Para reconstruir los movimientos de Ivo Rojnica, conocido como El Croata y acusado de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue y de otras personas investigadas en una causa por lavado de dinero, la Justicia ordenó operativos en ocho bancos para secuestrar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad.

Así lo informó la Dirección General de Aduanas (DGA). Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, magistrado que hace diez días ordenó la detención de Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el broker Agustín Estrada Palomeque.

“La Justicia quiere identificar a las personas que entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro”, explicaron los voceros consultados.

Los procedimientos se realizan en sucursales de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Satander, Macro y Banco Corporativo (CMF) de Puerto Madero.

Según se afirmó en el expediente judicial, se verificó la posible existencia de una organización que “desarrollaría de manera ilícita las siguientes actividades financieras: recepción y entrega de dinero en efectivo, cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior, operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional”.

El lunes pasado, por orden de Villena, se hicieron allanamientos en bancos para abrir nueve cajas de seguridad vinculadas la organización de Rojnica y se secuestraron 500.000 dólares, joyas y relojes.

“Con los números de serie de los billetes secuestrados en las cajas de seguridad se podrá hacer la trazabilidad de los dólares”, explicó a LA NACION una fuente de la causa, que se encuentra en secreto de sumario.

Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que Rojnica está imputado por supuestas maniobras ilegales con el dólar a través de su financiera Nimbus Group.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al Cártel de Sinaloa y comenzó con una derivación el secuestro de 1375,89 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, que se completó con la posterior incautación de 486,28 dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad de Perdriel, en Mendoza.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, la investigación que llevó a prisión a los tres sospechosos comenzó hace cinco años tras una denuncia del FBI de los Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas (cada una de 9999 dólares) desde la Argentina hacia una banco de Houston.

“El encargado de ´buenas prácticas´ del banco de Houston que había sido agente del FBI alertó a sus excompañeros. Se decidió cerrar la cuenta que estaba a nombre de Pulenta, que había intentado explicar que el dinero correspondía al pago de turistas por una visitas a bodegas en la Argentina, pero en realidad estaban vinculadas a un fideicomiso de empresas navieras radicadas en Banfield, en Lomas de Zamora “, sostuvieron las fuentes consultas.

Tras la presentación del FBI, la investigación quedó a cargo del juez federal Villena que ordenó una serie de intervenciones telefónicas.

“Una financiera vinculada a los sospechosos tuvo intervención en el manejo de 500.000 dólares del cartel que se utilizaron para financiar la logística del tráfico de cocaína del caso Bobinas Blancas, operación que estuvo a cargo de Emmanuel Díaz, condenado por el delito de lavado de activos”, agregaron los informantes.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, a cargo del juicio por Bobinas Blancas, condenó a García a la pena de cinco años de prisión, con una multa de 8 veces el monto de las operaciones de blanqueo de dinero con criptomonedas, como “responsable del delito de lavado de activos por hechos del 28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio del 2017 por un total de 468.400 dólares”.

Según fuentes del caso, tras los allanamientos ordenados por Martínez de Georgi, los teléfonos intervenidos por Villena se “activaron”. Los sospechosos comenzaron a hablar y surgieron las pruebas que derivaron en las órdenes de detención.

“Se estableció que la financiera de Rojnica era una usina para ingresar o sacar del país dinero en forma clandestina. Ya sea dinero legal o fortunas obtenidas de negocios ilegales como el narcotráfico”, sostuvieron fuentes con acceso al expediente.

El jueves de la semana pasada, Rojnica tomó la decisión de no declarar ante el consejo de su abogado Claudio Caffarello. Al encontrarse la causa en secreto de sumario, la defensa no pudo tener acceso al expediente.