En 2012, fue hallado culpable de la muerte de su bebé; como tenía 17 años, le aplicaron una pena menor por ese crimen: ocho años de prisión. En 2020, en la fase más dura de la cuarentena por el coronavirus, Luis Ricardo Martínez asesinó a golpes a su padre en una vivienda de La Tablada. Esta vez no hubo reducción posible: el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza lo sentenció por homicidio agravado por el vínculo a prisión perpetua.

Los jueces Matías Mariano Deane, Raúl Fernando Elhart y Gerardo Gayol coincidieron con el pedido del fiscal Alfredo Luppino y descartaron la hipótesis de la defensa, que sostenía que Martínez, de 27 años, había actuado en legítima defensa durante una pelea con su padre.

Durante la instrucción del caso, los investigadores policiales abonaron la hipótesis de que el motivo del homicidio fue consecuencia de un reclamo de la plata del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda económica especial instrumentada por el Gobierno durante la vigencia de la pandemia por el Covid-19.

En el fallo, al que accedió la agencia de noticias Télam, el Tribunal tuvo en cuenta varios elementos, entre ellos, el testimonio de una vecina que declaró haber escuchado “dos voces, una exaltada, que reclamaba un teléfono y una clave, y hacía alusión a un suceso pasado en el que ya le habría ‘partido la cabeza’ al otro, y otra voz, suplicante, que decía que lo iban a matar”.

Según los jueces, “tanto por las voces escuchadas por la vecina como por lo informado por el experto que confeccionara la autopsia” hubo “un solo agresor que golpeó en reiteradas partes y con gran intensidad a la víctima”.

”La autopsia, dada su naturaleza objetiva y experta, contradice en un todo la excusa ensayada por Martínez en ejercicio material de su derecho de defensa”, explicaron.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2020, alrededor de las 21.30, cuando el joven arribó en una moto al domicilio de la víctima, ubicado en Charlone 232, entre Las Heras y Acevedo, de La Tablada, en La Matanza.

El fiscal Luppino determinó que luego de cenar juntos, y tras mantener, una discusión, el hijo le dio varios golpes en distintas partes del cuerpo que lo llevó a un daño neurológico severo debido a los politraumatismos, que le provocó su deceso, minutos más tarde.

Por su parte, Martínez hijo declaró que “estaba cenando pollo con su padre, quien a su arribo ya estaba alcoholizado, pasando un buen momento hasta que empezó a recriminarle decisiones de su vida y que era ‘poco hombre’, comenzando primero a empujarlo, luego rompió una puerta de madera y se abalanzó sobre él, golpeándolo, intentando en todo momento sacárselo de encima”.

El juez Deane, en su voto –al que adhirieron sus colegas–, retomó los dichos del joven sobre que “su padre tomó una parte de la puerta que había roto y le quiso pegar con la misma, defendiéndose él con su brazo”; el magistrado resaltó que eso, sin embargo, no le generó “ninguna lesión”; también destacó la contradicción del relato del imputado, que dijo que, luego de aquel embate, le provocó “la caída de su padre”, y que él aprovechó “para irse rápidamente porque estaba muy asustado”.

“Esta versión, sobre la cual se sustenta la postura absolutoria de la defensa, no viene respaldada por ninguna evidencia concreta”, afirmó el juez, quien consideró que “las agresiones que el imputado dijo haber recibido en esa ocasión no se constataron médicamente”.

“Lo que sí se ha constado en la autopsia es un considerable número de lesiones que no se corresponden ni con el intento de Martínez hijo de sacarse de encima a su agresor ni, mucho menos, con una sola caída del mismo”, explicó.

En un principio, el condenado había dicho que llegó a la casa porque la víctima no le respondía los llamados y lo encontró muerto, pero dos días después del hecho el joven declaró ante la policía que, tras cenar con su padre y de haber tomado bebidas alcohólicas, ambos comenzaron una discusión hasta que se tomaron a golpes de puño.

Antes del cambio de versión, un hermano de la víctima le comentó al propietario de la cochería que iba a realizar el servicio fúnebre que tenía “dudas” sobre la muerte de Ricardo y solicitó la intervención judicial en una causa que comenzó a ser investigada como “averiguación causales de muerte”.

En ese marco, la autopsia determinó que falleció en la madrugada del 10 de julio por un “severo daño neurológico” provocado por golpes en la cabeza, el tórax y sus brazos.

Los investigadores siempre sospecharon que el crimen había ocurrido porque la víctima no le dio el dinero (90.000 pesos) que había cobrado del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado durante la pandemia por el Gobierno.

Para entonces, ya habían tomado nota de que Martínez hijo había sido condenado en octubre de 2016 por el Tribunal Oral de Menores (TOM) N°2 porteño a 8 años de cárcel como coautor del “homicidio agravado por el vínculo” de su hijo. La madre de la víctima, que también era adolescente, recibió una pena de cuatro años.

El TOM 2 determinó que en el niño había muerto como consecuencia del “maltrato” cometido por la pareja. Pero como ambos eran menores al momento del hecho (2012), no se les aplicó el castigo máximo que prevé el Código Penal para los homicidios agravados por el vínculo y les aplicó penas menores.