Las elecciones provinciales que tendrán lugar en Mendoza el próximo domingo tienen características distintas a las celebradas en otras provincias, por cuanto los dos candidatos con más probabilidades de triunfo han actuado hasta hace poco tiempo en la misma coalición de Juntos por el Cambio.

El senador radical Alfredo Cornejo, quien gobernó la provincia entre 2015 y 2019, aspira a un nuevo mandato sucediendo a otro dirigente de su partido, el actual gobernador Rodolfo Suarez. Su principal contrincante es el diputado nacional de Pro Omar de Marchi, quien lidera la Unión Mendocina, que agrupa a dirigentes de Pro, disidentes del radicalismo, la Coalición Cívica, el Partido Demócrata local, libertarios, y peronistas no kirchneristas.

Mendoza ha logrado evitar, junto con Santa Fe, el nefasto reeleccionismo imperante en otras provincias y cuenta con una cláusula constitucional contra el nepotismo, que impide la degradación que afecta a otras provincias donde se alternan los jefes políticos con sus esposas o hermanos. La ciudadanía mendocina impidió que avanzara un proyecto de reforma constitucional del gobernador Suarez para implementar un sistema electivo para la legislatura provincial, tendiente a asegurarse mayorías fabricadas que iban a alterar el principio de igual valor del voto.

Otra característica del gobierno saliente es su propensión al intervencionismo económico buscando la formación de un Estado empresario, que siempre es fuente de corrupción, déficit e ineficiencia.

Un error de los últimos años fue la creación de sociedades unipersonales, con el Estado como accionista, que luego gestiona la búsqueda de socios obviando las licitaciones públicas y los controles pertinentes.

En una larga lista está la expropiación del centro de esquí Penitentes, que no ha sido reabierto aunque algunos de sus activos han sido desviados a otros lugares, y la gestión deficitaria de Impsa, antigua empresa de Enrique Pescarmona, que fue afectada por el kirchnerismo, dejando un pasivo de 800 millones de dólares, asumido por la provincia y el Estado nacional.

También se adjudicó a un grupo que integra José Luis Manzano –exministro menemista de funesto pasado– la empresa Potasio Río Colorado, con activos por más de 2000 millones de dólares. Como integrante del grupo que integra con Daniel Vila, Manzano ha logrado la extensión por veinte años de la concesión a Edemsa, empresa de energía, a pesar de que faltan cinco años para el vencimiento de la concesión, y obtuvo como beneficio adicional la condonación de cargos y multas por 120 millones de dólares.

Es de esperar, que cualquiera que sea el resultado electoral, Mendoza encare las reformas necesarias para recuperar su rol en la economía nacional y evite el deterioro de su calidad institucional, que ha sido su sello distintivo en el concierto de provincias argentinas.