CÓRDOBA.- La Argentina, en el tiempo, ha tenido varias leyes de responsabilidad fiscal que apuntan a limitar la ejecución del gasto y eficientizar la percepción de ingresos, además de fijar normas de transparencia de la información, que es el aspecto de más fácil cumplimiento. Sin embargo, un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) revela que solo dos provincias, Córdoba y Entre Ríos, cumplen. El último lugar es para Chubut, que no presentó nada de lo requerido. San Luis y La Pampa no están computadas porque no adhirieron.

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Sancionada en 2004, la ley 25.917 (tiene varias modificatorias posteriores), denominada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, obliga en su artículo 7 a las provincias y a CABA a publicar en su web el presupuesto anual; las proyecciones del presupuesto plurianual; la cuenta anual de inversión (AIF); la ejecución presupuestaria trimestral; del gasto clasificado según finalidad y función y el stock de deuda pública. Todos datos que permiten auditar cómo van las cuestiones de fondo.

La ASAP monitoreó el primer trimestre de este año y solo Córdoba y Entre Ríos presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos; alcanzaron 100 puntos. Atrás, con entre 90 y 80 puntos, quedaron Catamarca, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta y Tucumán; todas presentaron el presupuesto en marcha y la mayoría la cuenta AIF a diciembre de 2022 y el stock de deuda.

A mitad de tabla -con entre 75 y 55 puntos- están CABA, Corrientes, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires. Este grupo se caracteriza por incluir datos del presupuesto en marcha y, con un semestre de rezago, la cuenta AIF.

Más atrás se encolumna Santa Cruz, que solo publicó el presupuesto para este año; lo que tiene del resto cuenta con más de un semestre de retraso. Alcanzó los 35 puntos; solo está peor Chubut que no tiene ninguno de los requisitos establecidos.

Una noción de cuánto se discute y se habla de estas leyes lo da el hecho de que entre 1992 y 2004 se aprobaron cuatro leyes fijando reglas de responsabilidad fiscal. La primera fue para enfrentar la crisis fiscal de los ‘80; una última modificación de la sancionada en 2004 fue en 2018 y se incorporó, incluso, al Consenso Fiscal firmado ese año entre Nación y provincias para exigir -además de la sistematización de datos- reglas de empleo público, deuda y gasto. Un año después empezó a flexibilizarse.

La ASAP señala que los últimos resultados comparados con los de un año atrás empeoraron; el puntaje promedio pasó de 73,9 a 73,6. Ocho distritos empeoraron. También cae la puntuación en relación con setiembre pasado, baja de 73,6 a los actuales 72,7. Seis que mejoraron su calificación, siete la mantuvieron y nueve empeoraron.

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Las diferencias positivas más significativas son las de Catamarca, Misiones y Tierra del Fuego; Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta y San Juan mantienen los mismos puntos y Santa Fe fue la provincia que mostró el mayor retroceso (-35 puntos), ya que aunque cumple habitualmente con los requisitos de presentación en tiempo y forma, en esta ocasión superó los plazos establecidos.