La falta de insumos básicos y de todo tipo, la onerosidad de los mismos por la volatilidad y el tipo de cambio. Hoy la mayoría de los insumos se comercializan a valor dólar paralelo, el agotamiento de los recursos humanos diezmados por no acceder a emolumentos razonables y finalmente la inflación. Son condiciones que ninguna de las alternativas en puja explica cabalmente, sin consignas o dogmatismos como solucionarán este grave problema que afectará generaciones enteras en nuestro país.

Uno de los efectos más perversos que tiene un proceso inflacionario es la distorsión de los precios relativos. ¿Qué significa esto? Que no existe relación entre lo que cuestan los bienes y servicios y lo que realmente valen.

Si a esta realidad le sumamos algunas decisiones gubernamentales generan que cada vez haya una mayor multiplicidad de precios de un mismo bien o servicio.

Históricamente, luego de procesos de alta inflación como el que estamos viviendo o de hiperinflación, escenario aparentemente muy cercano, el sector salud es uno de los más castigados. En virtud de que algunas regulaciones y la suba muy por encima de los precios de los insumos en su mayoría importados, por ende, las devaluaciones recurrentes, restricciones y dolarización al tipo de cambio paralelo o blue, más factores especulativos de actores con posición de negociación dominante hacen que en particular los prestadores de salud quedan siempre atrasados.

Hoy se habla con gran preocupación sobre el atraso en las tarifas de luz, agua y gas; también del transporte público. Pero todos estos sectores se compensan con subsidios que claro son distorsivos. Pero en el caso de la salud los subsidios los asumen los prestadores de salud trabajando a valores hoy infrahumanos. Y los llamamos así porque es el factor que ajusta el honorario de los médicos. De los médicos a los que aplaudimos en la pandemia de Covid-19 y a quienes necesitaremos para afrontar dificultades futuras del mismo tenor.

Si vamos a los números concretos que fundamentan la síntesis y el análisis de tan compleja situación podemos decir que la inflación acumulada del gobierno de Alberto Fernández si consideramos 46 meses transcurridos asciende a 744%, durante el gobierno de Macri 260%, CFK (2) 172% y CFK (1) 116%.

De acuerdo a un relevamiento realizado desde el año 2005 hasta el año 2020, cuando se analiza cuál fue el desempeño de los actores del sector en dicha serie histórica), observamos que la evolución de los recursos de los financiadores Obras Sociales Nacionales (OSN) y Empresas de Medicina Prepaga (EMP), crecieron 49 veces en las OSN y en las EMP (con una tendencia muy ascendente en los últimos años, a excepción de 2020).

Esa tendencia contrasta con la del incremento de los aranceles de los prestadores de salud y en nuestro caso oftalmológicos, que incrementaron cerca de 15 veces en igual periodo frente al aumento de entre 36 y 38 veces en los costos de las prestaciones. Esto representa una brecha del 153% entre aranceles y costos (2005 -2020), brecha que históricamente se extiende en cada medición y que refleja una situación financiera muy crítica para los prestadores frente a la situación de las OSN y EMP. Cabe destacar que en dicho período la inflación estuvo por encima de los aumentos de las cuotas de las EMP, con una brecha reducida pero atrasadas finalmente.

Sin embargo, puede observarse que el desfasaje con respecto a los aranceles de los prestadores además de injustificable profundiza la asimetría heredada para comenzar el análisis del período actual.

En la actualidad si comparamos solamente la dinámica inflacionaria durante el gobierno de Alberto Fernández que hasta el mes 46 es de 744%, terminará casi en tres dígitos de acuerdo a las proyecciones realizadas por diferentes especialistas, con los aumentos de aranceles que las prepagas deben trasladar a los prestadores de acuerdo a la de conformidad con lo establecido en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 - MSAL. Dichos aumentos autorizados en el mismo periodo, el gobierno de Alberto Fernández asciende a 516%. Aclarando que en muchos casos hay prepagas EMP que no han cumplido aún con la ley, no otorgando a los prestadores lo establecido en tiempo y forma.

Podemos concluir que el atraso durante el gobierno de Fernández, confrontado sólo con la inflación acumulada, asciende al 228%.

Si a esa brecha le sumamos el 153% acumulado por la falta de traslado explicado entre el 2005 y 2020, podemos arribar a la espeluznante cifra de un atraso de 381% considerando sólo el efecto inflacionario y sin considerar en este análisis las distorsiones permanentes en la variaciones de los múltiples tipos de cambio que han afectado la ecuación económica de las organizaciones de salud y su impacto con incrementos exponenciales en los costos de insumos, tecnología y servicios.

Si esto ni siquiera se pone en la mesa de debates con las prioridades necesarias por lo que la salud representa para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, la pregunta que cabe hacerse a continuación es: ¿adónde vamos?, ya que queda claro desde el sector donde estamos y como estamos.

Secretario General de Cameof