A pocos meses de terminar el mandato, la Casa Rosada está vacía, los cuadros políticos del Gobierno rosquean y buscan asilo en municipios u organismos “seguros” (en donde es menos probable que pierdan) y las dependencias públicas se llenan, cada vez más rápido, de trabajadores que pasan de la planta transitoria a la permanente, una que tiene un régimen más estricto de estabilidad en el puesto. Así se desprende de un relevamiento hecho por LA NACION, que analizó más de mil documentos para dar cuenta de una aceleración de los movimientos en expedientes que tienen como objetivo trasladar 29.000 personas en total para el fin de esta gestión. Fuentes de las áreas que trabajan sobre los pases dijeron, además, que recibieron instrucción específica de acelerar los trámites de los concursos, como suele pasar en los años electorales.

De un análisis del Boletín Oficial realizado en forma conjunta con LN Data, en el que se puso el foco sobre el llamado a concursos y designaciones efectivas (no así a procedimientos intermedios como órdenes de mérito), se desprende que hubo un crecimiento de 199,35% en los cargos en cuestión en los expedientes administrativos entre julio y agosto pasados. En julio, entre apertura de nuevas vacantes y puestos confirmados, se movieron 17 procesos que contenían 924 lugares de planta permanente. En agosto, y especialmente después de las PASO, ese número creció a 28 expedientes, con 2766 cargos en cuestión. En el Gobierno argumentaron que eran procedimientos previstos hace tiempo y que la correlación temporal con las elecciones es una mera coincidencia. Sin embargo, las PASO parecen haber actuado como un acelerador del proceso ante la perspectiva de tener que abandonar el poder.

En los 42 días previos al 13 de agosto, se involucraron en inicios de concurso o en designaciones 2882 cargos, de los cuales 1103 corresponden a un mismo proceso (el más abultado de los últimos seis meses) del Hospital Posadas, abierto el viernes anterior a las elecciones. Pese a este único procedimiento -que explica el 38% de los avances evaluados previo a las PASO-, en los 42 días posteriores a hoy, se registró una suba a 3679.

En otras palabras, el llamado “Plan de Regularización del Empleo Público”, negociado con el sindicato Unión Del Personal Civil De La Nación, fue diseñado para expandir un 23% la planta permanente que existía el último día del gobierno de Mauricio Macri. Se puso en marcha de manera efectiva en 2021 pero, hasta agosto de este año, los procesos se movieron a la mitad del ritmo que antes del mes de las elecciones PASO que arrojó al oficialismo como tercera opción, detrás de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

En los 16 días hábiles que van de septiembre, se corrobora la aceleración. Aunque todavía resta una semana del mes, se movieron procesos por un total de 2845 cargos. La tendencia respecto al resto del año también lo muestra. En abril, las resoluciones y disposiciones abordaron la ocupación de 861 puestos. En mayo, por 984 y en junio se evidenció una suba a 1818 principalmente por una apertura a concurso del Ministerio de Desarrollo Social que habilitó 954 vacantes nuevas.

Las áreas públicas que mayor movimiento tuvieron en los últimos cuatro meses fueron los hospitales e institutos, con 2714 vacantes (debido mayormente al Hospital Posadas) y le siguieron dependencias del Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Wado de Pedro, con 1183 espacios; el Ministerio de Economía, que tuvo una apertura de 900 vacantes el primero de septiembre para la planta, con 1154; y Presidencia de la Nación, con 1137, mayormente en dependencias como la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y la Agencia de Discapacidad.

El plan comenzó hace tres años con un diagnóstico de los contratados fuera la planta permanente. En los primeros llamados, se estableció como criterio para ingresar al proceso tener cinco años o más en la administración. Con el pasar de las aperturas y de los años de gestión, se empezó a registrar con mayor frecuencia el requisito de diez años en vez de cinco. Empleados públicos con los que se contactó LA NACION dijeron que la ampliación del plazo se debió a que no quieren darle estabilidad a personas que ingresaron durante el gobierno de Macri. En 2020 y 2021 el límite original llegaba hasta 2016.

