LA NACION reveló este sábado la trama de una operación política sucia en la Argentina con nexos internacionales. ¿Su objetivo? Obligar a actores políticos a tomar decisiones contra su voluntad e, incluso, imponerles que declinaran sus candidaturas electorales. Este artículo es la segunda entrega de esa investigación, que se cerrará con una tercera y última publicación.

Los protagonistas de la operación política que se desarrolló en la Argentina durante el último año distribuyeron “brochures” con promesas de supuestas inversiones multimillonarias, pero no fueron más que carnada. El objetivo fue tender una trampa a miembros de equipos de campaña de políticos alcance nacional, provincial y municipal, según reconstruyó LA NACION.

Los supuestos representantes de esas inversiones extranjeras fueron al menos tres –una o dos argentinas, un español y uno o dos hombres que dijeron ser del Medio Oriente– que distribuyeron al menos cuatro “brochures” –dos en castellano, de seis carillas cada uno; dos en inglés, de tres y diez carillas-, redactados con lenguaje técnico, precisiones financieras y conocimientos de marketing. Los cuatro, vinculados a tres supuestos fondos de inversión con nombres de fantasía: Odyssey Security, Asherah Group y Elke-Lani Group.

El intrépido “piromaníaco” y el “loco” de la motosierra

Los “brochures”, a cuyas copias accedió LA NACION, delinearon la eventual inyección en la Argentina de US$50 millones en un proyecto de escala municipal y de US$100 millones en otro proyecto de escala nacional, fondeos que los supuestos representantes de esos fondos combinaron con promesas de aportes a las campañas presidenciales y, en el caso de ciertos políticos municipales, de pagos de fees por su colaboración.

Los cuatro “brochures” registran, sin embargo, coincidencias inquietantes que cobran otro sentido a medida que salieron a la luz los testimonios y pruebas de la operación política. El primero, que en ninguno de los cuatro documentos se menciona por su nombre y apellido a ningún accionista, ejecutivo, interlocutor o rostro visible de los supuestos grupos inversores. Tampoco incluyeron teléfonos o correos electrónicos de contacto.

El primer brochure en inglés, de tres carillas, que los presuntos representantes distribuyeron en Buenos Aires fue en representación de Odyssey Security, un supuesto fondo de inversión basado en Bruselas, Bélgica, y Londres, Inglaterra, que pretendía invertir en un proyecto inmobiliario de lujo en el conurbano bonaerense. En el partido de Tigre, precisó. Solo consignaron una página de internet que no funciona en la actualidad.

LA NACION procuró contactar a los presuntos representantes de ese supuesto grupo inversor, pero todos los intentos resultaron infructuosos. Probó con cuatro teléfonos celulares de Inglaterra, pero tres estaban fuera de servicio y nadie respondió los mensajes en el cuarto. Tampoco obtuvieron respuesta los mensajes enviados a dos casillas de correo electrónico y a una cuenta de LinkedIn.

El segundo brochure en inglés, de diez carillas, que los supuestos representantes repartieron entre los políticos de nivel municipal del conurbano bonaerense fue distinto. Incluyó ya una promesa de invertir US$50 millones en un predio en el que construirían casas de altísimo nivel, pero solo consignó el nombre del supuesto grupo inversor, Asherah Group.

Ese supuesto grupo inversor también resulta, hoy, casi inhallable en internet. Su website oficial, que había sido registrado el 24 de diciembre de 2020 junto a cientos más por una empresa especializada en la registración y activación de dominios de internet, se encuentra hoy desactivado, como también aparece caída su cuenta de LinkedIn.

También aparece desactivada la cuenta de LinkedIn de Kathleen Brewer, la única mujer que aparecía en internet vinculada al Asherah Group, que durante unas semanas figuró en otra página, Crunchbase, con un teléfono y un e-mail. LA NACION envió mensajes e intentó comunicarse con ese número durante días, pero tampoco obtuvo respuesta.

LA NACION también procuró contactar a quien dijo en Buenos Aires que representaba a ese fondo inversor. Pero no respondió los mensajes de voz que este diario dejó en su teléfono móvil, que no tenía habilitado WhatsApp, Telegram u otros servicios de mensajería.

