirlo y al electorado a retirarlo el próximo año”.

Charles Perry, el senador estatal autor del actual proyecto de ley, defendió su legalidad. “Si bien estoy de acuerdo en que estamos probando, el estado tiene todo el derecho de proteger a sus ciudadanos y esta nación tiene todo el derecho de esperar que Texas lo haga cuando tiene que hacerlo”.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios sobre esta legislación, pero aseguró que la eliminación de los no ciudadanos era responsabilidad del gobierno federal. “Las acciones estatales que entran en conflicto con la ley no son válidas bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución”, declaró para ABC News.

Si bien los legisladores estatales habían revisado otras versiones de la ley SB4, así como varias propuestas similares en todo el año, en las sesiones anteriores no habían avanzado hasta llevarlas al escritorio del gobernador.