Después de nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, en el sur de México, un grupo de ocho militares vinculados con el caso fueron detenidos y se encuentran en una prisión militar a la espera de que una jueza civil determine si se les abre un proceso penal.

Según explicó un mando del Ejército a la agencia AP, la detención de los uniformados -que siguen en actividad- fue a solicitud de la Fiscalía federal, que en septiembre del año pasado emitió órdenes de captura contra 16 militares y poco después las retiró “sin dar ninguna explicación”. Esa situación derivó en la renuncia del fiscal y en una fuerte condena por parte de los expertos internacionales que acompañan las pesquisas y el equipo de abogados de las víctimas (Centro Prodh), que consideró que era una decisión arbitraria debido a “una intromisión ilegal” en las investigaciones.

Esas órdenes de captura fueron reactivadas pero solo se ha detenido a ocho miembros del Ejército mexicano, acusados por la Fiscalía de desaparición forzada. Con esta novedad, la jueza que lleva la causa deberá decidir en los próximos días.

“Hasta que se cumplan todas las órdenes y hasta que se les dicte formal prisión, sabremos si esto va en serio”, indicó el abogado. Si la Fiscalía logra enjuiciarles, se abriría una nueva posibilidad de avanzar en la justicia, agregó el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre.

México: exoneran a quien era alcalde de Iguala cuando desaparecieron 43 estudiantes

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado. A casi diez años de lo ocurrido, se desconoce el destino final de los jóvenes aunque se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.

De acuerdo a la fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron en los hechos y presuntamente también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción a la justicia.

Cuatro militares están procesados por el caso pero los abogados de las víctimas y los expertos internacionales que colaboran con la investigación bajo mandato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevan años denunciando que hay más implicados dentro de las Fuerzas Armadas, un área a la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dado cada vez más poder en los últimos años.

El grupo de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció hace tres meses que el Ejército seguía ocultando información y evidencias clave para esclarecer lo ocurrido. Su mandato concluye a finales de julio y no está claro todavía si se ampliará, como se ha hecho en el pasado.

El móvil del ataque a los estudiantes sigue sin estar claro pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.

Las numerosas irregularidades registradas en la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hicieron que muchas acusaciones se cayeran por violaciones al debido proceso y que algunos de los implicados quedaran libres. Uno de los últimos en ser exonerado -aunque sigue en la cárcel por otros delitos- fue el por entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

El involucrado de mayor rango que está en prisión es el entonces procurador general Jesús Murillo Karam que está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia al ser considerado por la actual Fiscalía como quien inventó la versión oficial del anterior gobierno para encubrir la verdad.