El año próximo no habrá elecciones y debería ser aprovechado para sancionar las leyes necesarias que mejoren el funcionamiento de nuestros comicios, para lograr una mayor transparencia en su control, elección de los candidatos más idóneos y reducción de costos innecesarios.

Además de la boleta única de papel, ficha limpia, mayor transparencia en el financiamiento de las campañas, sería vital una norma que obligue a los candidatos que son funcionarios públicos a solicitar licencia mientras dure la contienda electoral.

Se dice que ganarle a un oficialismo (nacional, provincial o municipal) es difícil porque de alguna manera cuenta con innumerables medios del Estado para realizar una campaña más beneficiosa a sus intereses “la cancha inclinada a su favor” (anuncio de obras públicas, inauguraciones en fecha límite con la veda electoral, planes “platita”, contratación exclusiva de vehículos para el traslado de votantes, obligación de fiscalizar a quienes son empleados de las distintas reparticiones públicas, etc.).

En las últimas elecciones hemos sido testigos del uso y abuso de los fondos públicos por parte del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa. En 40 años de democracia nadie llegó a tanto, y por eso ya cuenta con varias denuncias por violación al Código Electoral y al Código Penal, como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes como funcionario, fraude en perjuicio de la administración, etc. Esas denuncias están radicadas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Electoral de María Servini de Cubría. Seguramente algunas de esas denuncias prosperen y dentro de algunos años exista alguna condena, pero el daño que produjo su conducta desaprensiva y temeraria al frente del Ministerio de Economía es irreparable para las arcas públicas y para la situación económica y financiera que debe asumir el Gobierno.

La conducta de Massa fue escandalosa, pero puede prevenirse el daño si quienes son candidatos y revisten la calidad de funcionarios públicos están obligados a solicitar una licencia en su cargo mientras dure la campaña. En este marco regulatorio deben estar incluidos los presidentes, gobernadores e intendentes que buscan su reelección y todos los ministros nacionales o provinciales que de alguna manera tienen un control directo o indirecto de los medios económicos, financieros o políticos de los comicios y se postulan a un cargo electivo. Quien lo reemplace durante la campaña deberá ser más cuidadoso, porque tiene mucho para perder y poco para ganar.

Otra práctica que debe ser erradicada son los mensajes electorales en supuestos actos de gobierno. La difusión de propaganda política encubierta en anuncios oficiales está prohibida por la ley, pero cuando los funcionarios son candidatos, es difícil que cumplan con el Código Nacional Electoral cuando la propaganda ya fue realizada a escasos días de los comicios. Recordarán los lectores los tendenciosos avisos que mostraban el valor de un boleto de transporte, y lo que podría llegar a costar si ganaba el presidente que resultó electo. Las campañas del miedo también vuelcan la balanza a favor de los oficialismos y pueden evitarse.

Sería primordial que en las próxima sesiones legislativas se pueda sancionar la ley de boleta única de papel, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. También habría que aprovechar la oportunidad de nuevos aires para impulsar la ley de ficha limpia, que prohíbe la candidatura electoral de quien tiene una condena judicial, e incluir en el paquete de esas normas electorales la obligación de los candidatos que son funcionarios públicos de solicitar una licencia desde que es oficializada su candidatura hasta que se realizan los comicios.

Expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires