En el compás de espera de las urnas (el espacio de tiempo entre las PASO y las elecciones generales), el “plan platita” deja más y más pesos, de esos que pierden su valor cada día, en los bolsillos y en las cuentas bancarias de millones de personas, ya sea porque cobran montos adicionales a sus ingresos habituales, ya sea porque dejan de pagar (no por decisión propia, sino por disposiciones oficiales) impuestos y contribuciones que, hasta hace pocos días nomás, eran parte de sus obligaciones con un Estado deficitario. Son rasgos de estos tiempos en los que la administración de lo público está centralmente en manos de un ministro de Economía que es, a la vez, candidato a presidente.

Definidas por muchos como una serie de decisiones riesgosas y oportunistas, las “medidas de Sergio Massa” –llamadas así insistentemente desde el oficialismo– se suceden en anuncios continuos desde fines de agosto. Comenzaron dos semanas después de que, a horas de no haber conseguido el ministro un buen resultado en las PASO, la Argentina amaneció con una devaluación de su moneda dispuesta por el Gobierno, que aceleró el ritmo del incremento de los precios.

El dato de inflación de agosto, de 12,4% mensual, 124,4% interanual y 80,2% en los primeros ocho meses del año, reflejó lo que ya estaban sintiendo los bolsillos a los que ahora se busca cargar de “platita”, con una distribución, por cierto, bastante dispar. Por citar a un grupo de la población, el poder adquisitivo de los jubilados del sistema de la Anses que no cobran bonos (por tener un haber mensual, por caso, de $140.000), fue en agosto un 21,5% más bajo que el del inicio del año.

Las medidas apuntaron mucho menos con sus beneficios a un grupo como el de esos jubilados (que siguen sin bonos) que a otros, como el de los asalariados con remuneraciones de entre algo más de $700.000 y de hasta unos $2.000.000, que son parte del 5% de los trabajadores con ingresos más altos del país cuando se considera el total, entre formales e informales, según surge de datos oficiales y tal como consignan informes de centros de estudios económicos, como el Ieral. Esas personas de la parte alta de la pirámide de ingresos dejarán de tener retenciones por Ganancias. Por la inflación, hacía falta un reajuste del piso para tributar y un alivio para todos, pero la decisión oficial es que un grupo pase, sin escalas, de pagar mucho a pagar nada, recibiendo –gracias a lo que resigna un Estado que debe administrar recursos en un país con más de 40% de su población pobre– hasta un 40% más de ingreso de bolsillo.

Qué pasará con las medidas para los bolsillos y sus efectos más allá del corto plazo es algo que dependerá de varias cuestiones.

Una de ellas es qué ocurrirá con el ritmo de la suba de precios, que determinará una menor o mayor licuación del valor de los pesos repartidos. Si el plan se financia con emisión, advierten no pocos economistas, la llegada de una inflación todavía más alta que la actual está a la vuelta de la esquina. “El lado B: + déficit fiscal, + emisión monetaria, + inflación, - ingreso para los más pobres”, expresó en la red X, como síntesis de ese pensamiento, el economista Juan Carlos Hallak, docente en la UBA e investigador en el Conicet y en el Instituto Interdisciplinario de Economia Política (IIEP), citando otro posteo sobre la aprobación de los cambios de Ganancias en Diputados, el martes por la noche.

Otra cuestión que definirá qué pasará con los bolsillos más allá de 2023 es la referida al marco normativo. Lo dispuesto es en gran medida de corto plazo. Pero, en algunos casos, se suma el envío al Congreso de proyectos de ley, cuya aprobación fijaría efectos más duraderos.

En el caso de uno de los planes con mayor alcance, el de la devolución del 21% del monto de determinadas compras pagadas con tarjeta de débito, el Gobierno buscará que haya un régimen permanente que quede establecido por ley, condicionando así a la gestión que llegue el 10 de diciembre. Lo ahora vigente incluye a empleados con remuneraciones de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), una cifra hoy equivalente a $708.000, jubilados con haberes brutos de hasta el mínimo multiplicado por seis, que desde este mes y hasta noviembre es un monto de $524.758 (para los jubilados el acceso al beneficio es más restrictivo), monotributistas y personal del servicio doméstico.

Si bien se lo anunció como un plan de devolución del IVA incluido en el precio de los bienes de la canasta básica, la resolución de la AFIP sobre el tema no menciona al impuesto más que para referirse a que el programa se llama “Compre sin IVA”, y en la práctica podrán hacerse compras en los comercios que, por el código de su actividad, quedan automáticamente incluidos (supermercados, locales de venta de alimentos, farmacias), más allá de qué productos se elijan.

Se trata, en rigor, de la ampliación de un programa que ya estaba activo, con devoluciones menos generosas, para los jubilados del haber mínimo y perceptores de la AUH. En la versión actual, el tope del reintegro mensual por persona es de $18.800, un cupo que se completa con compras por $89.524.

