Josu Cifuentes contó en 2019 a EL PAÍS que llevaba 14 años “prisionero” en su casa porque apenas podía salir a la calle. Tiene una discapacidad del 95 por ciento que le imposibilita bajar y subir por sí solo los 58 escalones que hay hasta el tercer piso donde vive recluido. Desde entonces, en cuatro años, su situación no ha cambiado. Josu tiene ahora 33 años de edad y continúa encerrado entre cuatro paredes, sin vida social, sin amigos, confinado para siempre en su casa de Bergara, un municipio de la provincia de Gipuzkoa, País Vasco.

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Su salvación pasa por instalar un ascensor, pero eso tiene un precio que no puede afrontar. “Cada uno de los cuatro vecinos tenemos que pagar unos 60.000 euros (unos $52.380.000 si se toma la cotización informal) para poner el ascensor. Es una cantidad que mi familia no dispone. Por eso he decidido pedir ayuda económica a través de un crowdfunding. Es mi última bala”, declara.

La historia de Josu Cifuentes se torció muy pronto, cuando tenía 12 años. Le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda (LLA) que le obligó a recibir sesiones de quimioterapia hasta que le practicaron un trasplante de médula en Barcelona, pero el proceso posterior a la operación se complicó. A los 15 años, se vio afectado por una esclerodermia, un trastorno autoinmunitario que le dejó prácticamente inmóvil para el resto de su vida. “Eso fue lo que me mató”, recuerda Josu. Desde entonces vive enclaustrado, en silla de ruedas y con una salud que va desgastándose sin vuelta atrás. Se ha quedado en posición fetal, con los brazos y las piernas encogidos 90 grados y unas úlceras de grado tres en los pies que le obligan a recibir curas tres veces a la semana.

Su lucha y la de sus padres se ha centrado todo este tiempo en conseguir que se ponga un ascensor para la comunidad (son cuatro vecinos, uno por planta). Cada vez que tiene que salir de casa, Josu necesita la ayuda de su padre. Le baja en la silla de ruedas escalón a escalón por unas escaleras viejas de madera que rechinan. “En los últimos dos años habré salido unas diez veces a la calle, casi siempre para ir al dentista”, explica. Su madre se dedica al cuidado del joven y recibe una prestación social “ridícula” de casi 200 euros ($174.600) mensuales. El padre es albañil, cobra un sueldo “modesto” y espera jubilarse a finales de 2024 con 65 años. Josu no percibe ninguna ayuda pública por su dependencia.

Todos los intentos para vender su piso y mudarse a uno adaptado no han dado resultado. La familia habita en una vivienda antigua de 110 metros cuadrados. “Lo pusimos en venta durante mucho tiempo, pero no logramos venderlo. Es una casa amplia que está en el tercer piso y no tiene ascensor. Eso es lo que echaba atrás a todos los interesados en comprar el piso”, comenta. En 2019, tras publicarse su testimonio en este diario, recibió la llamada del Gobierno Vasco y le dieron la opción de mudarse a un piso, pero aquello fracasó: “Me ofrecieron un departamento de dos habitaciones con ascensor, pero no estaba adaptado. No era apto para una persona con discapacidad. Me ofrecieron aquello sabiendo que no lo podía aceptar. Me plantearon también hacer una permuta por nuestro piso, y lo rechazamos”. De los servicios sociales del Ayuntamiento de Bergara no ha recibido ninguna comunicación en todo este tiempo, asegura. Este medio tampoco ha logrado recabar la versión de los responsables municipales.

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En 2019, el Departamento de Vivienda del Ejecutivo autónomo se puso en contacto con la familia de Josu para “tratar de dar una solución a una situación excepcional”. Le ofreció una vivienda de 65 metros cuadrados que “estaba adaptada”, según fuentes de la consejería, pero la familia no aceptó trasladarse a ese apartamento. En Euskadi, el 26,9 por ciento de las 1.067.718 viviendas no cuenta con ascensor. El Gobierno aprobó en 2021 una orden sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética que contempla ayudas por la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad de los vecinos. El padre de Josu mantuvo este pasado martes una reunión con el resto de vecinos para abordar la instalación del elevador: “Todos se niegan”, lamenta el joven.

“El ascensor cambiaría mi vida”, dice. Reconoce que poner un elevador supone “un gasto elevado” para la comunidad porque son solo cuatro vecinos. Estos no pueden negarse a su instalación al tratarse de una obra para mejorar la accesibilidad de una persona con un alto grado de discapacidad física. A mediados de agosto pasado abrió en Gofundme la campaña “¡Ayuda! Prisionero en mi casa desde los 15 años” para recibir donativos. Ya lleva recaudados más de 14.000 euros gracias a un total de 144 aportaciones, lejos aún de los 60.000 euros que se ha propuesto recabar. Ha recibido aportaciones anónimas que superan incluso los 1000 euros en algunos casos, aunque la mayoría rondan los 100. “Mis padres no pueden meterse en un préstamo, ya que solo trabaja mi padre y una parte de su sueldo se va en pagar la hipoteca y los gastos de la casa”, añade.

Tiene pareja desde hace tres meses. “Es una chica de Madrid a la que no he visto en persona. Ella no puede venir porque está trabajando y yo... ya ves, no puedo salir de aquí. Por ahora solo nos podemos relacionar por PC”, comenta Josu. La computadora es su salvación. Frente a la pantalla pasa la mayor parte de las horas del día, viendo películas, con videojuegos. De vez en cuando realiza algún trabajo de diseño gráfico, en concreto los carteles para los conciertos de música de un primo suyo.

Josu no pierde la esperanza de conseguir su objetivo. Mientras, sigue encerrado en su casa. Se mueve por el pasillo muy despacio, arrastrando los pies, de puntitas, y eso le está permitiendo tener cierta movilidad porque puede andar por un pasillo de 18 metros. “En uno de los empeines ya se ve parte del hueso”, asegura. Ha tenido pensamientos fatales que le llevaban a creer que su vida “no tiene sentido”: “Solo pensaba que soy un estorbo, y me planteé varias veces poner fin a todo, pero en casa me lo quitaron de la cabeza. Mi madre me convenció de que tengo que mirar el futuro con esperanza, sobre todo ahora que tengo una pareja desde hace tan poco tiempo”.

La vida de Josu, dice él, se parece a la que el resto de españoles tuvo durante el confinamiento obligatorio en la pandemia: “¿Te acordás cómo lo pasamos? La gente hacía cualquier cosa por salir de casa, aunque solo fuesen unos minutos. Iba a comprar el pan, salía a pasear al perro... Pues yo vivo así desde hace 18 años. Que la gente se ponga en mi piel. Vivo en un confinamiento permanente”.

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En esta situación, ha decidido recurrir a activar una colecta como “la última solución”: “Es mi última bala para poder poner un ascensor en la casa y tener así una independencia dentro de la dependencia que tengo. Si esto no funciona, seguiré preso en mi casa cumpliendo una condena de la cual la única culpa que tengo es haberme quedado en silla de ruedas y no tener un ascensor. Yo no era partidario de pedir dinero a la gente, pero mi madre y mi novia me convencieron. Sé que es complicado, porque es mucho dinero, pero si se logra por fin podré salir de esta prisión y hacer una vida normal, dentro de lo que cabe”.

Por Mikel Ormazabal para EL PAÍS.