No es una novedad que la economía argentina está desde hace mucho tiempo enterrada en una trampa estanflacionaria y requiere nuevas direcciones de reforma, que han sido no solo postergadas, sino agravadas por la puja en la sucesión política. El gran problema que la política económica debería enfrentar desde diciembre es la “puesta en escena” de la consolidación fiscal y la corrección de precios relativos que son parte de esa gran postergación y agravamiento. Esto quiere decir un ajuste hacia el superávit primario de las cuentas públicas, la devaluación real del peso y el ajuste de precios y tarifas de la energía y el transporte.

La forma y velocidad con que esto se hace no garantiza el éxito y extiende la incertidumbre. Si se hace mal, puede tener consecuencias catastróficas en términos económicos (agudizar la hiperestanflación), sociales y políticos. Pero la alternativa de no corregir el rumbo es una catástrofe con certeza.

Para colmo, no se ha informado y preparado a la sociedad para que la política intermedie bien esta corrección, sino que más bien se la ha confundido con medidas y mensajes electoralistas que van en la dirección opuesta al cambio requerido por los fundamentales de la economía. La última evasiva conceptual oficialista es imaginar un salto mágico exportador que consigue suficientes dólares para sostener el actual esquema fiscal y de precios relativos de desequilibrio y dar tiempo para iniciar correcciones lentas y acomodar todavía más gasto público. Salto exportador va a haber, pero no alcanza, por más que ayude. Frente a semejante combo fiscal y de precios relativos, la demanda por dólares es tan grande que no es compatible con otra cosa que no sea más cepo y represión comercial y financiera.

La única pregunta relevante entonces sigue siendo: ¿cómo y cuán rápido se podrá consolidar fiscalmente y corregir los precios relativos? El consenso al que se había llegado con el FMI en 2022 al momento de acordar la extensión del financiamiento era que había que avanzar a terminar con los subsidios a hogares y empresas que no los necesiten desesperadamente; es decir, que no estén en una situación de vulnerabilidad. Pero esto se dejó de lado. Recientemente, acabamos de ver una programación estacional del precio de la energía eléctrica que es, en términos de planeamiento macroeconómico, irresponsable y vergonzosa para una economía que corre a una velocidad nominal extravagante.

El 70% de la demanda residencial de todo el país tendrá a fines de abril de 2024 los mismos precios nominales mayoristas de la energía eléctrica generada que a comienzos de agosto de 2023. Si uno deflacta esos precios de abril próximo por el dólar futuro (oficial), los valores resultantes son increíblemente bajos y agravan el agujero de los subsidios.

Lo mismo ocurre con el control de precios y el consiguiente desarmado de los impuestos a los combustibles, que va para el lado contrario de lo que debería ir y ha llevado a la menor recaudación de impuestos a los combustibles de la historia reciente. En especial, la corrección del precio y recaudación de combustibles debería ser un elemento central en un plan inicial hacia la consolidación fiscal. El mensaje que se ha instalado va exactamente para el otro lado.

El problema que enfrentamos con este combo imaginario basado en conseguir exportaciones con incentivos fiscales y buena suerte es que va a ser insuficiente y va a hacernos creer que vamos a salir nada más que por la credibilidad política de un nuevo gobierno. En realidad, si no se corrige rápido el rumbo, podemos estar camino a una “explosión” por la vía del agotamiento súbito del financiamiento, lo cual va a ser algo muy catastrófico para la economía, la sociedad y la intermediación política. Este problema de inconsistencia sobre cómo entrar en un nuevo régimen macroeconómico con acento en lo fiscal y de corrección de precios relativos lo tenían y lo tienen ambos candidatos. Uno pretende extender el statu quo, desentendiéndose de corregir fundamentales, y el otro propone cambios drásticos por la vía de reglas financieras que pueden fracasar, porque tampoco atienden bien los fundamentales.

Hacer un plan creíble de consolidación fiscal, corrección de precios relativos y anuncios de reformas que refuercen a ambos es hoy más crucial que nunca. Que esto se haya diluido en la puja electoral y en un debate destructivo es un grave problema que deberá ser corregido con vigor. De otra forma vamos a zozobrar y no va a alcanzar con decirle a la gente que el otro candidato era peor.

La crisis se va a deglutir la luna de miel pos electoral muy rápido y en la Argentina vamos a tener mucho desorden y un mayor corrimiento hacia fuertes demandas por populismos de izquierda o de derecha. El gobierno electo tiene que entrar en razón antes de que esto sea demasiado tarde. Desde que la estanflación se instaló en la macroeconomía argentina en 2011, las administraciones electas no duraron más de un período de gobierno. Esta no va a ser la excepción a menos que se logre un cambio drástico de rumbo.

En diciembre de 2019, Alberto Fernández asumió sonriente pensando que con una ley de emergencia y reinstalando más de lo mismo de antes iba a dar vuelta la curva, sin conocer el shock pandémico que para entonces ya se gestaba del otro lado del planeta y que se le venía encima. Este tipo de sorpresa debe leerse como un presagio de lo que se le puede venir encima a esta nueva administración.