CÓRDOBA.- La justicia federal de Córdoba está alterada por las denuncias de presunto acoso laboral y acoso sexual contra el camarista Ignacio Vélez Funes. La acumulación de presentaciones ante el gremio local llevó a que Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, elevara las denuncias al Consejo de la Magistratura. A la presentación original se sumó una ampliación ante ese organismo y se volvió a pedir su remoción, y ayer los empleados realizaron un “banderazo” ante la sede de la justicia federal.

Juan Pablo Triputti, secretario regional general del gremio desde hace diez meses, explicó a LA NACION que desde su asunción recopilaron entre 25 y 30 supuestos hechos contra el camarista que fueron volcados en las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, en las que ponen a disposición unos 100 testigos.

LA NACION se comunicó con Vélez Funes, que dijo que no haría declaraciones sobre las denuncias, “a pesar de la incomodidad personal” que le genera “la sospecha pública” que enfrenta. “Dejo dicho que este silencio de mi parte hoy no otorga o convalida ninguna acusación o versión de cargos dada en mi contra a través de la prensa u otro medio de difusión”, declaró.

Triputti, sobre las acusaciones, relató: “Hay hechos que se repiten entre varios trabajadores, la línea general son acciones y comportamientos vinculados con el abuso de autoridad, amenazas y maltrato laboral cotidiano, que resultan configurativos, asimismo, de violencia y acoso por razón de género según la OIT”. El expediente en el Consejo de la Magistratura es el 682023.

En las presentaciones, a las que accedió este diario, se da cuenta de que hay “coincidencia” en las descripciones sobre la forma de conducirse de Vélez Funes, “quien no tendría una estabilidad emocional psíquica”, dice la acusación. Sus acciones, insiste el texto, “repercuten en los empleados y empleadas que constantemente padecen de sus gritos, descalificaciones, amenazas telefónicas, ninguneos, etc., y que día a día van a trabajar a la torre de los tribunales federales de Córdoba evitando encontrarse con el magistrado”.

Por ejemplo, hay varias menciones a que, “en forma desmedida y a los gritos, obligó a una agente a levantarse de su silla para que haga la reverencia al ‘juez federal de la Nación’ (frase que utilizaría constantemente)”. El relato continúa: “La compañera judicial referida estaba embarazada, por eso no podía levantarse rápidamente de su silla, lo que demuestra el grado de violencia ejercido por el magistrado”.

Hay trabajadores que “han expresado tener miedo a ‘atender’ el teléfono de la oficina y que sea quien llame el señor Vélez Funez”, dice la denuncia. “En este sentido, un trabajador ha relatado que cada vez que suena su teléfono interno ‘se le revuelve el estómago’ por el pánico que le genera que sea el magistrado, y que en virtud de los reiterados malos tratos a su persona le ha ocasionado un deterioro físico y mental”, afirma.

Piumato participó de una protesta de los judiciales federales de Córdoba. Las denuncias se fueron sumando después de que un grupo hiciera las primeras presentaciones, por eso los hechos abarcan varios años.

En la presentación se incluye un hecho consignado como de “acoso sexual y laboral”, y se dan detalles de la mujer que lo habría sufrido. Según pudo averiguar este diario, el camarista, de 73 años, no habría realizado la capacitación en la ley Micaela que es exigida en el Poder Judicial.

En el 2021 estuvo involucrado en otro caso resonante, cuando el fiscal federal Carlos Casas Nóblega lo imputó como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto por una denuncia de 2020 presentada por el fiscal Enrique Senestrari. Primero lo sobreseyó el juez Hugo Vaca Narvaja y después confirmó la decisión la Cámara de Casación.

Vélez Funes fue, hace años, apoderado de la Democracia Cristiana, y tuvo un vínculo profesional con el exgobernador José Manuel de la Sota.

La primera decisión que deberá tomarse en el Consejo de la Magistrarura es si se deriva el caso a la Comisión de Acusación o la de Disciplina. Si va a la de Acusación, el caso puede terminar en juicio político y suspensión.