Nicaragua está nuevamente en la mira de la comunidad internacional por la crítica situación que padecen sus habitantes, en desacuerdo con un gobierno que avanza sobre todas las instancias de representatividad y los asfixia.

El Parlamento Europeo acaba de condenar la represión continua e incesante orquestada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, contra el pueblo nicaragüense, al tiempo que lamentó el exilio forzoso que ordenó el gobierno nicaragüense contra las 222 personas que excarceló durante febrero último.

También reprobó la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos, y pidió la liberación incondicional de todos ellos, en particular la del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión tras negarse a volar a Estados Unidos. Por su parte, la alta comisionada adjunta para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, enumeró 63 detenciones arbitrarias de personas relacionadas con la Iglesia Católica, entre abril y mayo pasados, perseguidas por conspiración para atentar contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas.

No menos importante fue el reclamo para el restablecimiento del estatuto de legalidad a todas las organizaciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, medios de comunicación y asociaciones, universidades y organizaciones de derechos humanos que han sido cerrados de forma arbitraria y la petición al régimen de que devuelva todos los bienes, activos, documentos y equipos incautados.

Exhortó, asimismo, a liberar de inmediato y sin condiciones a los detenidos arbitrariamente y a restaurar los derechos de las personas privadas de su nacionalidad, y reclamó garantizar la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos, en línea con los principios de participación y transparencia, de las violaciones pasadas y presentes, para preservar el camino hacia un diálogo nacional, inclusivo y participativo.

Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), los países miembros llegaron a un acuerdo, pendiente de aprobación del plenario, para condenar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, durante una asamblea anual en la que Estados Unidos instó a que los gobiernos autoritarios rindan cuentas.

La comisión general del organismo acordó un proyecto de resolución para reclamar al régimen de Ortega que cese en la violación de los derechos humanos, respete el Estado de Derecho y se abstenga de toda forma de intimidación contra la prensa, las comunidades religiosas y las organizaciones no gubernamentales.

Resulta indispensable que la comunidad internacional no ceje en sus denuncias contra el dictador Ortega y su círculo más cercano por la represión contra la población. Solo con firmeza, presiones externas y apoyo decidido a quienes luchan por la libertad en el país será posible que Nicaragua retome el cauce democrático.