Los otros dos brochures, en tanto, fueron escritos en español y se distribuyeron entre referentes de al menos tres de los principales equipos de campaña a nombre de un aparente grupo inversor identificado como Elke-Lani Group, con website oficial, correo electrónico y teléfonos de sus supuestas oficinas en Miami y San Juan de Puerto Rico. Pero verbalmente, además, invocaron a un grupo español llamado Inveready, que existe y que tiene una cartera de inversión superior a los 1000 millones de euros.

Los aparentes emisarios de Elke-Lani Group aventuraron la instalación en el país de una empresa que construiría viviendas sociales con tecnología 3D mucho más rápido –a un ritmo de una casa por día– y a un costo 80% más bajo que el tradicional, con la opción de levantar un barrio modelo. Todo, con una inyección de US$100 millones.

El primero de esos dos brochures en español expone algunos aparentes detalles del supuesto grupo inversor. Indicó contar con oficinas en Miami y Puerto Rico, “un equipo conformado por analistas, asesores financieros, estrategas, expertos de varios sectores y consultores independientes” y que ya habría financiado la instalación de una “microfábrica” en Finlandia, pero sin precisar el nombre de esa firma ni su locación exacta.

El segundo brochure en español, en tanto, incluyó cinco fotografías ilustrativas de tres proyectos concretos donde se habría aplicado la tecnología 3D: para la construcción de viviendas sociales en áreas rurales de México con financiamiento del Infonavit, una institución del gobierno de ese país; lo mismo en Eindhoven, Países Bajos, con financiamiento de la asociación Woonbedrijf, y la construcción de un puente 3D en Shanghái, con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural chino.

Las imágenes utilizadas, sin embargo, no corresponden a esos supuestos proyectos, según corroboró LA NACION, que las escaneó y desarrolló una búsqueda especializada en internet. Las dos de México corresponden a un proyecto que desarrolló una startup llamada Icon junto a Échale, una empresa de producción de viviendas de interés social mexicana, con el auspicio de New Story, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, Estados Unidos, sin participación del Infonavit.

Las siguientes dos imágenes, en teoría de un proyecto en Eindhoven, también corresponden a Icon, en alianza con la firma neerlandesa Bjarke Ingels Group / BIG, pero las viviendas se levantaron en un Austin, Texas, Estados Unidos, sin participación de la asociación Woonbedrijf. Y la última imagen sí corresponde a un puente en Shanghái, pero fue construido por un equipo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tsinghua, sin participación del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural chino.

Algunas de esas inconsistencias también fueron detectadas, en parte, por los interlocutores locales. Según reconstruyó LA NACION, un consultor que participó en las reuniones detectó que en internet no aparecía mencionado el supuesto grupo inversor en los proyectos citados en el brochure. Y lo planteó durante el siguiente encuentro con los supuestos ejecutivos. Los extranjeros replicaron que la participación era a través del “paraguas” de Inveready, un fondo con casa matriz en San Sebastián, España, que sí existe.

Lo que no existe hoy, según corroboró LA NACION, es ninguna vía real de comunicación con Elke-Lani Group. Los teléfonos de las oficinas en Miami y Puerto Rico, al igual que los correos electrónicos, están caídos o nadie responde, al igual que el website oficial y las páginas de sus supuestos ejecutivos en LinkedIn.

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Cuando la fachada seguía en pie, sin embargo, las promesas resultaban atrapantes. Los brochures detallaban que planeaban seguir “la misma estrategia que ha empleado con éxito en sus esfuerzos de expansión en África y Asia”. Es decir, ingresar al mercado local mediante el establecimiento de asociaciones con el gobierno municipal y alianzas con empresas constructoras argentinas para así penetrar en el sector privado. En particular, con “los responsables locales de la toma de decisiones”.

Fue a esos mismos “responsables locales de la toma de decisiones” a los que buscaron tentar con aportes de campañas, viajes a Londres, México o Nueva York, o fees para, acaso, grabarlos con cámaras ocultas, según deslizó una consultora israelí a un medio de comunicación español, en Madrid. Al menos un político municipal viajó a Manhattan, según lo admitió a LA NACION, mientras que los representantes de los equipos de campaña habrían respondido de acuerdo con la ley de financiamiento electoral.