La ley ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso Nacional plantea una profunda reforma del sector energético, centrada en un mayor protagonismo de la inversión privada y la liberación del comercio de hidrocarburos y de sus precios, que se alinearán a los internacionales. También habilita la venta de activos estatales estratégicos como YPF.

La polémica ley de 351 páginas, que busca sellar un cambio rotundo en la economía argentina, introduce una gran serie de cambios a la Ley de Hidrocarburos 17.319, con implicancia en el manejo de los recursos de las provincias petroleras.

Por caso, las empresas estatales, tanto de Nación como de las provincias (tal es el caso de Gas y Petróleo del Neuquén-GyP) perderán privilegios como la reserva de áreas o la posibilidad de asociarse bajo la modalidad de “carry”. Mediante ese sistema, GyP forma parte de varios proyectos en Vaca Muerta, con el 10% de participación, donde petroleras internacionales se hacen cargo de esa parte de la inversión en la etapa exploratoria, que luego es compensada a cuenta en la fase de producción.

Otras de las grandes reformas es la muerte del “barril criollo”, es decir el precio diferencial que permitirá desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales. Las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación. Se trata de una medida muy esperada por el sector empresario, sobre todo por las multinacionales con intereses en Vaca Muerta.

El único diferencial entre los precios internacionales y locales serán las retenciones a las exportaciones, que se mantendrán en un techo del 8%.

Precios liberados

Además, el Poder Ejecutivo ya no podrá intervenir ni fijar precios en ningún eslabón de la cadena del negocio, ni en el barril de petróleo y en los combustibles líquidos y gaseosos. La ley ómnibus incorpora la “maximización de renta” como objetivo adicional al autoabastecimiento.

En el caso de empresas estatales, podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las paridades de exportación o importación, según corresponda.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y comercializadores podrán exportar hidrocarburos y sus derivados libremente.

“El nivel general de precios se acoplará con los valores internacionales, como si no tuviéramos recursos primarios, como Chile y Uruguay”, comentó el consultor y ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales.

Aunque hizo una salvedad en el caso de gas, que no se libera la exportación, ante el peligro que puede significar la pérdida de abastecimiento interno.

“El principio que ilumina todo el proyecto de Ley es la eliminación de toda intervención estatal para favorecer la libre iniciativa privada y, así, ganar en eficiencia, transparencia y competitividad”, señaló Carbajales.

Privatizar empresas

El proyecto declara “sujetas a privatización” a las empresas y sociedades del Estado, por lo cual se autoriza a vender la participación estatal en compañías como YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica, Dioxitex y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

También se podrán vender las participaciones minoritarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses en empresas privadas que cotizan en bolsa, como Camuzzi Gas Pampeana, Central Puerto, Distribuidora Gas Cuyana, Edenor, Enel Generación Costanera, Metrogas, Naturgy, Pampa Energía, TGN, TGS, Transener e YPF.

Qué pasará con el proyecto de GNL

La reforma también agrega un apartado que busca promover inversiones de infraestructura a través de “leyes estímulo”. El objetivo es generar condiciones para grandes proyectos como la producción gas natural a gran escala. Como adelantó +e, la idea del área energética del gobierno es cajonear la ley del GNL de Sergio Massa, que tiene media sanción del Senado.

A cambio, se estableces condiciones más generalistas para las inversiones como el 100% libre disponibilidad de divisas después del tercer año del proyecto, la reducción del impuesto a las ganancias al 25%, pago de IVA con crédito fiscal, estabilidad impositiva y cambiaria por 30 años, cero por ciento de retenciones, y que ante un diferendo, el inversor puede ir directo a CIADI sin paso por Justicia argentina.

“Mi conclusión es que, de prosperar, se potenciará Vaca Muerta, elevarán costos energéticos locales, incrementará el "goverment take" vía recaudación, retenciones y exportaciones de YPF, pero sufrirán otras cuencas y el gobierno nacional perderá herramientas de gestión ante eventuales crisis”, indicó Carbajales en relación a la reforma planteada por el gobierno libertario.