A punto de cumplir dos meses en la Presidencia de la Nación, Javier Milei sufrió una categórica derrota política que le costó la caída de la ley que contenía el marco jurídico para encarar una ambiciosa reforma con el objetivo de reconfigurar el esquema de reglas que rigen casi todas las actividades de la población.

La estrategia del gobierno para conseguir la sanción de su ley fundacional en el Congreso fracasó en la última instancia de la Cámara de Diputados. La reacción de Milei ante la derrota incluyó una declaración de guerra contra los gobernadores, a los que responsabilizó por el fracaso de su estrategia, y la amenaza de ignorar al Congreso en la gestión del Estado de acá en adelante. De cumplir lo que anunció desde Israel, Milei le daría un giro al gobierno desde la democracia hacia el totalitarismo.

Además de insultar a los radicales y acusar de ladrones a todos los políticos que no le responden, el presidente avisó que prescindirá del Congreso para gobernar. Ese camino sale de los límites de la democracia, que contempla el funcionamiento del Congreso con la relación de fuerzas definida en las elecciones.

El sistema democrático no prevé que el Ejecutivo anule al Legislativo cuando no lo favorece la correlación de fuerzas. Sólo le da el veto como herramienta para evitar la vigencia de leyes que considere inconvenientes.

La supresión del Congreso conlleva el abandono de la democracia. Milei amenazó con hacerlo, hay que ver si cumple. El problema del presidente es que carece de volumen legislativo propio para gobernar a su antojo.

Para agrandar su fuerza legislativa tiene que sumar legisladores ajenos a su partido, que cuenta con 38 diputados sobre 257 y ocho senadores sobre 72, pero en lugar de eso eligió desconocer la legitimidad de sus opositores, aunque hayan sido ungidos por el pueblo al igual que él.

El mismo planteo hizo frente a los gobernadores, a quienes, además, trató de ladrones. El argumento de Milei para exigir el alineamiento de los jefes provinciales con sus políticas es que el triunfo en el balotaje le dio legitimidad para llevar adelante su plan a la vez que obliga al resto de la política a seguirlo. En su razonamiento, el presidente desconoce que los gobernadores y los legisladores cuentan con la misma legitimidad para decidir el sentido de sus acciones.

Milei llegó a la presidencia sin que su partido ganara ninguna gobernación. En las elecciones generales para la Presidencia, que también definieron la distribución de las bancas entre las fuerzas políticas, sumó el 30% de los votos, con lo cual La Libertad Avanza conformó bloques escuálidos para imponerse en las pujas legislativas sin negociar con otras fuerzas para conseguir los votos que necesita la aprobación de las leyes.

Con esa debilidad legislativa, Milei decidió avanzar con un plan que no deja sector sin impactar sin ninguna estrategia para sumar la cantidad de legisladores que le faltan para sacar sus leyes más que someter al escarnio publico a todo el que no le responda.

En dos meses, acusó a los legisladores dialoguistas de coimeros, aseguró que grupos económicos pagaban con bolsas de plata a los legisladores para que defiendan sus intereses y hasta armó una lista negra con los diputados que se opusieron a alguno de los artículos de su ley.