En defensa de su honor, Sergio Schoklender demandó al Estado nacional. Reclama que borre del Registro de Reincidencia su condena a prisión perpetua por el asesinato de sus padres. Invocó también sus derechos a la dignidad y a la intimidad, atento el tiempo transcurrido desde aquella sentencia que recayó sobre sus espaldas.

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Al acudir a los tribunales por la vía de un amparo, Schoklender invocó la Constitución Nacional. Afirmó que el proceder del Registro afecta sus “derechos constitucionales” ya que todavía informa sobre aquella condena a quien pida datos penales sobre él. Eso es injusto, sostuvo. Según argumentó, se trata de “un expediente que se encuentra terminado, vencido y cuya anotación registral a todas luces caduca”.

El reclamo, que Schoklender presentó en los tribunales en representación propia ya que se recibió de abogado y psicólogo mientras cumplía la condena, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Esteban Furnari, quien trasladó el planteo a la Fiscalía del fuero, y corrió vista al Ministerio de Justicia, que respondió antes de la feria judicial de invierno.

Según explicó Schoklender, todo aquel que se presente ante el Registro de Reincidencia y pida sus antecedentes penales recibe un informe en el que consta una copia de la sentencia del ya extinto Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal “Letra P” que lo condenó a perpetua, el 12 de marzo de 1985.

Convertido luego en mano derecha de Hebe de Bonafini –relación que terminó con ambos bajo investigación por presunta defraudación al Estado en el caso “Sueños Compartidos”-, Schoklender detalló que el organismo que depende del Ministerio de Justicia aporta incluso más datos sobre él. También entrega, precisó, una copia de la resolución por la que se ordenó su libertad condicional, el 28 de noviembre de 1995, tras una década en prisión.

Consultado por LA NACION, Schoklender dijo que acudió a la Justicia ante lo que definió como un “misterioso” cambio del Registro de Reincidencia. “Normalmente, cuando pedía el certificado para algún trámite, salía sin antecedentes, como correspondía dado el tiempo transcurrido desde aquella condena. Pero misteriosamente, en los últimos meses comenzaron a aparecer otra vez todos los datos de aquel expediente”, detalló.

Shocklender indicó que no cree que la reaparición de sus antecedentes penales responda a una motivación política, a raíz de cómo se enfrentó al kirchnerismo desde que estalló el escándalo por “Sueños Compartidos”. “Creo que lo ocurrido responde a un problema del sistema informático o de desidia administrativa, pero no de voluntad política”, aclaró. “Dicho eso, me iré a la tumba preguntándome por qué a tanta gente todavía le interesa lo que pasó hace tantos años”, abundó.

Un doble parricidio que signó una época

Para el momento en que Sergio Schoklender comenzó a recuperar su libertad, habían transcurrido 14 años y medio desde que él y su hermano Pablo habían asesinado a sus padres, Mauricio y Cristina, la madrugada del 30 de mayo de 1981. Luego escondieron sus cuerpos en el baúl del Dodge Polara bordó de la familia, que quedó estacionado sobre la avenida Coronel Díaz de la ciudad de Buenos Aires.

El doble crimen fue, según se supo con los avances de la investigación, apenas el final de una historia familiar oscurísima, que incluyó ribetes perversos y hasta un intento previo de asesinar a ambos de su hermano Pablo, rociándolos con nafta mientras dormían. Meses después, él y Sergio sí lo lograron.

El hallazgo de ambos cuerpos, con signos de estrangulación, destrozados con una barra de hierro y en descomposición, marcó el inicio de un caso lleno de lagunas que perduran hasta hoy. ¿Qué ocurría entre los padres –en particular, ella- y sus hijos –en particular, Pablo-? ¿Cuál fue el rol concreto que tuvo cada hermano en los asesinatos?

Ambos intentaron huir, sin suerte. Ya detenido, Sergio se presentó como único responsable del doble homicidio, exculpó a su hermano y en 1985 lo condenaron a prisión perpetua mientras que Pablo terminó absuelto. Pero al año siguiente, la Cámara del Crimen también condenó a perpetua a Pablo, quien se había refugiado con otra identidad en Bolivia, donde sólo en 1994 lo encontró Interpol, que lo repatrió.

Un año después, Sergio Schoklender accedió a las salidas transitorias y ahondó su relación con Hebe de Bonafini, quien lo trató como a un hijo, mientras que su hermana Valeria borró su apellido y buscó rehacer su vida alejada de todo y de todos, en tanto que lo último que se supo de su hermano Pablo es que terminó por radicarse en Paraguay, donde también desechó su primer apellido y usa el de su madre: Silva.

Honor, dignidad e intimidad

Los problemas judiciales de Sergio Schoklender, en tanto, se tornaron recurrentes. Durante las últimas tres décadas fue denunciado por la presunta comisión de múltiples delitos: incumplimiento de sus deberes de asistencia a una hija, abandono de persona, apropiación ilegal de bienes, lavado de dinero, trata de personas, enriquecimiento ilícito, amenazas, extorsión, apropiación indebida de aportes de seguridad social y asociación ilícita, con suerte dispar. En el caso de “Sueños Compartidos”, el expediente recayó hace cuatro años en el Tribunal Oral Federal N° 5, pero el inicio del juicio oral sigue en el aire.

Así, mientras las defensas –y varios operadores judiciales- bregan por evitar que comience ese juicio oral, Schoklender se presentó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, petición que hasta ahora no había salido a la luz. Sostuvo que el Estado nacional exhibe “una conducta contraria a la ley de protección de datos personales” y que debe corregir la situación.

En ese sentido, Schoklender remarcó que el Código Penal establece que el registro de las condenas caduca “transcurridos diez años desde su extinción”, como es su caso. “Debe ordenarse al Registro Nacional de Reincidencia que, de manera inmediata, elimine de sus registros los testimonios mencionados -reclamó-, por cuanto su comportamiento ilegal deviene en una afectación franca y directa a mis derechos constitucionales al honor, la dignidad e intimidad”.

Al responder el reclamo de Schoklender antes de la feria judicial de invierno, el Ministerio de Justicia planteó que no corresponde al Registro de Reincidencia determinar la caducidad de los datos, sino que esa decisión depende de la autoridad judicial que, en este caso, lo condenó a perpetua. Por tanto, concluyó el Ministerio, el Registro actuó de acuerdo “a la normativa vigente en materia registral”. Por tanto, será ahora el juez Furnari quien evaluará el camino a seguir.