SANTA FE.- Avanza la investigación por una estafa de un tradicional grupo inmobiliario que conmociona a Rafaela, en el oeste santafecino. Los ocho integrantes del Grupo Spaggiari, surgido de una tradicional familia rafaelina que comenzó dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero que luego se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos del ramo para finalmente dedicarse a las operaciones financieras en moneda extranjera, fueron imputados este miércoles de los delitos de asociación ilícita y estafas.

La medida, esperada por los profesionales que asisten a los imputados, responde al requerimiento del fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela, 100 kilómetros al oeste de esta capital, Guillermo Loyola, quien desde hace un tiempo investiga lo que en la jerga judicial se denomina una “estafa piramidal”.

Durante la audiencia concretada ayer a la tarde, el fiscal anunció que hasta el momento son 76 los denunciantes dentro de la causa, a las que se agregarán, al menos, otras 25 que se formalizaron en la presente jornada. No obstante, trascendió que habría alrededor de un millar de personas perjudicadas por la maniobra.

Tras las diligencias de ayer, se espera que hoy se fije día y horario de la audiencia donde se anunciarán las medidas cautelares. Es decir, si los involucrados continúan en prisión o recuperan su libertad.

Informes a los que tuvo acceso LA NACION, indicaron que probablemente esta nueva instancia se concrete el próximo sábado, en horario a confirmar.

En la audiencia de ayer, los 8 detenidos el lunes, en diversos allanamientos ordenados por el fiscal del caso, escucharon la descripción de la imputación, que se corresponden con los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.

En el caso de la asociación ilícita, son dos jefes imputados, en tanto los seis restantes estarían en calidad de miembros de dicha asociación, al ser considerados como partícipes necesarios de las estafas. Esta imputación es considerada de gravedad en medios tribunalicios, lo que hace suponer que por el momento todos los involucrados en la causa permanecerían en calidad de detenidos.

Un dato nuevo, que se conoció al término de la audiencia de ayer, es que de acuerdo con las primeras 65 denuncias, la estafa rondaría en una suma cercana a los U$S 13.500.000. Pero dicha cifra será mayor cuando se certifiquen las nuevas denuncias que se fueron presentando ante la fiscalía.

De allí que, como anticipó LA NACION, se presume que la defraudación total superaría los U$S 20 millones. Por este motivo, se solicitó una ampliación del plazo para la audiencia donde se resolverá la situación de los involucrados, ya que, las nuevas denuncias deben ser analizadas y verificadas.

El escándalo sacudió a una de las ciudades más grandes de Santa Fe

El caso trascendió a la opinión pública el lunes cuando la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de allanamientos y procedió a la detención de 8 personas: dos hermanos, la madre de ambos, una prima de aquellos –todos de apellido Spaggiari- además de 4 empleados de la firma investigada (una mujer y tres hombres).

Los detenidos están considerados judicialmente, en mayor o menor grado, incursos en delitos de estafa fraudulenta y asociación Ilícita. No obstante, si se determina la existencia también de delitos de lavado de activos, la causa podría pasar al fuero federal.

Al caer la tarde, se indicó que todos los hombres detenidos permanecerán por ahora alojados en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela. Las mujeres, entre ellas la de 70 años, madre de los dos hombres que figuran como responsables de la firma, pasarán los próximos días en una sede de la Policía de la Mujer.

El caso sigue atrapando la atención de Rafaela y la zona, ya que, muchos de los ahorristas perjudicados viven en esta ciudad o en Sunchales y otros pueblos de la zona.

Si bien en principio se habló de más de un millar de damnificados por la estafa, se estima que un número importante de esos ahorristas evitaría la denuncia por razones relacionadas con el origen de dichos fondos depositados en la empresa de la familia Spaggiari.

Como se informó, los problemas financieros para los administradores de dichos fondos comenzaron en noviembre de 2022. Desde entonces se anunciaron prórrogas al reintegro del dinero, por presuntas dificultades financieras de la propia inmobiliaria. Si bien, “les prometían garantías de que su dinero sería reintegrado, los montos eran muy grandes y la devolución era casi una utopía”, se filtró entre los investigadores.

Por otra parte, aunque el grupo tendría un importante capital en bienes, como desarrollos de unidades habitacionales, ante un panorama donde las prórrogas se volvían recurrentes. Muchos acreedores comenzaron a pedir el retorno de sus inversiones, con el gran inconveniente de que la liquidez para responder a esas solicitudes no estaba disponible.