El 1º de julio entró en vigor una ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que cambió de manera significativa la vida de los inmigrantes indocumentados en el estado, dado que se establecieron penas para quienes los contraten y también para quienes los transporten en sus vehículos, incluso si son sus propios compañeros o familiares.

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Los castigos por transportar indocumentados a Florida

La normativa castiga a quienes “a sabiendas y voluntariamente” los movilicen hasta Florida (desde fuera del estado o del país). En la sección 787.07 se indica que “una persona que transporte a este estado a alguien que sepa, o deba saber, está ingresando ilegalmente a los Estados Unidos desde otro país, estará violando la ley y se enfrentará a un delito de tercer grado si no fue inspeccionada por el Gobierno Federal tras su ingreso ilegal”.

Si las autoridades los detienen por primera vez, quienes estén al volante serán castigados con un delito de tercer grado, que se sanciona con hasta cinco años de cárcel y una multa de US$5000 por persona trasladada, siempre que esta no sea menor.

En cambio, en caso de reincidencias, traslado de menores o de grupos de más de cinco personas, los implicados podrían ser condenados por un delito de segundo grado, equivalente en pena a 15 años de cárcel y una multa de US$10.000 por persona, debido a que “cada persona que transporte a este estado en violación de esta sección contará como un delito separado”.

Además, la disposición cortó la movilidad de los inmigrantes indocumentados en Florida, ya que invalidó las licencias emitidas por otros estados. Si no pueden demostrar que tenían un estatus legal cuando obtuvieron el permiso, tienen prohibido manejar cualquier automóvil. La ley no distingue entre familiares o parientes, sino que se refiere al transporte de migrantes indocumentados en general. No obstante, su terminología impacta en los traslados a través de las fronteras estatales desde otro estado o país y no dentro de Florida.

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En medio de las dudas previas a la aplicación de esta legislación, la Coalición de Inmigrantes en Florida había informado que “no es un delito transportar a una persona con estatus no regulado dentro del estado de Florida”. Según esta organización, no hay ninguna sanción si se transporta a una persona para ir al parque, supermercado o iglesia, siempre y cuando no implique el ingreso al estado con un inmigrante indocumentado.

Había una primera versión de esta ley que causó confusiones y críticas, debido a que sancionaba el transporte de indocumentados dentro del estado. No obstante, la que aprobó la Asamblea y promulgó el gobernador Ron DeSantis es distinta y castiga específicamente el transporte de indocumentados hacia el estado.

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Asimismo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) indicó que la medida HB1718 no “tipifica como delito vivir, albergar o alquilar un espacio a familiares, amigos y otras personas indocumentadas, así como ocultar, albergar o protegerse de la detección de indocumentados o el transporte de indocumentados dentro del estado de Florida”.