A través de un exhorto, el juez federal Ariel Lijo pidió a la justicia norteamericana el fallo por el que se condena a la Argentina por la venta de YPF y está a la espera de otra respuesta de España sobre esa operación en una causa en la que investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por presunto fraude al Estado, entre otros delitos. En el mismo expediente están involucrados los empresarios Sebastián, Matías y Enrique Eskenazi.

Lijo le pidió a la jueza Loretta Preska en un exhorto fechado el 18 de agosto la sentencia por la cual el país deberá pagar cerca de US$16.000 millones por la estatización de YPF, que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, y estuvo liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y fue aprobada por el Congreso.

Asimismo, en otro exhorto enviado a España en 2018, Lijo requirió la causa del concurso comercial de las sociedades Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U. cuyos accionistas son Petersen Inversiones España S.A.U. y Petersen Energía Inversora Holdings S.A.U. También requirió la información patrimonial y contable del grupo relacionados con su estructura societaria.

Lijo quiere además información sobre el estado de cesación de pagos que originara el concurso y la información financiera relativa a las transferencias de dinero que hicieron para comprar YPF y a la perdida de las acciones en la mencionada empresa como consecuencia del vencimiento anticipado de sus deudas financieras y la ejecución de las prendas de sus acreedores. Además, requirió información sobre la cesión de derechos litigiosos o acuerdos realizados por el grupo económico en demandas que tengan contra el Estado argentino e YPF S.A. ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Los acusados en este proceso son Cristina Kirchner, Zannini, Kiciloff, el expresidente de YPF Miguel Galuccio, Jorge Marcelo Soloaga, ex director de YPF, Cristian Girard y Alejandro Vanoli, expresidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores y los Eskenazi.

La causa se inició el 7 de agosto de 2015 por la denuncia del fallecido fiscal Federico Delgado y requirió la investigación su colega Ramiro Gonzalez. Recogió Delgado la denuncia de Mario Alejandro Cafiero, que señalaba que hubo una defraudación al Estado Nacional con la venta del 25% de las acciones de la empresa YPF, valuadas en 3635 millones de dólares, efectuada por la firma Repsol al Grupo Eskenazi.

El denunciante señaló que no se habría desembolsado dinero, sino que se pagó con el cobro de dividendos de ejercicios pasados de la petrolera, un empréstito otorgado por el propio vendedor y préstamos de diferentes entidades.

El denunciante mencionó el presunto vaciamiento que se habría hecho en YPF durante la gestión del grupo Eskenazi en el directorio de la empresa, entre 2008 y 2012, al girar dividendos a España por montos superiores a las ganancias percibidas por la sociedad, de modo que el grupo pagó la deuda mientras se descapitalizaba.

La maniobra habría contado con el apoyo del Gobierno Nacional, ya que durante la Asamblea Anual de Accionistas de YPF del 30 de abril de 2015 como socio controlante, el Estado votó en favor de otorgar indemnidades a todos los directores, síndicos y gerentes por su gestión al frente de la empresa. Cafiero denunció, además, irregularidades en el proceso de estatización de YPF, en 2012, cuando el Estado Nacional obtuvo el 51% de las acciones de la empresa que estaba en manos de Repsol.

Dijo que debido a un posible acuerdo entre funcionarios del Gobierno nacional y la familia Eskenazi no se habrían expropiado las acciones de aquellos, ni se habría llegado al acuerdo para su compra con lo que se violó una cláusula de Oferta Pública de Adquisición (OPA) asumida por la Argentina e YPF ante la Comisión de Valores de Estados Unidos al privatizarse la empresa en 1993.

Señaló además que ello le habría permitido al Grupo Eskenazi, efectuar un reclamo millonario contra el Estado Nacional y la empresa YPF ante el Juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York, tribunal actualmente a cargo de Loretta Preska por el fallecimiento de su colega.