Si Axel Kicillof describió a fin de 2019 como “tierra arrasada” la herencia económica de Mauricio Macri, seguramente Javier Milei utilizará adjetivos aún más dramáticos para calificar el legado del gobierno del Frente de Todos cuando dentro de ocho días asuma la presidencia de la Nación.

Tres días después el Indec difundirá el índice de precios de noviembre que, según las estimaciones privadas, tiene un piso de 12% y con otro repunte en diciembre cerrará 2023 con una suba cercana al 200%. Así, la gestión de Alberto Fernández-Martín Guzmán-Sergio Massa -Miguel Pesce quedará en la historia con una inflación acumulada de cuatro dígitos, en torno de 1000%.

Por lo pronto, el presidente electo ya abrió anticipadamente el paraguas para advertir que no hay soluciones mágicas y vienen tiempos difíciles, porque la estanflación formará parte del cuadro económico del año entrante mientras se corrigen groseros desbarajustes macroeconómicos y eliminan innumerables regulaciones microeconómicas. Aunque Cristina Kirchner alertó en su insólito video ambulante sobre una “catástrofe social”, se trata del fenómeno que viene padeciendo la Argentina con el PBI por habitante estancado desde hace más de una década, la actual inflación récord en 32 años, caída del salario real y casi nula creación neta de empleo privado formal.

“Los más de diez años de estanflación constituyen una prueba irrefutable del agotamiento del ‘modelo’(.) de expansión del gasto público como vector de ‘crecimiento’ que, enfrentado a la imposibilidad de financiamiento, ha derivado en múltiples y nocivos ‘efectos colaterales’”; desde los cepos cambiarios y al comercio exterior hasta la emisión de pesos cada vez más descontrolada. El balotaje del 19 de noviembre certificó que este modelo no sólo se había agotado en términos económicos, sino también en su dimensión política”, diagnostica el economista Jorge Vasconcelos en un artículo publicado por el IERAL, de la Fundación Mediterránea.

También sostiene que, lejos de una “escribanía”, ahora el Congreso será un archipiélago de bancadas y la dinámica de estos días muestra que la búsqueda de gobernabilidad está reseteando algunas de las ideas fuerza del presidente electo (dolarización). Y como la Argentina ha ingresado a un escenario no lineal, en que “un poco más” de déficit fiscal lleva a “mucha más” inflación, para quebrar esta dinámica se necesita un presupuesto equilibrado para 2024, no tan sencillo de ejecutar. “El incentivo del lado de la política está en que sólo bajo ese escenario será posible esperar para la segunda parte del año un descenso nítido de la tasa de inflación y un rebote del nivel de actividad”, añade.

Esta tarea resulta decididamente desafiante. No sólo se prevén podas en el gasto público (no social), subsidios tarifarios, exenciones tributarias, transferencias discrecionales a provincias, y una reforma del Estado , sino un salto del tipo de cambio oficial y probable desdoblamiento cambiario. Pero puede ser quijotesca en función de la crítica herencia macroeconómica a recibir.

En una reciente charla privada, el economista Miguel Ángel Broda precisó que nunca en la historia argentina hubo un déficit del sector público consolidado y un déficit en cuenta corriente como los 17 puntos del PBI que se registran este año. Los récords anteriores en “déficits gemelos” habían sido de 15,5% en el “mal llamado Rodrigazo” de 1975 (herencia de las políticas de Gelbard y Gómez Morales) y de 16,2% en la hiperinflación de Raúl Alfonsín.

Hay reservas brutas por US$21.600 millones en el Banco Central con el swap de China, pero las “no mangadas” son de US$10.800 millones. “No tenemos a nadie que nos preste y esto no se arregla con artimañas financieras. Si se computan el déficit fiscal; el déficit cuasifiscal (BCRA); los intereses de la deuda doméstica y de la deuda externa con sus respectivos vencimientos, nunca tuvimos nada parecido en ningún momento de las tres grandes crisis”, agregó.

El sistema financiero es, básicamente, un intermediario entre el depositante y el Estado. Del activo de los bancos, excluyendo inmuebles, casi 80% está en títulos del Tesoro y del BCRA. “En Latinoamérica -agregó-, el promedio de crédito al sector privado es de 53/55% y en la Argentina, de 7%”.

En un contexto de atraso de precios relativos hay inflación reprimida. “El tipo de cambio real multilateral se ubica 26% por debajo del promedio histórico; o sea que, en $360, el peso está apreciado en 36 %. Tenemos casi el tipo de cambio real de enero de 1999, cuando devaluó Brasil, que equivalía a $352 en pesos de hoy. Con relación a diciembre de 2015 la apreciación es de 48%”.

En tarifas, 70% de la población paga el 10% del costo de la energía y menos del 10% del costo de transporte en la CABA. Muchos costos están dolarizados y, obviamente, habrá una devaluación. Pero, además, hay una serie de precios dentro de cada canasta (Precios Justos, Cuidados, etc.) que van a converger hacia la tasa de inflación.

De hecho, este proceso se aceleró después de las PASO tras el aislado salto cambiario de 22%. El ticket de compra de la canasta fija de 30 productos que monitorea esta columna en la misma sucursal de una cadena de supermercados, tuvo un incremento de 67%, al pasar de $38.900 a $65.000 entre fines de julio y de noviembre. En los últimos 11 meses la suba acumulada fue de 189% con aumentos muy superiores en 20 rubros. Entre ellos, una gaseosa de primera marca (382% y 414%); azúcar (425%); fideos guiseros (382%); yerba mate (272%); detergente cremoso (325%); lomo premium (232%); jamón cocido (234%); zapallitos (422%); pimientos rojos (567%); papas (233%) y berenjenas (472%).

Como consecuencia, el fallido intento de Massa de disimular los efectos de la aceleración inflacionaria con el “plan platita 3″ acentuó el deterioro real de ingresos que venía de arrastre. Según la Fundación Capital, desde 2017 el salario registrado cayó 29,5% y, el informal, 45% en términos reales. La AUH tuvo un retroceso de 35,2% real en su poder de compra, en tanto que para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, la baja fue de 28,3% desde su creación en 2020. A su vez, los ingresos reales de los jubilados acumulan en seis años una contracción de 30,6%, acotada a 16% en los haberes mínimos por los bonos de suma fija otorgados desde septiembre de 2022.

Desde el punto de vista estructural, un informe de IDESA sostiene que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no es tal, sino un régimen general, porque en su interior hay regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro. En paralelo y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones. Para la entidad, el sistema no necesita ajuste sino un reordenamiento, ya que si se mantienen las actuales reglas el gasto previsional pasará de 7,2% del PBI en 2023, a 7,5% en 2035 y a 8,5% en 2045. Su propuesta es respetar los derechos adquiridos, mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) en vez de ampliar moratorias; revisar el régimen de pensiones para convivientes; un mecanismo gradual para que regímenes especiales converjan a reglas generales y contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica. Nada fácil en una sociedad donde todos están de acuerdo con los cambios, mientras no les toquen a cada uno.