SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de la firma del acuerdo con el que el Estado nacional cedió tierras y reconoció el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, desde el espacio Consenso Bariloche indicaron que “los delitos cometidos no pueden quedar impunes” y, mucho menos, que el Gobierno “no puede premiar a quienes usaron la fuerza y la violencia” contra vecinos, turistas y trabajadores del Parque Nacional.

A través de un comunicado difundido hoy, la Mesa Consenso Bariloche -un espacio multisectorial “creado por organizaciones de vecinos, deportivas, de turismo, ambientales y económicas para visibilizar y difundir la temática del otorgamiento de grandes extensiones de tierras de uso público en los alrededores de la ciudad”- apoya las posturas expresadas por el Sindicato de Guardaparques y los trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi “en la defensa de la legalidad y la seguridad de los trabajadores y visitantes del parque así como de los vecinos de Villa Mascardi”.

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A principios de junio, luego de una reunión en la ex-Esma encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el Gobierno habilitó a cuatro mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu, detenidas hace casi ocho meses, a regresar al predio de Villa Mascardi del que fueron desalojadas en 2022.

La medida benefició a Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan -considerada la “machi” o líder espiritual mapuche-, detenidas junto a sus hijos en un operativo de fuerzas federales y provinciales el 4 de octubre del año pasado.

En ese momento, el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) rechazó el acuerdo al considerar que “constituye un antecedente deplorable al pactar conciliaciones con quienes desarrollaron actos de terrorismo, atormentando física y moralmente a personas inocentes, incluyendo a funcionarios públicos, apropiándose ilegalmente y por la fuerza de tierras del dominio público, destruyendo el ambiente y la propiedad privada”.

Asimismo, indicaron que la medida “significa un destrato hacia los legítimos pobladores y comunidades originarias de las áreas protegidas que siguen los circuitos legales de reconocimiento y autorización de uso y ocupación de la tierra, dejando demostrado que la receta de no cumplir con la ley funciona exitosamente para obtener beneficios ilegítimos, arrogándose derechos de la ley 26.160 de comunidades indígenas, sin acreditar los requisitos que la misma ley exige”.

Y agregaron: “Rechazamos todo tipo de entrega de tierras para el asentamiento de cualquier grupo que no haya sido debidamente reconocido, como lo dictaminan las leyes, para su asentamiento en territorios ubicados dentro de los Parques Nacionales”.

En la misma línea, los integrantes de Consenso Bariloche afirman: “Los trabajadores asumen la voz que debería ser la del Estado nacional, la defensa de las necesidades del conjunto de los argentinos, que empiezan por reglas de convivencia claras e iguales para todos, y un estado que las haga cumplir”.

En el comunicado, repasan que “el viernes pasado fue presentada en el Juzgado Federal de Bariloche la propuesta de conciliación elaborada entre los abogados de Parques Nacionales y las defensas de las mujeres mapuches imputadas por la usurpación en Mascardi para que, de ser homologada por el juez Villanueva, se extinga la acción penal por los delitos cometidos por este grupo que durante cinco años mantuvo la usurpación en el predio de Parques Nacionales y ejerció el control de la zona en forma ilegítima y mediante la violencia”.

En relación con la supuesta pacificación que se proponía la mesa de diálogo convocada por el presidente Alberto Fernández, desde Consenso Bariloche se preguntaron: “¿Cómo se puede pacificar sin escuchar a quienes fueron agredidos en su integridad física y en su patrimonio y premiando a los que usaron la fuerza y la violencia contra ellos?”.

Añaden que en la Justicia hay “más de 200 delitos documentados y al menos 12 causas en trámite, entre el Juzgado Federal de Bariloche, el Tribunal Oral de General Roca y la Corte Suprema de Justicia de la Nación” por los hechos ocurridos en Villa Mascardi entre noviembre de 2017 y octubre de 2022.

“Los vecinos de Bariloche y Mascardi, los trabajadores de los parques nacionales y los damnificados (querellantes de varias de esas causas) no van aceptar ninguna conciliación que convalide que es correcto incendiar propiedad ajena y agredir a turistas, vecinos y trabajadores del parque nacional”, cierran.

Los miembros de la Junta Vecinal de Villa Mascardi también habían repudiado los alcances del acuerdo y habían solicitado que los procesos judiciales en trámite “continúen sin la intervención del Poder Ejecutivo Nacional”.

En el marco del acuerdo alcanzado en la ex-Esma hace unos días, el Estado dará cesión de uso a la “machi” Betiana Colhuan “a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche”. Asimismo, se acordó que la comunidad Lafken Winkul Mapu se reubicará en otras tierras, distintas a donde se ubica el “rewe” de Villa Mascardi, sobre la ruta 40. Esa localización aún no fue definida.

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Consultado sobre ese punto por LA NACION, el jefe de Gabinete rionegrino, Pablo Zúcaro, recordó que el gobierno provincial no participó de las reuniones en Buenos Aires y no ha tenido “ningún requerimiento formal acerca de tierras”.

Zúcaro añadió que solo evaluarían sugerir opciones de lugares para que se asiente la comunidad Lafken Winkul Mapu “si se retira toda la comunidad; mientras persista el ‘rewe’ no hay posibilidad de pacificación”.