Los vecinos de los barrios 4 de Junio y Maravilla, de San Ramón de la Nueva Orán, tenían a la mano el servicio de Internet de Telecom. Curioso, porque la red de la empresa de comunicaciones no llegaba a esas zonas de la ciudad enclavada en el confín norte de Salta. Dos empresas prestaban el servicio con aceptable calidad. Pero hacían trampa: habían montado dos antenas con las que retransmitían la señal que le robaban a la compañía. Operaron al menos desde 2018 y ya acumulaban casi 100 usuarios, a los que les cobraban un cargo inicial por “instalación” de entre 25 y 35.000 pesos, y un abono mensual de $3000.

Tras una investigación llevada adelante por el fiscal federal Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, con la asistencia de la Gendarmería, cinco personas fueron imputadas por ejecutar la maniobra ilegal. Dos de ellas habían sido empleados de Telecom; eso les permitió adquirir los conocimientos técnicos necesarios para idear y ejecutar la estafa, además de concretar un robo tipo “hormiga” para atiborrarse de cables de fibra óptica y coaxiales, fichas y módems con los que realizaban los tendidos de su propio servicio clandestino.

Según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, hizo lugar a la imputación sobre Walter Andrés Sosa Orellana, Antonio Alejandro Villafuerte, Walter Rafael Cañamero, su pareja, Melisa Berón, y su hermano Joaquín Maximiliano Cañamero “por haber montado una empresa que proveía de manera clandestina un servicio de internet con materiales y la conexión a la red de propiedad de la prestataria Telecom”, que fue la que denunció la maniobra, en octubre pasado, al registrar flagrantes e inexplicables incrementos del consumo de la red de internet.

Sosa Orellana y Walter Cañamero, ambos empleados infieles de la firma afectada, están acusados de entorpecimiento de las telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto. Berón y Joaquín Cañamero, por entorpecimiento de telecomunicaciones en calidad de partícipes primarios, y Villafuerte, por estafa.

Villalba señaló a Sosa Orellana y Walter Cañamero como “los principales responsables e ideólogos” de la maniobra, consistente en “la creación y puesta en marcha de una empresa dispuesta para proveer el servicio de internet, de manera paralela y clandestina”.

Explicó que ambos se aprovecharon de su función en Telecom y de la formación técnica que la empresa invirtió en ambos, “pero no para brindar un mejor servicio, sino para ‘montar’ una red ilegal que funcionaba bajo la denominación de WIFINET y Orán Conecta, a través de la cual iniciaron, en 2018, una actividad comercial que se extendió hasta el 1° de marzo pasado, cuando la fiscalía solicitó una serie de allanamientos que permitieron desarticular la actividad clandestina”.

“Hemos acreditado que este servicio tuvo como destinatarios principales a los vecinos de los barrios 4 de Junio y Maravilla, en la ciudad de Orán, donde la empresa no tenía ningún tendido de red. No obstante, y valiéndose de material y equipamiento de Telecom, los acusados montaron el servicio y lo comercializaron a 96 usuarios”, detalló.

Según informó fiscales.gob.ar, el fiscal señaló que los ofrecimientos se hacían a través de Facebook y de WhatsApp. Publicitaban que “WIFINET llegaba a 19 barrios y que contaban con 200 usuarios, por lo que era necesario el pago de 25 a 35 mil pesos en concepto de instalación y un abono mensual de 3 mil pesos”.

Para poder montar la red ilegal, contrataron con Telecom la provisión de un servicio estándar que les permitió contar legalmente con cuatro módems a través del cuales obtenían la señal de internet que, luego, “reproducían desde dos domicilios, en los cuales se habían instalado antenas emisoras”, explicó Villalba.

En su dictamen, el fiscal precisó que “los módems adquiridos consumían un promedio de 600 GB por día, cuando el máximo de consumo por contrato era de 350 GB por mes, siendo este un indicador evidente del robo de la señal, la que iba a las casas de los suscriptores captados por los acusados”.

Sobre este punto, la querella agregó que también hubo una excavación de 300 metros para tender fibra óptica hasta una de las casas con antena, con lo cual entendió que los imputados tenían previsto ampliar la capacidad de servicio.

La fiscalía destacó que todo el montaje de la red se logró a partir del hurto de material y equipamiento de la propia empresa a la que le robaban la señal. “A modo hormiga, los acusados se apropiaron de dos rollos de fibra óptica, cajas de conectores y cables, routers, accesorios de empalme, bolsos de herramientas y hasta arnés de seguridad”, indicó Villalba.

Explicó además que la maniobra fue descubierta a partir de la sospecha que generó que un cliente de Telecom le hizo a conocer a esa empresa en septiembre pasado que le habían ofrecido el servicio de WIFINET, dejando a entrever que esa firma era de Telecom.

Posteriormente, se precisó que Cañamero tenía en la imagen de perfil de su cuenta de WhatsApp el logo de WIFINET, lo cual se advirtió cuando remitió a un superior un certificado médico para justificar una inasistencia laboral. Con este dato, personal del área de Fraude de Telecom pudo establecer que el número del acusado estaba asociado al servicio clandestino de fibra óptica de internet.

Villalba resaltó que este montaje ilegal derivó en una saturación de consumo de ancho de banda que causó, a su vez, “una excesiva lentitud del servicio, tanto a los clientes legales como a los que contrataron a las empresas falsas, usuarios que nunca sospecharon del ardid, pues los acusados, al momento de hacer las conexiones ilegales, lo hacían con los uniformes y vehículos de Telecom”.

“Una clara evidencia de la conducta delictiva se pudo advertir el 1 de marzo, cuando se realizaron los allanamientos, circunstancias en las que los acusados les enviaron un mensaje a sus suscriptores para informar que tenían problemas técnicos, pero que debían igualmente pagar el abono, ya que era a mes vencido, con lo cual quedó expuesto el ánimo de ambición que había en ellos”, dijo.

Explicó que en este caso hubo una afectación a un número indeterminado de personas, incluida oficinas pertenecientes al Estado nacional. “Hay algo que me parece central y es que esta empresa clandestina no tiene control. Tampoco lo hay del Estado Nacional, máxime en una zona de frontera, un hecho aún más grave que si sucediera en cualquier otro lugar del país”, especificó.

“Si alguna de las personas que son usuarias clandestinas de este servicio hubiesen cometido un delito o estarían en condiciones de hacerlo, sea de cualquier índole, serían indetectables, por lo que está en juego la seguridad informática”, añadió.