Siempre hemos destacado la importancia que poseen las cooperativas para el desarrollo económico y social del país. Esta unión solidaria de personas se conforma detrás de objetivos como la producción agropecuaria, la provisión de servicios públicos, el trabajo, el consumo, el crédito, la vivienda y el seguro solidario, entre otros. Encuestas recientes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) sobre cooperativas y mutuales revelan que el asociativismo es el tercer sector más valorado por la opinión pública, detrás del sector privado (tanto pequeñas como grandes empresas) y delante del sector público y las ONG.

Señalamos también que escandalosos procederes de funcionarios del Estado asociados a acciones de claro tinte político partidario desnaturalizan esa noble figura al punto de bastardearla con inconfesables fines, enriqueciendo a dirigentes a costa de la pobreza de la sociedad.

A mediados de abril se registró un cobarde ataque a la sede del diario Clarín perpetrado por un grupo de 20 encapuchados. Con la participación de una camioneta registrada a nombre de Sudamérica Transporte Cooperativa de Trabajo Limitada, cuya patente pretendieron infructuosamente ocultar, pegaron carteles intimidatorios en las inmediaciones. Esa cooperativa forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ligada a Juan Grabois, y de la Unión de Trabajadores de la Tierra. La primera viene siendo destinataria de subsidios del Estado nacional por más de 60 millones a valores constantes desde 2020, unos 243 mil dólares. Solo en 2022, las cooperativas relacionadas a la CTEP recibieron 300 millones de pesos.

Días pasados, entrevistada en LN+, la extesorera del Movimiento Evita de Quilmes, Verónica Soliz, se animó a dar detalles sobre el convenio por 19 millones de pesos entre Nación y la cooperativa Julio Roqué, que terminaron siendo 50 millones, de los cuales 30 se destinaron al financiamiento de la campaña de la esposa de Emilio Pérsico, funcionario de Desarrollo Social de la Nación, la candidata a intendente del Movimiento Evita en un enclave del peso de La Matanza, Patricia “La Colo” Cubría. Agregó también la extesorera que ella debía conseguir “facturas truchas” para justificar el envío de fondos y que los trabajadores de la cooperativa debían transferir un porcentaje de los Planes Potenciar Trabajo a la cuenta personal de los hijos de la exconcejal de Quilmes, Patricia Iribarne.

Es innumerable la cantidad de cooperativas que se han creado en la actual gestión de gobierno y que resultan beneficiarias de millonarios subsidios y programas que solo tienden a alimentarlas artificialmente. Son en realidad utilizadas de manera inescrupulosa por dirigentes que buscan sostener su militancia política, valiéndose, en algunos casos, de la vulnerabilidad de sus integrantes y, en otros, en una repudiable actitud, aprovechándolas como instrumentos para su propio financiamiento personal. La historia se repite y el kirchnerismo insiste en reivindicar su actuación como instrumento de una eficaz política de generación de empleo. Demasiadas fueron las cooperativas de trabajo creadas que terminaron envueltas en escándalos de corrupción.

Las cooperativas, al igual que cualquier otra persona jurídica privada, solo pueden ser sustentables cuando se constituyen por la libre voluntad de sus miembros y se desarrollan en la sociedad conviviendo y compitiendo, en pie de igualdad, con otras personas jurídicas, ya que se encuentran exentas del impuesto a las ganancias en tanto no poseen fin de lucro. Cuando su constitución es generada desde el Estado con el solo objetivo de volverlas destinatarias de fondos públicos se convierten en instrumentos de un condenable accionar. No son entonces más que seudocooperativas, alejadas de los valores éticos y solidarios que enorgullecen, desde hace más de 100 años al tan valioso como comprometido cooperativismo argentino.