Hace tiempo que el estado de la educación de los chicos argentinos es un tema clave de discusión entre distintos sectores políticos y sociales. Por ejemplo, un informe reciente puso el foco en el incumplimiento de las jurisdicciones de los días de clases planificados para este ciclo lectivo como consecuencia de los paros docentes. En esa línea, a finales del mes pasado, la red de Padres Organizados, que surgió durante la pandemia para reclamar por la presencialidad, realizó una presentación ante la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para reclamar por la pérdida de días de clases a nivel nacional y por la inacción de las diferentes autoridades educativas.

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La organización solicitó a Marisa Graham, titular de la Defensoría desde febrero de 2020, que, junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, articule la creación de “un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de niñas, niños y adolescentes afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos”.

LA NACIÓN entrevistó a Graham, que respondió a Padres Organizados mediante una nota en la que explicó que la Defensoría “da seguimiento especial al tema de los días de clase” y recordó que en octubre del año pasado se publicó el Pronunciamiento N°13, en el que se observaba que la cantidad de días establecidos para ese año por el Consejo Federal de Educación seguía siendo menor que el promedio de los países de la región.

Graham, abogada especialista en derecho de familia, enfocó su carrera en derechos humanos, en particular, los de los niños y adolescentes y los de sus familias. Es profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ocupó varios cargos en los gobiernos de la Provincia, la ciudad y la Nación.

El 28 de febrero de 2020, luego de haber atravesado un concurso de oposición y antecedentes que comenzó en 2017, la defensora juró ante el Senado de la Nación por un período renovable de cinco años.

–¿Qué es la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y cuáles son sus tareas?

–Es un organismo de derechos humanos autónomo, autárquico, independiente y federal que fue creado por la ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2005, que es la norma que regula la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional para proteger a ese tercio de la población mundial que son las infancias y las adolescencias. Es como la Defensoría del Pueblo, pero del pueblo infantil y con más funciones. Es una institución que se creó tardíamente. La selección de un defensor comenzó en 2018 y recién en febrero de 2020 juré en el Senado como defensora.

–¿Y por qué tardo tanto esa designación?

–No podría decírtelo. Así como tampoco por qué seguimos teniendo vacante el Defensor del Pueblo. La diferencia es que la Defensoría del Pueblo ya existía. Esta Defensoría la armamos de cero, nacimos con la pandemia. El primer desafío era fundar una institución nueva, con muy pocos ejemplos, que no sustituyera a tantos organismos ya existentes que ya defienden o debieran defender a los niños. Nosotros no somos ni Poder Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial ni el Ministerio Público Fiscal. El único ejemplo que teníamos era el de cinco provincias que ya contaban con defensorías: Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y Misiones. A nadie le gusta que lo controlen, entonces son organismos un poco resistidos.

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–¿Cuáles considera que hoy son los principales problemas de la niñez en la Argentina?

–El peor problema, el más grave, es la pobreza y la indigencia entre los niños, las niñas y los adolescentes. Es un problema histórico porque somos un país relativamente pobre y esa pobreza siempre afecta a los más chiquitos, porque si hay falta de trabajo en los adultos impacta en sus hijos, hijas o hijes (sic) o si hay trabajo infantil, se toman niños para recolección de frutos rojos o para el desflore de maíz. En la Argentina, nunca pudimos perforar el piso del 36,6% de pobreza entre los niños, que fue en 2013 y producto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), hoy de $13.864. La indigencia, en cambio, sí baja bastante, porque trabajamos mucho, sobre todo durante la pandemia cuando los ingresos se pararon, para que la AUH cubriera a más chicos porque es un derecho, no un plan, el derecho a la seguridad social. Los chicos no tienen la culpa de que sus papás o mamás no tengan empleo. Trabajamos mucho para que la Anses levantara cuestiones que limitaban ese derecho. El más importante fue el tema de las condicionalidades: cumplir con educación y salud. Lo que logramos fue que se sigan cumpliendo esas condicionalidades porque son importantes, pero que no haga que se caiga el derecho por negligencia de los adultos. Además, cambió algo importante: ahora es la escuela la que reporta que el chico vaya o no y no los padres.

–¿Le parece que la crisis educativa está dentro de los problemas que afectan a la niñez hoy?

–El derecho a la educación es un problema que se agudizó con la pandemia y que, además, puso negro sobre blanco algunos déficits de la escuela. Y también, por otro lado, la escuela, como el único bastión que queda durante grandes crisis. La escuela es el lazo social para los chicos y también, muchas veces, la primera alerta de niños y niñas víctimas de violencias y abusos, el otro de los grandes temas que ocupa a esta defensoría. Durante la pandemia se cerró ese factor de protección y tuvimos que pensar qué hacer, sobre todo al principio cuando no sabíamos nada, porque había que lidiar entre muchas posiciones. Algunos padres querían abrir las escuelas. Otros decían que si abrían, no mandarían a los chicos. Nosotros hablamos de salud con educación y educación con salud. Son dos derechos humanos que no se pueden excluir el uno al otro. Había que pensar cómo garantizar el derecho a la salud garantizando el derecho a la educación. Así armaros una red de defensores provinciales y sacamos un pronunciamiento en el que pedimos que se ensayara la intermitencia escolar, abrir y cerrar. San Juan lo intentó en tres municipios, pero a las dos semanas tuvo que cerrar, porque empezaron los contagios. Creo que tuvimos un déficit, pero es contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si abríamos todas las escuelas? ¿Se habrían multiplicado los contagios? Fue una etapa compleja.

–¿Considera que se vulneraron derechos de los chicos durante la cuarenta?

