Cristina Kirchner quedó al borde del sobreseimiento por lavado de dinero en la causa donde Lázaro Báez fue condenado a 10 años de cárcel, y esta decisión puede impactar en el desarrollo del resto de las investigaciones que involucran a la vicepresidenta, según evaluaron funcionarios judiciales que siguen de cerca estos expedientes. Sin embargo, la expresidenta podría continuar siendo investigada por lavado en el caso Hotesur y los Sauces y en la causa de los cuadernos de las coimas.

En la causa conocida como “La ruta del dinero K”, Báez y sus colaboradores fueron condenados en un juicio oral por sacar del país 65 millones de dólares, que pasaron por cuentas de Montevideo, España y Suiza, y regresaron convertidos en bonos del Tesoro. En una parte residual del expediente se investigada si Cristina Kirchner era autora, coautora o partícipe en ese lavado.

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Tras 10 años de investigación, el fiscal Guillermo Marijuan promovió el sobreseimiento de la vicepresidenta. Y lo mismo hicieron dos organismos manejados por el kirchnerismo: la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), dependencia que tiene como función central el combate del lavado de dinero.

Sin acusadores públicos (el fiscal) ni acusadores privados (los querellantes), el juez federal Sebastián Casanello probablemente sobresea el caso, dado que hay un principio que señala que sin acusación no hay juicio.

Los exfuncionarios de la UIF en la época de Cambiemos tenían una postura diferente que los actuales. Mariano Federici, extitular del organismo, había directamente pedido procesar a la vicepresidenta como testaferro de Báez y presentó un escrito en 2019 con ese objetivo antes de dejar el Gobierno: señaló 75 indicios que sostenían la relación entre los Kirchner y el titular de Austral Construcciones.

Entre los argumentos destacó los más de 300 llamados entre ellos o sus allegados, las visitas mutuas, la confusión entre los patrimonios de ambos y los negocios antieconómicos que hacían entre sí como socios, que incluían hasta que Báez le construyera un hotel a los Kirchner y no se lo cobrara. Ahora, la Asociación Civil Bases, ligada a Pro y al liberalismo, que integra Federici, se presentó ante Casanello para ser considerada querellante y evitar el sobreseimiento de Cristina Kirchner, pero es improbable que su intento prospere.

Mientras tanto, queda latente el efecto de esta decisión sobre el resto de los casos donde es investigada la vicepresidenta. La Cámara Federal -con votos de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens en diversos incidentes- construyó la idea de que los casos contra Cristina Kirchner, si bien se investigaban por separado, debían ser analizados mirándolos en conjunto y determinando cómo se interrelacionaban las pruebas de unos expedientes con las de los otros. El dictamen del fiscal Marijuan que abrió la puerta al sobreseimiento fue en otro sentido.

Cuando las causas avanzaron, si bien se vincularon e interrelacionaron, tuvieron cada una un derrotero y un resultado diferente. En el caso de Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude al Estado, al favorecer a Lázaro Báez con obras públicas, con sobreprecios y mayores costos. Estas maniobras permitieron a Báez enriquecerse.

Cuando Báez fue condenado por lavado de dinero, los jueces de la mayoría del tribunal dijeron que esa plata blanqueada provenía de estas obras públicas amañadas y de la evasión fiscal, merced al uso de facturas truchas para evadir impuestos. Cuando la Cámara de Casación revisó esta condena, la confirmó y rebajó la pena. El juez Javier Carbajo dijo que el dinero lavado por Báez provenía ambos delitos. La jueza Ángela Ledesma dijo que solo era fruto de la evasión. El juez Mariano Borinsky escribió que “era inconducente” analizar el argumento de la defensa acerca del origen de los fondos y que el lavado era un delito autónomo, más allá del hecho precedente.

No obstante, Marijuan argumentó que el voto de Ledesma y Borinsky -que calificó como “desafortunado”- desligaba el delito de la obra pública del lavado y por lo tanto cortaba el nexo entre Cristina Kirchner y la política como origen de los fondos que blanqueó Báez. Con ese argumento cerró la puerta para investigar a Cristina Kirchner por lavado de dinero.

Sin embargo, puede que no sea el final para ahondar en este delito, que es autónomo, mas allá de cual fue el delito precedente, el origen del dinero que se lava. Aun si es evasión, ya que el que evade es que el busca tributar menos por la fortuna que obtuvo.

Sucede que Cristina Kirchner también es investigada por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces. Un tribunal oral, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti y los votos de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, cerró ese caso sin ir a juicio. Fue con una construcción procedimental, sin analizar la prueba, que para el fiscal determinaba que la plata obtenida por Báez con las obras de Vialidad retornaba al patrimonio de los Kirchner en forma de alquileres de habitaciones hoteleras y de edificios, de modo de establecer un flujo de fondos permanente. La otra fuente de lavado de dinero que se analiza en este caso son los alquileres que le pagaba Cristóbal López a Cristina Kirchner, como presunto retorno por los beneficios recibidos, entre otras cosas, por evitar tributar impuestos de su firma Oil Combustibles.