La modificación del impuesto a las ganancias tiene dos etapas. Por decreto, se estableció que a partir de las remuneraciones de octubre y hasta lo percibido antes de la llegada de 2024, el piso para tributar será igual al salario mínimo multiplicado por 15. Este mes eso equivale a $1.770.000, pero en octubre el monto será más alto, porque se prevé un reajuste del SMVM, que se conocerá muy probablemente el miércoles próximo. Para ese día, el Ministerio de Trabajo convocó al consejo encargado del tema. Además de dejar al margen de la carga a quienes tienen sueldos brutos de entre alrededor de $701.000 y $2.000.000, lo establecido aliviará el peso del impuesto para quienes, por tener salarios más elevados, sigan alcanzados.

La reforma por decreto no determina cambios en lo descontado por los salarios de enero a septiembre. Sin embargo, sí habrá una devolución de montos, derivada de que ya se cobró, de manera anticipada, parte del impuesto correspondiente a la cuota del aguinaldo de diciembre, que finalmente quedará exenta para quienes tengan una remuneración promedio mensual, en el segundo semestre, no mayor al equivalente a 15 SMVM según el valor que tenga variable en octubre.

La segunda etapa de la modificación del tributo es el proyecto de ley votado en Diputados, que está ahora en tramite en el Senado. Si se aprueba, en 2024 se tributará desde sueldos anuales equivalentes a 180 SMVM (un promedio mensual de 15 SMVM) en un régimen llamado del impuesto a los “Mayores ingresos” en el que ya no habrá, por ejemplo, deducciones por hijos o por gastos. Y un grupo de personas, directores de empresas por ejemplo, seguirá alcanzado por Ganancias.

Si el proyecto no se aprueba, al iniciarse 2024 el esquema de Ganancias tendría la actualización que rige por ley desde 2018. Eso implicaría que las variables que definen quiénes y cuánto pagan se reajusten, tomando como base lo vigente en el inicio de este año, en igual porcentaje que la variación del índice salarial Ripte entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2023. El piso para tributar sería, en tal caso, muy inferior a los $2.000.000.

Para los jubilados, el bono de $37.000 que liquida la Anses solo para quienes tienen el haber mínimo, de $87.460 (habrá un refuerzo de menor monto si el ingreso es de hasta $124.460), se abona este mes y se abonará en octubre y noviembre. Como es un adicional no incorporado al haber, su continuidad dependerá de una decisión política. Ya está ocurriendo, desde este mes, una quita de un refuerzo que hasta agosto se le pagó a un grupo de jubilados que tiene ingresos un poco mayores al mínimo. En un contexto de inflación como el actual, la eliminación de ese bono profundizó para miles de jubilados la pérdida de poder de compra y, además, agravó la distorsión que produce el hecho de que hay quienes cobran bonos y quienes no acceden a ellos, pese a que las subas trimestrales de los haberes según el índice de movilidad quedan una y otra vez por debajo del nivel de incrementos de precios.

También hubo un anuncio de otro bono de $15.000 para un grupo de jubilados. Pero, pese a que el anuncio fue incluido entre “las medidas de Massa”, lo dispuesto se trata de una ampliación del Programa Alimentario del PAMI, que surgió más de 30 años atrás. El plan alcanzaba solo a quienes cobraban el haber mínimo y tenían 80 años o más; ahora será para quienes perciban un haber de hasta una vez y media el mínimo (hasta $131.190) y ya no estará el requisito de la edad.

El congelamiento de cuotas de las prepagas, para el cual hay que cumplir con una serie de requisitos, regirá para los pagos a hacer en octubre, noviembre y diciembre. En enero de 2024, los afiliados que hayan accedido al beneficio se encontrarán con valores en sus facturas que habrán incorporado (sin efecto retroactivo) los aumentos que en estos meses tengan los costos del sistema de salud, según un índice elaborado por el Gobierno. Es decir, el alza será de un porcentaje significativamente más alto que el habitual, que este año se movió entre 2,36% y 8,72%. Para acordar esa medida con las prepagas, Economía dispuso una serie de medidas de alivio fiscal, por lo cual la decisión también impactará en las deficitarias cuentas públicas.

Otras medidas, como algunas de las que alcanzan a monotributistas y autónomos, suponen la suspensión por unos meses del pago de obligaciones con el fisco. Eso generará formalmente una deuda que, al menos en el caso de quienes están en el primer grupo, el Gobierno anunció que buscará que se condone por ley. Los montos de suma fija para asalariados y los bonos para perceptores de planes sociales y de la tarjeta Alimentar son otras medidas temporales, que se suman a los créditos subsidiados con fondos del sistema previsional y a otros congelamientos de precios.

El futuro de esas y de otras medidas anunciadas por un gobierno en el estribo dependerá, en alguna medida, de las decisiones de la próxima gestión, a la cual, sea de quien sea, Massa decidió complicarle la herencia a recibir.