El último día de 2020 fue agitado para los ejecutivos del sector privado de la salud. No por los preparativos para brindar por un año mejor después del que quedó marcado por la pandemia de Covid-19 y la cuarentena. En el Boletín Oficial se había publicado, a la madrugada, una resolución del Ministerio de Salud que autorizaba una suba de cuotas de las prepagas. Por la tarde, en un improvisado suplemento, apareció otra resolución que anuló, sin expresión de argumentos, la emitida horas antes, en la cual se había aludido al “estado crítico en que se encuentra la mayoría de los prestadores”. El insólito hecho fue parte del capítulo inicial del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y su vínculo con esta actividad, referido a un viejo y sensible tema: el aumento de los precios de los planes de salud.

Se trata de una cuestión siempre candente –más aún en tiempos de alta inflación–, en una Argentina en la que nunca llega el debate de fondo por nuevas políticas, que surjan tras una revisión de las regulaciones actuales, tras un análisis de los riesgos del sistema y de las necesidades y demandas de atención crecientes que provienen de varios factores (como las nuevas tecnologías y prácticas y el envejecimiento poblacional), y tras una evaluación de las formas de financiamiento de un modelo que hay quienes califican como “inviable” para el mediano plazo.

O, incluso, inviable ya para el corto plazo y el presente, si se tienen en cuenta hechos concretos que perjudican a los pacientes, como las demoras en los turnos, causadas, por ejemplo, por la salida de profesionales o instituciones de las cartillas o por la falta de repuestos para reparar equipos. Ese y otros problemas afectan a quienes ven, a la vez, afectados sus bolsillos por las subas de las cuotas de cada mes.

Después de aquella marcha y contramarcha de un 31 de diciembre, entre 2021 y mediados de 2022 hubo una decena de aumentos autorizados por los funcionarios. A mediados de 2022, sin información ofrecida a la población por parte del Gobierno, se dispuso un mecanismo de subas de frecuencia predeterminada y con porcentajes definidos según la evolución de un índice de costos que, modificaciones posteriores mediante, rige hasta hoy.

Hay directivos que se muestran disconformes con la forma en que fue construido el indicador que define los porcentajes de subas. Sin embargo, sí valoran que se haya instrumentado un sistema que da previsibilidad, y el hecho de que se cumpla, más allá de las apreciaciones del cómo, con lo establecido por la ley de regulación de prepagas, de 2011. Esa ley, según recordó en diálogo con LA NACION un referente de la actividad, indica que el Gobierno “autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”.

Esa valoración de la previsibilidad se quebró totalmente el domingo por la noche, cuando el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, anunció, en tono de campaña y en uno de sus videítos en la red Instagram, que se suspenderían las subas de cuotas, por 90 días, para los hogares con ingresos de hasta dos millones de pesos.

Se trata de una de las varias medidas anunciadas (de manera poco clara) en un intento por compensar los efectos de la aceleración inflacionaria que desató la devaluación oficial del día posPASO, decidida por el propio Massa. El incremento del dólar hizo que se agravaran fuertemente los problemas para conseguir insumos y materiales indispensables en las prestaciones de salud. Y no pocas entidades del sector advirtieron sobre cortes o demoras en los servicios.

“Hay subas de precios de todos los colores; un retraso en los aranceles de las prestaciones; un impacto fuerte de la devaluación en la compra de insumos que se suma a los problemas para conseguirlos. Tenemos, además, la aplicación de los últimos tramos de aumento salarial del convenio de sanidad, y ahora, la obligación de pagar el bono al personal. Y anuncian un congelamiento de cuotas; todo eso junto”, describió ante LA NACION otro directivo, para sintetizar por qué cree que la decisión inconsulta del ministro y candidato (que, claro, en ningún momento hubiera caído bien) “no podría haber sido más inoportuna”. Además, agregó, “no se puede interrumpir con un decreto el funcionamiento de la ley de prepagas”.

Tras la devaluación del 14 de agosto, varias entidades de prestaciones médicas y de prácticas de diagnóstico advirtieron sobre la aceleración de los incrementos de los precios y las dificultades para conseguir materiales críticos. “Los análisis clínicos se pueden discontinuar por la falta de insumos y reactivos, por la actualización de los precios y por el atraso en la cobranza de las prestaciones”, señaló, por ejemplo, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos. “La situación es de extrema preocupación”, apuntó en un comunicado, por su parte, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime). También la Sociedad Argentina de Patología y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, entre otras, hicieron pública su preocupación por una situación considerada “límite”, que lleva a reprogramar, según indicaron, la realización de prácticas.

Desde la asociación de clínicas y sanatorios Adecra advirtieron, además, sobre la distancia temporal que hay entre la realización de las prestaciones y los pagos que se reciben por ellas por parte de los financiadores, entre los cuales están las prepagas. Los reajustes, además, dependen en gran medida de las subas de las cuotas de los planes de salud, por lo cual se advierte que la problemática no haría más que profundizarse con el congelamiento anunciado.

“A la crisis estructural de financiamiento que las instituciones atraviesandesde hace años, producto fundamentalmente de un descalce entre costos y aranceles, se suma la problemática coyuntural, que se agravó durante los últimos días y que tiene que ver con serias dificultades para adquirir insumos clave para la atención de los pacientes, como materiales descartables y medicamentos de uso habitual”, expuso el presidente de Adecra, Jorge Cherro, en la semana posPASO.

Las prepagas emitieron, entretanto, sus facturas de septiembre, que incluyen una suba (que ya había sido comunicada) de 7,18% o de 5,58%, según se aplique o no un tope. La autorización del Gobierno para poner en marcha los aumentos surge, desde mediados del año pasado y según la regulación vigente, de la sola publicación de los índices en un sitio oficial, sin que exista casa mes una resolución o alguna otra normativa. Sí rige la obligación, por parte de las empresas o entidades, de comunicar el aumento a los afiliados con 30 días de anticipación.

El índice que define los porcentajes de las subas mensuales fue elaborado por las autoridades del área de Salud y tiene cuatro componentes. El primero incluye los costos vinculados con los recursos humanos (se consideran, específicamente, las mejoras salariales surgidas de las paritarias del personal de sanidad de clínicas privadas); el segundo involucra el valor de los medicamentos (se observa la variación de un listado de precios elaborado por las autoridades de Salud); el tercero se refiere a los costos de los insumos médicos, y el cuarto, denominado “otros insumos y gastos generales”, toma en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Cada uno de esos ítems pondera de manera diferente, y el de mayor peso (representa el 52,4%) es el de recursos humanos.

Hasta fines de 2022 el esquema funcionó con subas cada dos meses. El cambio a una frecuencia mensual no fue el único que hubo en este 2023. Desde febrero rige un esquema que determina que, si se tiene un ingreso de hasta el equivalente a seis veces el salario mínimo, puede pedirse la aplicación de un tope al porcentaje del alza. Ese techo equivale al 90% de la variación en un mes la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Desde enero de este año, el índice acumula un 78,1%. Y, para el aumento topeado (el techo rigió en algunos meses, no en todos), el nivel es de 63,8%. Eso incluye la suba ya comunicada para las cuotas de septiembre. En estas últimas horas de agosto, todavía no se conoce la letra de la normativa que formalice los anuncios que hizo Massa, por redes sociales, dos semanas después de las PASO y de la devaluación del peso.