Esta es la causa que quedó sobreseída, es decir cerrada. El caso es revisado ahora por los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, a quien el Frente de Todos quiere mantener en su cargo a pesar de que cumplió los 75 años. Tanto Barroetaveña como Petrone ya habrían votado por reabrir el caso. Figueroa no votó aún. Esta semana recibió el apoyo del kirchnerismo en el Senado permanecer otros cinco años en su cargo. Pero aún necesita el respaldo de los dos tercios de los votos en el recinto. En la audiencia ante los senadores, la jueza dijo que seguía deliberando su voto en la causa Hotesur y los Sauces.

Los plazos procesales establecen que los jueces debían dictar sentencia 20 día hábiles luego de la audiencia donde escucharon a las partes. Según como se cuente ese plazo venció o el 26 de diciembre o en febrero. El fiscal Mario Villar, que interviene en la Casación en este caso, está estudiando si cabe algún recurso para instar a que se dicte un fallo.

Es que el paso del tiempo sin definición es lo que afecta la acusación en este caso de lavado y beneficia a los sobreseídos. El fiscal Villar, que sostiene la reapertura, señala que el dinero proviene de la corrupción de Vialidad y de los impuestos no pagados por Oil Combustibles.

De hecho el 14 de junio los mismos jueces de Casación Barroetaveña, Petrone y Figueroa realizarán una audiencia -convocada en 2022- para analizar si revocan o no la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y si revocan o no la condena contra Ricardo Echegaray, que fue hallado culpable de permitir como titular de la AFI que Oil Combustibles perjudicara al fisco. La lógica en este fallo fue que los empresarios no habían cometido delito no pagando impuestos ni cumpliendo las moratorias que solicitaban, pero sí lo hacía el administrador de la AFIP por no velar por los intereses del Estado.

Párrafo aparte es el conflicto que se dio en esta Sala para determinar quien es el tercer juez que debe intervenir en otras incidencias del caso Oil Combustibles. Barroetaveña y Petrone son los titulares y Figueroa, como presidenta de la Cámara de Casación, este año no integra la Sala. El juez Carlos Mahiques, que está subrogando, se dice excusado en este caso.

Si el caso Hotesur y Los Sauces se reabriera, allí se podría reanalizar el delito de lavado de dinero y el impacto de los negocios cruzados de los Kirchner y los Báez, que por ahora queda en la nada tras la decisión de Marijuan.

“Algún impacto ese sobreseimiento va a tener, pero va a depender de lo que ocurra con el caso Hotesur. Hay que considerar que es de un juez de primera instancia y se tendrá que ver si hay juicio oral finalmente y que piensa el tribunal oral”, dijo un alto funcionario judicial familiarizado con estos casos.

En el escenario de la acusación del fiscal Villar, que pugna por reabrir Hotesur y Los Sauces, el lavado de dinero que recibían como retorno los Kirchner tiene como delito precedente las obras de Vialidad por un lado y los beneficios impositivos recibidos por Oil Combustibles. Y ahí se volverá a analizar la participación de los bienes de Báez en los de los Kirchner y viceversa.

En paralelo, se tramita un tercer caso contra Cristina Kirchner, el de los cuadernos de las coimas, donde está elevada a juicio oral esperando la fecha de inicio. Se preveé que lo conduzcan los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. La fiscal de juicio es Fabiana León.

El caso de los cuadernos de las coimas se inició con una investigación de LA NACION que permitió recuperar ocho manuscritos del exchofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, donde anotaba los recorridos que hacía con funcionarios para cobrar sobornos en empresas que tenían contratos con el Estado, para luego llevar ese dinero a dependencias públicas o a casas particulares como el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

Cristina Kirchner es la principal acusada, pero hay 174 imputados entre funcionarios que cobraron coimas y empresarios que las pagaron. Tanto funcionarios como empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron el cobro y el pago de coimas.

El caso de los cuadernos es independiente del resto, que están interrelacionados entre sí: cada causa se apoya en las otras y lo que ocurre en una de ellas impacta en la demás.

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En el caso de los cuadernos el lavado de dinero está presente también. En un revelador relato como “arrepentido”, el exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo contó que el secretario de Néstor y Cristina Kirchner Daniel Muñoz, dueño de una fortuna de más de 70 millones de dólares invertidos en propiedades en Nueva York y Miami y el Caribe, le confesó antes de morir que su fortuna no le pertenecía, sino que era de los Kirchner.

El caso es tan grande que se divide en varios tramos. Ahora está en la etapa en la que cada uno de los acusados está ofreciendo a sus testigos y expresando qué pruebas quieren que se realicen antes del inicio del juicio oral. Los jueces deben decidir qué prueba admiten y cuál rechazan y luego ponerle fecha a ese megaproceso, que tiene una dimensión nunca vista. Por lo pronto, por la cantidad de imputados -y sus abogados- no entran en ninguna de las salas de juicio de los tribunales. No está previsto que este juicio comience este año y no se sabe dónde se realizará.