La preocupación entre los inmigrantes en Florida aumenta conforme se acerca el 1º de julio, fecha en la que entra en vigor una estricta legislación con las que se contemplan penas de cárcel y multas por transportar y contratar a indocumentados. La medida ha causado alarma y confusión entre las comunidades de trabajadores, pero también entre algunos de los legisladores republicanos que votaron a favor de ley, quienes temen por la falta de mano de obra.

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Líderes religiosos, activistas en pro de los derechos de inmigrantes y legisladores del Partido Republicano asistieron a un encuentro celebrado el lunes en la ciudad de Hialeah, Florida, organizado por la Asociación de Ministros Hispanos. Los congresistas intentaron disminuir los temores y destacaron que la ley migratoria se dirige a nuevos trabajadores inmigrantes, pero no a quienes tienen un empleo.

¿De qué trata la ley inmigratoria en Florida?

La medida S.B. 1718 firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, contempla que quien transporte a alguna persona que no pueda comprobar su estancia legal en EE.UU. enfrente una sentencia de cinco años de prisión o una multa de US$5000 por cada indocumentado. Además, exige que las empresas con al menos 25 empleados revisen el estatus de cada uno en la base de datos federal E-Verify. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones.

Aunque los puntos anteriores son parte de la nueva ley, Rick Roth, del distrito 85 en la Cámara de Representantes de Florida, dijo que la medida tiene lagunas que podrían afectar su implementación, sobre todo para que los “trabajadores temporales estén exentos” de ella. Asimismo, destacó que fue diseñada “específicamente para los empleadores y no para los empleados”. El congresista, que es agricultor de tercera generación, instó a consultar con los jefes respecto a los alcances de la legislación y describió a la medida S.B. 1718 como “una ley con fines políticos, más que una política pública”, que da más poderes al estado policial para controlar la inmigración.

El legislador reconoció el enojo de los agricultores ante la pérdida reciente de empleados. “Es muy peligroso para la agricultura. Necesitamos más trabajadores legales y esto lo empeorará”, advirtió, de acuerdo con declaraciones retomadas por NPR.

En la misma reunión a la que asistieron unas 160 personas, la congresista republicana Alina García, sumó: “Es un proyecto para meterle miedo a las personas para que no vengan al estado de Florida”.

Confusión por la ley migratoria que entrará en vigor en julio

El proyecto de ley lo presentó Ron DeSantis en febrero y fue aprobado por la Legislatura estatal hace semanas. De acuerdo con el gobernador de Florida, servirá para poder tomar medidas contra la inmigración ilegal, que ha descrito como un fracaso de la administración de Joe Biden por controlar el flujo en las fronteras.

La ley dotaría con US$12 millones el controvertido programa de vuelos de migrantes, que en la última semana ha causado enfrentamientos entre la administración de Florida y California. Además, contempla sanciones para las personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes ingresaron por la vía ilegal a EE.UU.

Con todo este contexto y lo que escucharon en la reunión del lunes, los activistas no solo se sienten “enojados”, sino también “preocupados” por las declaraciones de los congresistas. María Asunción Bilbao, coordinadora de campañas de la organización American Friends Committee (AFSC), aseguró para Univision que fue impactante presenciar que los republicanos admiten crear la ley “por motivaciones políticas y que la intención es asustar a los inmigrantes”.

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Bilbao agregó que lo “más repugnante” fue cuando los políticos sugirieron que los líderes religiosos (quienes convocaron la reunión) le digan a su gente que no se fueran de Florida porque los empleadores de la agroindustria estaban enojados. La activista puso en tela de juicio los verdaderos alcances de la ley y los dichos de los políticos con un último comentario: “Yo me pregunto, cuando tengan una luz rota en su automóvil y los pare la policía, ¿van a poder hacer algo esos pastores para sacarlos de una detención en una cárcel de la Oficina de Inmigración y Aduanas?”.

Por su parte, el representante estatal Juan Alfonso Fernández-Barquín, también republicano por el distrito 119, criticó a sus compañeros por reducir la ley a una “táctica de miedo”. En declaraciones para NBC News, afirmó que la medida “se centra en la ley y el orden y en asegurar que nuestro estado llene el espacio en el que el Gobierno federal no ha actuado”.