La priorización por antigüedad dependió de cada caso, lo que generó molestias entre los contratados por el Estado. Surgieron, además, sospechas de acomodo que en el ámbito público se traducen en una “trampita”: quienes pierden argumentan que a los ganadores les dieron las respuestas para los exámenes en el proceso de selección. Esta experiencia fue referida por tres fuentes de distintas áreas durante entrevistas con LA NACION, pero prefirieron reservar su identidad.

Javier Milei presentó esta semana una carta en la que amenazó con denunciar en la Justicia a Alberto Fernández por disponer de los recursos de una futura gestión (lo que está prohibido por ley) por, entre otros motivos, los concursos y pases a planta permanente. Sin embargo, todos los empleados que sean nombrados ahora no gozarán de la estabilidad del empleo público cuando asuma un nuevo presidente. Esto se debe a que se adquiere un año después de tomar el puesto. Los concursos, finalizados en esos últimos 12 meses o en curso pueden y han sido anulados con la llegada de nuevos mandatarios, como lo hizo por ejemplo el mismo Alberto Fernández en 2019 e inicios de 2020.

Cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía se comprometió a cumplir con una de las promesas que hizo su antecesora Silvina Batakis: no sumar más empleados a la administración pública nacional. Aseguró que instruiría a los municipios, provincias, entes autárquicos y empresas públicas a hacer lo mismo. Para demostrarlo, ordenó al Indec a publicar todos los meses un reporte de dotación de personal del Estado, para mostrar la evolución del empleo público.

Sin embargo, múltiples fuentes apuntaron a que la publicación del organismo de estadística contiene un problema: depende de que cada área gubernamental remita la información a las oficinas del Indec. Los técnicos no tienen por sí mismos manera de corroborar que los datos sean certeros y usualmente hay inconvenientes de actualización. A su vez, relevantes conocedores de dependencias como la AFIP y Aduana dijeron a este medio que hubo ingresos de nuevo personal, pese a que esta prohibido. También se realizan vinculaciones a través de una modalidad conocida para los que estuvieron o están en el sector público: la prestación de servicios que encubre relación de dependencia. El “empleado” monotributista.

Según el organismo, entre junio y julio (últimos datos disponibles), hubo una variación del 0% en los empleados de la Administración Pública Nacional. Se compensan entre distintos ministerios, siendo que algunos sí incrementaron su plantel. Este es el caso del de Cultura, con una suba de 2,2%, del Banco Nacional de Datos Genético, con 6,8%, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con 1,7%, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con 7,5% y el Instituto Nacional de Promoción Turística, con 3,4%, entre otros.

Además, la misma norma que estableció la prohibición, en su artículo segundo, definió una vasta cantidad de excepciones que se están aprovechando en las distintas áreas. Por ejemplo, quedaron exceptuadas las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las universidades y personal comprendido en establecimientos hospitalarios, institutos de investigación dependientes del Ministerio de Salud, entre muchos otros. También se excluyeron cargos que “no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo”, las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos, las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente y algunas designaciones en las plantas transitorias, entre otras.

Por otro lado, fuentes del sector público alertaron por el crecimiento de otros procedimientos. Durante la gestión del Frente de Todos, se aprobó, hasta el 31 de diciembre de 2023, un formato a través del cuál el personal de planta permanente podía solicitar la readecuación de su grado dentro de la estructura de su área. Esto le permitiría ascender algunos niveles sin necesidad de una vacante, mayor presupuesto o concurso, sino que con el mero pedido y algunos requisitos mínimos, como acreditar algún nivel de estudio adicional. LA NACION corroboró en el Boletín Oficial miles de ascensos de este tipo bajo el régimen de Valoración por Evaluación y Mérito. Pueden saltar hasta dos “letras”, lo que implica hasta duplicar su salario.

Por otra parte, crecen las negociaciones para cubrir los departamentos dentro de las direcciones del Estado con perfiles gremiales, para lo que hay un reunión entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público y UPCN la semana que viene.