–Es difícil decirlo. Pasado el primer momento de incertidumbre, yo me hubiese arriesgado y así lo dijimos. Pasó algo con la pandemia: para los más chicos, sobre todo en las clases socioeconómicas más altas, la muerte era algo muy alejado. De pronto, se empezó a pensar que los papás o el mismo chico se podía morir. Fue tremendo. Además, aquellos chicos que viven en entornos violentos quedaron aislados con su agresor y eso también agudizó un problema. Hablar de violación de derechos humanos en una pandemia es algo muy complicado. Nosotros acompañamos un informe del Comité de los Derechos del Niño para que se tratara de volver a abrir las escuelas o de sostener las trayectorias educativas y ahí apareció el Zoom. Hubo mucho esfuerzo por parte de las docentes y de las familias, pero sobre todo de los niños, de las niñas y los adolescentes. Al regreso a la escuela se dio, sobre todo, la violación al derecho a ser oídos. Los chicos decían que no se les había escuchado. “Volvimos como si no hubiera pasado nada, nadie nos explicó por qué volver, qué nos paso”, decían. Ahí apareció el déficit a ser escuchados en todos los ámbitos.

–¿Cómo ve el estado de la salud mental, sobre todo de los adolescentes, después de este panorama pandémico que describe?

–Es un problema gravísimo y uno de los derechos dentro del derecho a la salud menos atendidos históricamente. Recién ahora en algunas provincias empiezan a haber programas específicos de salud mental. ¿Por qué? Esto viene de otras épocas cuando a los chicos los atendía la justicia de menores. Iban al hospital a ponerle al niño las vacunas, pero si un chico venía con un problema de salud mental, no había nadie que los atendiera. La pandemia no deprimió más a los chicos, sino que hizo salir a la luz algunos padecimientos que sufren solos y solas. Tenemos un déficit en la atención general de la salud de los chicos. Fijate el problema que tenemos con los pediatras ahora. Faltan pediatras, faltan psicólogos y psiquiatras infantiles. En Jujuy, por ejemplo, hay una sola psiquiatra infantil en el sistema público. Algo pasa. Falta estímulo para quienes cuidan a los chicos, las chicas y los adolescentes.

– ¿Van a elaborar el informe que pidió Padres Organizados para informar sobre los días de clase en cada jurisdicción?

– Sí. De todas maneras, pedimos un informe al Ministro de Educación y a cada una de las provincias. No todas responden con la misma celeridad. Algunas no contestan y tenemos que ir e insistir y algunas no contestan porque no tiene claridad y eso tiene que ver con otro déficit, que es el déficit de información en general con respecto a los niños. Es decir, cuántos niños hay en instituciones penales, cuántos van a la escuela, cuántos la dejan, etcétera. Además, tenemos problemas gremiales que, para la Defensoría, son difíciles de resolver, porque nosotros podemos hacerle un amparo a una provincia, pero no a un gremio. En Santa Cruz lo resolvimos articulando con el Ministerio Público de la Defensa provincial.

– Ya que menciona el caso de Santa Cruz, una provincia que, de acuerdo a un relevamiento privado, tuvo muy pocos días de clase en lo que va del año. ¿Qué pasa allí y qué hizo la Defensoría?

– El problema que tiene Santa Cruz es un paro gremial que llevaba más o menos 56 días sin clases. Brutal. No se puede dejar a los nenes 56 días sin clases porque se vulneran una cantidad de derechos. Empezamos un proceso de acompañamiento y exigibilidad a la provincia para que declare ilegal al paro docente. La Defensoría no puede participar en eso, porque no es nuestra incumbencia. No podemos meternos en el tema gremial, pero la Defensoría pidió una cautelar para que se reinicien las clases de forma inmediata.

– Cuando hay paro docente, ¿considera que se vulneran derechos infantiles?

–Ahí hay un problema grave. Hay dos derechos constitucionales en contradicción. Uno es el derecho a la huelga y otro, el de los niños a la educación. Si vos me decís que hay un día de paro porque hay que llamar la atención, bueno, porque nosotros también queremos que quienes crían, educan y cuidan a los niños se sientan cuidados y también hay que decir que son los peores pagos. Pero, ahora, no puede haber dos semanas, dos meses sin escuela. Nosotros respetamos el derecho a la huelga, pero hay un principio que es convencional y constitucional que dice que frente a dos intereses va a prevalecer el de los niños. Yo convoco a que los gremios utilicen otras formas de reclamo para que no sean los niños los que se quedan sin clases, porque se vulnera el derecho a la educación, a la socialización, al cuidado. El derecho a ir a la escuela, como el derecho a la identidad, abre la puerta a otros derechos. Cuando vos negás ese derecho, no solo lo estás violentando, sino que le estás cerrando la puerta a otros derechos. Apoyamos que haya sueldos acordes, pero también les pedimos a los trabajadores y trabajadoras que sus reclamos no generen injusticias para los más chiquitos. Es más, queremos que las escuelas estén abiertas durante los fines de semana y en vacaciones para que los chicos no estén en la calle.

–¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que reciben y cómo trabajan?

–El motivo número uno de denuncias que recibimos es el de violencias. Y dentro de ellas, hay violencias institucionales, que pueden ser detenciones arbitrarias o maltratos en una escuela o en un hospital, hasta violencia intrafamiliar. Dentro de esa masa de violencias, la mayor cantidad es la violencia intrafamiliar, que a su vez es la más grave y difícil de resolver. Tenemos un amplísimo abanico de actividades. Hacemos amparos, habeas corpus, presentaciones como amicus en causas particulares, recomendaciones en expedientes. Trabajamos en todas las provincias. Este es un país federal, por lo que hay defensores provinciales. Por ejemplo, en el caso Lucio actuó el defensor de La Pampa. En Misiones, donde hay un caso de apropiación infantil, está actuando la defensora local. Colaboramos y apoyamos, pero respetamos las instituciones que ya existen.