El Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires recibió dos duros reveses que podrían significar el punto final de una obra en el corazón de Puerto Madero, cerca de la reserva natural y de los diques. Dos fallos judiciales ordenaron frenar los trabajos en un predio de su propiedad, donde se estaba construyendo una estación de servicio, y había sido donado para la instalación de un colegio y otros usos. Como cuestión de fondo, la Justicia analiza también la posibilidad de revocar la donación por incumplimiento.

Las medidas judiciales, una de la Justicia nacional y la otra de la porteña, llegaron dos meses después de la fuerte advertencia que había lanzado la Corporación Puerto Madero (CPM) que había donado las tierras a la iglesia en 1993 mediante un contrato con cargo, es decir, con la obligatoriedad de que se cumpla lo establecido en el acuerdo. El Arzobispado había cedido, en forma unilateral, una parte del predio a una empresa privada para la explotación por 40 años con fines comerciales y actividades que aún no son parte de Puerto Madero.

Las sospechas en el manejo de la cesión llegaron hasta el Vaticano que comenzó a poner la lupa sobre el terreno, ubicado entre las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, y sobre otros bienes que tiene la Iglesia en la ciudad. La Santa Sede intervino en forma directa con una auditoría para analizar lo que estaba sucediendo.

En uno de los fallos, la Sala II del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó una medida cautelar tras un recurso de amparo colectivo presentado por un grupo de vecinos propietarios en el Consorcio Madero Plaza, cercano a la obra. La medida cautelar ordena la suspensión del permiso de obra otorgado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad.

“Sabíamos que la pelea sería desigual, pero confiados en nuestra razón pudimos reivindicar nuestros derechos en un fallo que nos llena de orgullo y que debe hacer recapacitar a los funcionarios en relación con la forma y modo que aplican las normas que ellos mismos dictan”, dijeron los vecinos mediante un comunicado.

“También nos debe llamar a la reflexión la tardía y desprolija actitud de la Corporación Puerto Madero que solicitó la revocación de la donación casi dos años después de haber tomado conocimiento de las desprolijidades, pero sin denunciar la violación de los usos urbanos”, reclamaron.

La CPM es protagonista central en la historia y, a su vez, demandante ante el fuero Civil y Comercial de la Nación de donde proviene el segundo de los fallos que también ordenó “la suspensión inmediata, total y completa de todas las obras en ejecución”. La Corporación, una sociedad integrada en partes iguales por los estados nacional y porteño, creada en 1989 para el desarrollo de Puerto Madero, pidió en la demanda la revocación de la donación del predio “por incumplimiento del cargo impuesto en razón de la ejecución de obras en transgresión a los destinos a los que se había sujetado la liberalidad; y el dictado de medidas cautelares de prohibición de innovar y suspensión de las obras cuestionadas”, según pudo saber LA NACION.

El recurso se interpuso el 15 de mayo y, apenas dos semanas después, el 29 de mayo, llegó el fallo del Tribunal. “La Corporación ha ofrecido explorar alternativas que logren el objetivo buscado por ambas partes dentro del marco de las condiciones impuestas en la donación que efectuara al Arzobispado. En tal sentido, y dentro de las diversas acciones realizadas, convocó a la Mediación Prejudicial Obligatoria el 14 de junio; celebrada la primera audiencia, las partes acordaron llamar a un segundo encuentro para mediados de julio una vez que el Arzobispo recientemente designado se encuentre en funciones”, explicaron desde la CPM.

Hace un mes el Papa Francisco designó al padre Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo porteño en reemplazo de Mario Poli.

El predio de dos hectáreas había sido donado por la Corporación antes del desarrollo del nuevo barrio con el cargo de construir allí un colegio, una iglesia y la casa parroquial. En la escritura de donación del 9 de agosto de 1993 entre CPM y el Arzobispado porteño se estableció “el cargo de construir una iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, casa parroquial, viviendas para sacerdotes y el colegio parroquial”. La iglesia y la casa parroquial ya se construyeron, pero el colegio nunca se proyectó.

Hace dos meses, tras de una serie de notas publicadas en este medio, CPM le marcó los límites al Arzobispado 30 años después de la donación del predio. “Se ha requerido al Arzobispado que se abstenga de ejecutar obras en el terreno donado que no se ajusten y/o que excedan el cargo que se ejecutó la liberalidad”, explicaban, en ese momento, en una intimación para que prosigan los proyectos vinculados al contrato original.

“La CPM donó el predio al Arzobispado con el cargo de construir una iglesia, una casa parroquial, la vivienda para sacerdotes y un colegio parroquial. La donación se perfeccionó en noviembre de 2001, el colegio aún no se construyó y el plazo para el cumplimiento del cargo vence en noviembre de 2031″, explican desde la Corporación.

“La normativa vigente para ese terreno admite usos comerciales, pero el cargo impuesto en la donación no contempla usos comerciales”, le advirtieron al Arzobispado en abril, antes de recurrir a la Justicia. “Vale aclarar que la donación con cargo es un contrato, un acto jurídico bilateral que vincula a donante y donatario. Y el control del cumplimiento o incumplimiento del cargo impuesto en la donación es una cuestión entra las partes”, finalizaba la entidad, que luego solicitó la intervención del fuero federal.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Arzobispado respondieron que sus abogados presentaron una apelación a la medida cautelar y confirmaron que la obra está detenida hasta que avance el proceso judicial.

La maniobra de cesión de parte del predio se oficializó en diciembre de 2020, en plena pandemia, en una audiencia pública por Zoom en la que se presentó la propuesta de la empresa Lomfako SA por un acuerdo de explotación durante 40 años a cambio de una compensación económica que el Arzobispado mantiene en reserva.

Después de analizar algunos informes enviados desde la Argentina, el Vaticano manifestó sus sospechas sobre lo ocurrido en Puerto Madero pues la cesión se realizó sin que lo avalara el Colegio de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado que, según establecen las normas eclesiásticas, deben analizar la venta o intervención de inmuebles de la Iglesia por valores de entre U$S30.000 y U$S300.000.

“La falta de funcionamiento de estos órganos, por lo tanto, constituye una violación de los procedimientos sinodales requeridos por la legislación (….). En efecto, el obispo diocesano necesita el consentimiento de dichos órganos eclesiales siempre que se trata de una enajenación de bienes de la diócesis, cualquiera sea su valor, así como cuando la enajenación se refiera a bienes que su valor supere los US$30.000″, se explica en un informe de la comisión enviada por el Papa Francisco.

“Si la propiedad en cuestión excede los US$300.000, para la validez canónica del acto también es necesario solicitar la licencia de la Santa Sede”, agrega. Se entiende que el terreno de Puerto Madero supera el monto establecido.