El Senado de Texas se reunió muy brevemente el domingo sin debatir un controvertido proyecto de seguridad fronteriza, promovido por la Cámara de Representantes e identificado como HB4. Si llega a ser ley, enmendará el Código Penal de Texas para permitir que los oficiales arresten a personas en cualquier lugar del estado, alegando que entraron ilegalmente. Esta medida le da permiso a los agentes autorizados a expulsarlas. En caso de que no accedan, se contemplan condenas por delitos menores a graves en segundo grado con una sentencia de 20 años para los reincidentes.

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La falta de debate significa probablemente que el gobernador de Texas, Greg Abbott, convocará a una cuarta sesión especial. Según un análisis presentado en Austin American-Statesman, los alcances de este proyecto de ley van mucho más allá de lo que otros han intentado, dado que sometería a cualquier persona en Texas que parezca o sea un inmigrante a una posible detención y deportación estatal. Además, habría problemas por su injerencia en las competencias del gobierno federal.

Como antecedente, está la medida que aprobó Arizona, conocida como “de apoyo a la aplicación de la ley y barrios seguros”, que después la Corte Suprema declaró como “inconstitucional”, ya que alegaba que la soberanía de EE.UU. tiene un poder amplio e indudable en el tema de la migración.

Asimismo, los detractores también analizan los costos para los contribuyentes de Texas, dado que se trataría de defender la legislación con batallas judiciales. La fuente citada subraya que el miedo se extenderá en todo el estado, sobre todo en los migrantes sobrevivientes de delitos, que volverán a estar en jaque sobre si denuncian o no violaciones, violencia doméstica o abuso infantil.

Una política “extrema antiinmigrante en Texas”

En un comunicado del 2 de noviembre, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), acusó que la “supremacía blanca impulsa una política extrema antiinmigrante en Texas”. Según la organización, ya uno de los proyectos, el SB4, que amenaza a los trabajadores humanitarios y a los familiares de los inmigrantes indocumentados con severas sanciones penales, recibió el visto bueno de ambas cámaras y ahora irá al escritorio del gobernador.

No obstante, la ACLU resalta las consecuencias que tendría en especial el proyecto HB4, “que se clasificaría fácilmente entre los proyectos de ley más radicalmente ainiinmigrantes jamás aprobados por una legislatura”.

Si bien una de las versiones de esta legislación convertiría en delito estatal intentar ingresar a Texas desde México, otra iría más allá y “pretende autorizar a estos oficiales, que no están capacitados en la ley de inmigración, a deportar a las personas que sospechan de violar la ley”. Esta medida conduciría a la elaboración de perfiles raciales, por lo que los agentes podrían profundizar en el estatus migratorio y antecedentes de cualquier persona con la que se encuentren.

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El peligro radica en que, en los procedimientos federales, todas las personas tienen derechos de demostrar las razones por las que no deben ser deportadas, como por ejemplo tener un estatus legal, ser ciudadanos estadounidenses o ser elegibles para la protección humanitaria. Sin embargo, en esta propuesta “no se han elegido salvaguardas. De hecho, las personas sospechosas de entrada ilegal se verán privadas de sus derechos básicos (...) el proyecto de ley sugiere que se les puede ordenar la deportación a México sin siquiera hablar con un abogado”.

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Finalmente, la ACLU acusa: “Leyes como la HB4 desperdiciarán innecesariamente el dinero de los contribuyentes bajo el pretexto de la seguridad nacional y la seguridad pública, al tiempo que dañarían nuestras comunidades y la integridad de las leyes federales de inmigración”.