LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof y las autoridades de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires mantuvieron silencio tras la liberación de Julio Rigau, detenido el 9 de septiembre, con 1.260.000 pesos y 49 tarjetas de débito correspondientes a empleados de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Legislatura, Federico Otermin (Unión por la Patria), mano derecha de Martín Insaurralde y en carrera por la intendencia de Lomas de Zamora, no dijo una palabra sobre el tema. LA NACION lo consultó para preguntarle por la declaración de nulidad de todo lo actuado en la Investigación Penal Preparatoria que se abrió para investigar el presunto delito de “defraudaciones reiteradas”, con 177 supuestos hechos de estafa consumados y 45 tentados” y la liberación del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Rigau. No obtuvo respuesta.

Tampoco contestaron los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio) y Carlos Moreno (Unión por la Patria). Sí lo hizo el otro vicepresidente, Rubén Eslaiman (Unión por la Patria- Frente Renovador). “Tras la detención de este puntero Rigau le propuse al director de administración que saque una resolución prohibiendo que se presenten las tarjetas de débito de los empleados de la legislatura. Estimo que está en proceso”, fue lo que dijo a LA NACION.

Tampoco se presentaron ante la Justicia el secretario administrativo ni el director de Personal de la Cámara de Diputados. La nulidad de todo lo actuado por los policías Walter Campano y Leonardo Brizuela llevó alivio a todo un sistema que espera que no prospere una apelación para reabrir una causa de alto impacto político.

En tanto, la fiscal Lacky espera que el fiscal de Cámara Hector Vogliolo apele ante la Cámara de Casación y que tras el sorteo de rutina, el órgano revisor disponga la reapertura del expediente.

Benavides, el camarista que redactó el voto para la liberación de Julio Rigau, fue nombrado durante la administración de Axel Kicillof, a propuesta de un operador judicial de La Plata que vincula al peronismo con el Frente Renovador, según supo LA NACION de fuentes que conocieron los detalles de su designación.

Villordo, que adhirió al voto de Benavides, tiene más de una década en la Justicia, pero fue nombrado camarista penal durante otro gobierno peronista: el de Daniel Scioli.

La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. En los pasillos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 aún se preguntan si el fiscal de Estado, Hernán Gómez, se presentará mediante sus abogados querellantes ante la Cámara de Apelaciones para que se vuelva a investigar si existió una defraudación múltiple al fisco provincial.