El martes 1 de agosto será un día importante para la investigación de la muerte del soldado voluntario Pablo Córdoba: la dirección de Criminalística de Gendarmería Nacional realizará en Buenos Aires una pericia en las manos de la víctima con el objetivo principal de determinar si disparó un arma de fuego.

Al mismo tiempo, en Zapala, los padres de Pablo estarán encabezando una nueva marcha para pedir el apartamiento del juez de la causa, Hugo Horacio Greca.

Greca impuso el secreto de sumario cuando Juan José Córdoba y Natalia Uribe lo recusaron por presunta parcialidad en favor del Ejército. Hasta ahora, la justicia federal cerró filas detrás del magistrado y rechazó la recusación que presentó el abogado querellante Maximiliano Orpianessi.

Es una incógnita qué sucederá el martes. La familia de Pablo quiere participar con su propio perito del análisis que se realizará en Gendarmería Nacional, pero hasta ahora Greca no les dio su aprobación.

Como todavía rige el secreto de sumario, el juez podría permitir que se lleve adelante el barrido electrónico y demás estudios sin intervención de la querella ni de la fiscalía.

Fuentes de la justicia federal  interpretaron que se trata de uno de los llamados «actos irreproducibles», es decir, que se pueden hacer una sola vez. Si la querella no tiene oportunidad de controlarlo el martes, nunca más la tendrá.

Greca ya tiene antecedentes de haber cometido errores de amateur durante la investigación. Por ejemplo, no le secuestró el teléfono a un testigo que grabó un audio importante el día del hallazgo del cuerpo de Pablo. El testigo, un soldado, lo borró.

Quedó una copia del audio en un pendrive, pero investigadores provinciales de Homicidios señalaron que la práctica es secuestrar el teléfono porque puede haber más información.

Lo mismo sucede con un video, que un soldado negó haber filmado la madrugada del hallazgo del soldado y que luego resultó que sí existe. Allí se ven vehículos que debieron ser investigados.

Malestar de la familia con el juez

Hugo Horacio Greca (a la derecha), el día que juró como juez federal. (Gentileza)

El juez tiene asiento de funciones en Roca, Río Negro, y subroga el juzgado de Zapala, Neuquén. A su vez el juez de Neuquén subroga el juzgado de Bariloche, que pertenece a Río Negro. Curiosidades de la justicia federal.

En los dos meses que lleva la investigación, Greca viajó una sola vez a la ciudad escenario de los hechos, distante 215 kilómetros de su despacho.

La familia de Pablo Córdoba ha dicho que esperaba otro trato por parte del magistrado, quien no les ha manifestado empatía y en una ocasión interrogó a Juan José Córdoba «como si fuera un delincuente», describió Natalia.

Los contactos con el Ejército

También perdió la confianza en el juez cuando supo, a través del general de brigada Hugo Tabbia, que tiene diálogo con personal del Ejército, al que le anticipó sus movimientos, le entregó una copia del expediente y le informó que está a su disposición. Un video, publicado por este medio, resulta reveladora de esa promiscuidad.

La desconfianza se traslada ahora al resultado que podría arrojar la pericia en las manos del soldado. Greca se la encargó a Gendarmería, una fuerza con la que siente particular afinidad, que la realizará dos meses después porque le asignó turno por orden de llegada, sin ninguna prioridad.

Para el juez la causa sigue caratulada como muerte dudosa. La familia afirma que fue un homicidio, porque Pablo no se pudo suicidar de dos disparos en distintos lugares de la cabeza.

La posible manipulación

Es probable que la pericia encuentre restos de pólvora en las manos del soldado voluntario, pero a esta altura ese resultado -que se conocerá dentro de 30 a 45 días- es más que relativo.

Los testigos se contradicen entre sí respecto de la posición del fusil: una sargento enfermera afirma que lo tenía sobre el pecho, el soldado que lo encontró dice que estaba a 90 centímetros. Tampoco coinciden respecto de si tenía puesto chaleco o no.

Y otro dato curioso es que el cargador del FAL estaba fuera del arma, y faltaban cartuchos que fueron apareciendo en días sucesivos, en rastrillajes posteriores. ¿Quién puede afirmar que no existió manipulación?

Juan José, que sabe de armas por su grado de suboficial principal, asegura que el cargador no se sale fácilmente del fusil.

Por otra parte, la autopsia no dice de qué calibre son los proyectiles que atravesaron la cabeza de Pablo, y los plomos no fueron recuperados.

Con un juez sobre el que arrecian las críticas pero blindado por sus superiores, y que está en plena campaña para ascender a camarista, una querella sin posibilidades de producir prueba, una fiscalía que no ha dado señales de actividad, un Ejército que realiza una investigación paralela, las posibilidades de saber la verdad parecen depender de un cambio firme de rumbo que rescate lo que aún se puede rescatar.