El presidente electo Javier Milei expresó en los últimos tiempos diferentes ideas y propuestas vinculadas con la economía. A continuación, un análisis sobre las posibilidades de que las principales ideas enunciadas se conviertan en medidas concretas luego del recambio de autoridades que habrá el 10 de diciembre.

Subir las tarifas de servicios públicos

Está entre las ideas menos mencionadas, pero es la que más fácilmente podría implementarse. A diferencia de otras iniciativas, el cambio en los esquemas de tarifas para los servicios públicos o el transporte no requieren pasar por el Congreso. Basta una resolución de las dependencias del Poder Ejecutivo: los entes reguladores en el caso de los servicios públicos, y la Secretaría de Transporte para los boletos de trenes y colectivos en el AMBA (no así el subte de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo precio depende del gobierno porteño). En algunos casos hacen falta pasos administrativos.

“En el caso de la energía eléctrica, una resolución de la Secretaría del área puede resolver un montón de temas, ajustando el precio estacional. Para el valor agregado de distribución es necesario el ente regulador, que está a tiro del Poder Ejecutivo”, explica Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. “En el caso del gas se necesitan las audiencias públicas, que pueden demorar unos meses, porque hay que dar pasos administrativos, pero también está a tiro del Ejecutivo y es algo que no depende de otras fuerzas políticas”, explica el economista.

Similar es el caso del transporte en el AMBA que está bajo jurisdicción nacional (trenes y colectivos). El tema estuvo en la campaña, cuando el oficialismo intentó instalar que la oposición quitaría los subsidios para dejar los boletos en $1100 y $700, respectivamente. En caso de avanzar con cambios en las tarifas, el Gobierno solo requeriría una resolución de la Secretaría de Transporte (en el subte, la administración porteña debe convocar antes a una audiencia pública).

Dejar a Aerolíneas Argentinas en manos de sus empleados

La línea área de bandera fue uno de los blancos en la campaña. En su propuesta de achicar el déficit de las empresas públicas, Milei sostuvo que su plan para Aerolíneas Argentinas es “dejársela a los empleados”, eliminar los subsidios del Tesoro a la firma y generar un mercado para “que venga la línea aérea que quiera venir”. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en lo que va del año Aerolíneas recibió aportes por $40.500 millones para su funcionamiento. Y el balance semestral aprobado en agosto arrojó un resultado negativo de US$48 millones.

Al tratarse de una sociedad cuyo paquete accionario es estatal, se requeriría el visto bueno del Congreso para desprenderse del activo. Pero, para concretar la idea planteada, se requeriría además otra condición. “Los trabajadores deberían conformar una cooperativa y el Estado transferirle esos recursos, para que funcione de otra forma. Sería una forma de cesión”, dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Quitar el cepo cambiario

Es uno de los objetivos sobre los que insistió Milei en campaña y también después del balotaje. Pero advirtió que antes de desarmar el cepo debe resolverse “el problema de las Leliq” y la cuestión fiscal. En términos operativos, sin embargo, desarmar la sucesión de regulaciones que fueron sumándose desde 2019 y que endurecieron paulatinamente el cepo cambiario es una tarea principalmente a cargo del Banco Central. Con diferentes resoluciones, en los últimos años se introdujeron modificaciones a las normativas, con restricciones a operaciones y con definiciones de montos y plazos para acceder a divisas o a las compras en cuotas. Para revertirlas se requieren resoluciones de la entidad, como ocurrió a fines de 2015.

El cepo actual incluye otras disposiciones financieras o impositivas, que no hacen necesario el paso por el Congreso para anularlas. La Comisión Nacional de Valores, el ente encargado de regular el mercado de capitales, dictó (y puede revertir) normativas que restringieron o limitaron las operatorias con títulos públicos y acciones, mientras que la AFIP amplió las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales en las compras de dólares o pagos con moneda extranjera.

Algo que sí requiere actividad del Congreso es eliminar el impuesto PAIS, que fue creado por la ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva, 27.541, con vigencia por cinco períodos fiscales. Es decir, para eliminar el impuesto antes de 2025, el Congreso debería hacer otra ley.

Derogar la ley de alquileres

Más allá de los anuncios o promesas de Milei, quien dijo que hay que derogar la ley de alquileres porque solo produjo daños, lo cierto es que el Poder Ejecutivo no puede eliminar ni total ni parcialmente una ley. Para la derogación es necesario el voto de ambas cámaras en el Congreso. El nuevo gobierno deberá negociar con otras fuerzas políticas si busca avanzar con la eliminación de esta ley o de cualquier otra, como la del aborto. “La facultad de sancionar leyes, en términos de establecer o derogar, es exclusiva del Congreso”, define Gil Domínguez.

Existe la herramienta del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que puede usarse con condiciones y que requiere que el Congreso valide luego lo establecido. “No hay una situación de emergencia objetiva u excepcionalidad que justifique que salteen al Congreso”, agrega el especialista.

Cerrar el Banco Central

El Banco Central se creó en 1935 como una entidad mixta con participación estatal y privada, y se nacionalizó por decreto en 1946. Hoy funciona como un organismo autárquico dentro del Estado, con funciones y alcances definidos según la ley 24.144, conocida como la Carta Orgánica. En esa norma, aprobada por el Congreso y con múltiples reformas a lo largo del tiempo, se establecen todas las atribuciones, facultades y disposiciones sobre el sistema financiero que regulan el funcionamiento del Banco Central, así como también los requisitos para la elección de las autoridades y del directorio.

