Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó al supensión del juez federal de Mendoza Walter Bento y lo acusó por mal desempeño de sus funciones por lo que decidió iniciarle un juicio político para removerlo de su cargo. El magistrado está acusado de recibir coimas a cambio de otorgarles beneficios a presos por narcotráfico y contrabando. No percibirá su sueldo mientras dure el proceso.

La votación se realizó después del mediodía, a pesar de que el plenario del Consejo de la Magistratura estaba convocado a las 9.30. Se demoró porque hubo negociaciones hasta el último minuto para llegar a conseguir los dos tercios de los votos de los consejeros presentes, indispensables para que prosperara la acusación. Sobraron los votos.

Walter Bento, el juez federal electoral que resistió dos años a pesar de sus acusaciones de corrupción

“Antes de que nos peleemos demos por finalizado esto, que ha sido de una concordia inesperada pero celebrada”, ironizó el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, al concluir el plenario, pasadas las 14, y despedir a los consejeros.

Ya fue notificada la Cámara Nacional Electorla y la Cámara Federal de Mendoza de la suspensión de Bento como juez y de la activación del jury. Es decir, ya no puede seguir firmando como juez. La suspensión implica que deja además de cobrar el sueldo. No pierde sus fueros y por eso no irá preso en este momento, a pesar de su prisión preventiva. En un plazo máximo de 180 días se tratará su caso en el jury. Si es destituido, perderá sus fueros y estará en riesgo su libertad por los cagos que enfrenta.

Todos los consejeros apoyaron el dictamen de la destitución y suspensión, incluso el juez y consejero Alberto Lugones, que planteó una disidencia parcial sobre algunos de los cargos que le hicieron al juez de Mendoza, como la falta de intimación para justificar sus bienes, la falta de declaración de un Rolex, de dos bicicletas todo terreno de competición, y por haber alquilado una limusina en Las Vegas. Lugones entendió que en todo caso no era una causal de remoción por mal desempeño, sino que a lo sumo era una decisión disciplinaria.

La suspensión y acusación a Bento fue el resultado de una negociación en la que estuvo muy activo Rosatti, que se reunió por separado y en conjunto con una representante de cada bloque instándolos a la unidad y a llegar a un consenso para avanzar con la acusación.

Anoche las reuniones terminaron a las 23 y esta mañana se mantuvieron hasta cerca de als 13, cuando comenzó el plenario. Rosatti se reunió con MiIguel Piedecasas, cosejero abogado del radicalismo; Gerónimo Ustarroz, consejero representante del Poder Ejecutivo, y con Fernada Vázquez, de lo académicos, entre otros, dijeron a LA NACION fuentes del Consejo.

La dificultad estaba en que esta mañana se llegó a la votación con tres dictámenes: uno que originalmente había realizado el consejero con mandato vencido diputado Pablo Tonelli, de Pro, que completó Miguel Piedecasas, Roxana Reyes de Juntos por el Cambio y el senador radical Alejandro Visci.

El otro dictamen era el que proponía el consejero del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, que cuestionaba el hehco de atacar la acusación a Bento con la causa penal y el tercero era el del juez Lugones, que tenía objeciones sobre algunos de los cargos que se le hacían al juez. Las conversaciones de esta mañana y las reuniones permitieron reescribir el dictamen inicial y “enriquecerlo” con las propuestas de Lugones y Taihlade.

Facilitó llegar a un consenso una acuerdo al que se había llegado y permitió votar dos concursos para cubrir seis cargos a en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital N°2 -dos cargos-, N°3, N°4, y N°5 -y dos cargos en San Martín, de donde es Lugones. Sus candidatos fueron favorecidos en las ternas que se votaron para que el Presidente eleve el nombre de su candidato para cada tribunal oral y que el Senado le de acuerdo. Asimismo, se acordó por unanimidad votar dos ternas para curbrir dos vacantes del tribunal de ejecución fiscal, donde el oficialismo estaba interesado en favorecer a sus candidatos.

Estos acuerdos fueron previos a la negociación por el caso del juez Bento, dijeron fuentes del Consejo, que señalaron que se aprovechó para “asfaltar el camino” hacia el futuro con la exploración de nuevos acuerdos para destrabar algunas cuestiones pendientes.

Fue Piedecasas quien llevó la voz cantante al explicar el dictamen de consenso sobre la suspensión y jury a Bento. Impostó la voz y leyó las acusaciones contra el juez, que van desde sus 8 procesamientos firmes por 10 delitos que son prevaricato, enriquecimiento, cohecho, desobediencia, falsedad ideológica, entre otros, hasta acciones de mal desempeño.

“Si es culpable o no debe ser esclarecido en el jury para llevar tranquilidad a la ciudadanía de que el magistrado es o no merecedor de estos reproches”, dijo Piedecasas, y recordó que el juez está embargado por 206 millones de pesos y con orden de prisión preventiva, que no se ejecuta por sus fueros como magistrado.

Además, enumeró otras razones de mal desempeño como no entregarle su celular a pedido de un juez, entorpecer la investigación mediante interferencias, el vaciar su caja fuerte y dejar un mensaje provocador en su interior para el juez que lo investigaba, y viajes y estadía en el extranjero sin justificación. El no haberse inhibido cuando correspondía y sus chats con acusados de liderar una asociación ilícita de la que está acusado de pertenecer.

“Un juez cuestionado así no pude seguir a cargo de la magistratura. Es la credibilidad de la justicia misma la que está en jugo”, dijo Piedecasas. A su término, Lugones explicó sus disidencias, pero indicó que apoyaba la suspensión y el jury. Y el kirchnerista Taihlade dejó en clara la posición de su bloque y señaló que nunca propugnaron “la impunidad de Bento ni de nadie”.

Bento es investigado desde hace dos años en el Consejo. La oposición viene insistiendo con sus destitución, pero hasta ahora se había topado con el freno del oficialismo, que apoyaba al juez federal con competencia electoral en Mendoza. Entre sus tareas estaban controlar en su jurisdicción las elecciones presidenciales nacionales que se realizan este año.

El 26 de julio próximo comenzará un juicio penal en contra de Bento por graves cargos por lo que fue procesado con sentencia firme en ocho ocasiones. Se lo acusa, principalmente, en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. De hecho, todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.