Cristina Kirchner sumó hoy un nuevo revés en los tribunales. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Kirchner para que la Corte revise el fallo que declaró la validez de la elevación a juicio de la causa de los cuadernos de las coimas.

Ahora, a la vicepresidenta le resta acudir a la Corte mediante un recurso de queja. La decisión fue de los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Alejandro Slokar.

Esta es la segunda decisión en el día contraria a la vicepresidenta. La Cámara Federal reabrió este martes la investigación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que había sido sobreseída el 5 de junio pasado. El juez federal Sebastián Casanello la había sobreseído ya que el fiscal Guillermo Marijuan desistió de acusarla, a pesar de la nueva prueba reunida en su contra. Pero luego fue reconocida como querellante la ONG Bases Republicanas, que recurrió esa medida, lo que permitió revocar el sobreseimiento.

Tras conocerse la primera decisión adversa, Cristina Kirchner planteó en sus redes sociales que fue Mauricio Macri, sobreseído este martes por el caso del espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan, quien realidad reabrió esa causa en su contra. “Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del ‘dinero K’ y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, escribió en X.

Con el fallo de este martes, la Casación respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal Nº7, que no hizo lugar al pedido de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados en la causa, del auto de elevación a juicio y de todos los actos posteriores que son su consecuencia, que los letrados introdujeron luego de que la causa arribara a la etapa de juicio.

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La resolución fue dictada en una causa que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el juez federal Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios y empresarios acusados de organizar un sistema de recaudación de coimas para mantener los contratos con el Estado.

Esta organización, que para la acusación es una asociación ilícita, desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios de 2003 hasta noviembre del año 2015.

Este expediente en particular se formó para profundizar la investigación con respecto al sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, vinculado concretamente a las cuestiones de transporte ferroviario y fluvial.

En el octubre de este año, por decisión unánime, los camaristas de Casación habían avalado el criterio del Tribunal Oral que no admitió el recurso de casación intentado y desestimaron la presentación de la defensa. En el anterior planteo ante el Tribunal Oral y luego en Casación, los cuestionamientos de la defensa se centraron en que el ejercicio del derecho de defensa se encuentra completamente obturado, pues se desconoce cuál es la acusación concreta.

Los abogados insistieron en la invalidez de los requerimientos de elevación a juicio ya que, a su entender, no exponían una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos por los que se acusa a la vicepresidenta.

La fiscal de juicio, Fabiana León, había postulado el rechazo del planteo, al concluir que los actos procesales cuestionados han cumplido con las exigencias legales en cuanto a la “enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación”.

Asimismo, había asegurado que la defensa pudo ejercer sus funciones en el proceso. Al momento de decidir, los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, coincidieron con la fiscal León.

En esta nueva intervención, los magistrados de Casación consideraron, en consonancia con el fiscal, que el recurso extraordinario planteado por los defensores de Cristina Kirchner para que la Corte Suprema de Justicia trate la cuestión no puede ser autorizado. Principalmente por no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable a tal categoría, y porque no se alcanzó a demostrar una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia del máximo tribunal.

La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.

La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un exchofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.

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De las 159 personas imputadas había ocho detenidas al momento en que el caso fue elevado a juicio oral. Seis de esas personas recuperaron la libertad por disposición de la Cámara de Casación con la llegada del nuevo Código Procesal Penal y a pesar de que la fiscalía y el tribunal oral se opusieron. Las otras dos personas recuperaron la libertad al vencerse los plazos de prisión preventiva. Entre los liberados están Ricardo Jaime y Roberto Baratta, entre otros.

Se han decretados embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos, prohibiciones de repartir dividendos o subrogados de ganancias. Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Esos expedientes involucran 26 calificaciones jurídicas, y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.