El Poder Ejecutivo no puede disponer independientemente sobre el Banco Central ni sobre su cierre. Debe, para eso, recurrirse al Congreso y plantear una reforma de la Carta Orgánica, para seguir con los pasos que sigue un proyecto de ley. La última reforma se hizo en 2012, e introdujo cambios referidos al cómputo de las reservas y a la capacidad del organismo para financiar al Tesoro. En 2019, el Gobierno presentó otro proyecto para modificar la normativa que regula el funcionamiento de la entidad, pero nunca prosperó.

Vender las acciones de YPF que tiene el Estado

La petrolera YPF es una empresa cuya mayoría accionaria está en manos del Estado desde 2012, cuando el Gobierno decidió la expropiación del 51% de las acciones que hasta entonces pertenecían a la española Repsol. En ese momento, el Congreso aprobó la ley 26.741, que autorizó la operación, declaró a las acciones “de utilidad pública” y definió un régimen especial para su gestión. “Pese a ser una sociedad anónima, YPF tiene ese régimen especial y, eventualmente, para vender esas acciones se necesita aprobación legislativa o alguna ley que autorice al Ejecutivo a hacer la venta”, dice el economista Nicolás Gadano, especialista en energía.

La ley de 2012 introdujo otra complejidad: definió que el 49% de las acciones expropiadas se distribuirían entre las provincias productoras de hidrocarburos. Si bien ese traspaso nunca se concretó, una eventual venta de este capital accionario podría generar reclamos o conflictos entre Nación y las provincias.

A su vez, Gadano advierte por las consideraciones del estatuto vigente de YPF. “Es lo que condenó a Argentina en el fallo de la jueza Preska. Aun si el Gobierno consiguiera aprobación para vender las acciones, el estatuto protege a los accionistas minoritarios, y define que el comprador debería hacerle una oferta al resto de los accionistas privados, para comprar la empresa en bloque”.

Dolarizar la economía

Fue una de las banderas de la campaña de Milei, quien dijo rechazar el peso, que “es la moneda que emiten los políticos”. Su propuesta fue el reemplazo del peso por el dólar o “la moneda que elija” la población. Ahora la iniciativa parece haber quedado relegada (su principal impulsor, Emilio Ocampo, no asumirá como presidente del Banco Central); antes, había enfrentado cuestionamientos de economistas, abogados y hasta de ministros de la Corte Suprema.

En principio, la decisión requeriría la aprobación del Congreso para modificar la Carta Orgánica, que establece que el Banco Central está “facultado para emitir billetes y monedas”. Durante la convertibilidad, fue una ley, la 23.928, la normativa que dispuso el tipo de cambio fijo y el régimen de conversión.

La eventual dolarización fue cuestionada desde el punto de vista de su validez “constitucional” por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un indicio de que si el Gobierno decidiera avanzar con ese plan encontraría rechazo en la Justicia. El artículo 75 de la Constitución dice que es función del Congreso “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda” y de “hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras”.

Eliminar impuestos

Es una de las premisas en las que insiste Milei, incluso desde antes de su ingreso a la política formal. Como diputado, votó a favor de los cambios que redujeron el alcance de Ganancias, y ratificó que mantendrá el esquema. Como presidente, no podría intervenir directamente para crear, eliminar o modificar impuestos, una facultad que la Constitución le asigna al Congreso. El Poder Ejecutivo puede enviar proyectos de ley al Legislativo, donde el oficialismo no cuenta con números para habilitar el quórum y, por tanto, deberá negociar.

Tampoco podría hacerlo vía DNU. Si bien esta herramienta fue empleada casi a discreción por los sucesivos gobiernos desde 1994, la Constitución establece explícitamente que, más allá de las condiciones de excepcionalidad que lo habiliten, no son válidos para temas penales, electorales, del régimen de partidos políticos o tributarios.

Modificar la coparticipación

Es el sistema que define el reparto de la recaudación de algunos impuestos entre la Nación y las provincias. Si bien hace años es sistemáticamente criticado por Milei, pocos días atrás admitió que no podría eliminarlo desde el Poder Ejecutivo. En la reforma constitucional de 1994 se había definido que el Congreso debía sancionar una nueva ley de Coparticipación antes de 1997. Eso nunca ocurrió por la imposibilidad política: la norma requiere la aprobación de ambas cámaras y la ratificación de todas las legislaturas provinciales.

Sí se podrían introducir cambios con leyes especiales o con la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios, que modifiquen el total de recursos que ingresan (o no) en el reparto. Hoy hay un conflicto entre la Nación y los gobernadores por la reciente modificación en Ganancias, que redujo la recaudación de un impuesto clave en este régimen.

Privatizar empresas públicas

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”, dijo Milei luego de su triunfo, en una frase que remite a los dichos de Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem. Pero, al igual que con otros activos del Estado, el Ejecutivo no puede disponer sobre esos bienes, sino que se requiere la intervención del Congreso.

“Para cada privatización se necesita una ley. podría conseguir una ley de facultades delegadas, lo cual seguramente será difícil porque no tiene mayorías propias”, dice Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, al analizar el escenario político y la necesidad de “negociar” del nuevo gobierno.

Una alternativa es el envío de un proyecto de ley ‘ómnibus’ o la firma de un DNU. Vigente desde que se publica en el Boletín Oficial, un decreto de necesidad y urgencia solo cae si ambas cámaras del Congreso lo rechazan. También sigue vigente la ley de Reforma del Estado, la 23.696, que se aprobó en 1989 y que determinó el esquema jurídico y las instancias para las privatizaciones que se hicieron durante la gestión de Menem.