El equipo de fiscales de San Isidro que investigó la muerte de Diego Maradona presentó un listado de 189 testigos para que declaren en el juicio oral contra los ocho acusados del homicidio simple con dolo eventual del excapitán del seleccionado argentino de fútbol.

A tres años de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, Tigre, el juicio todavía no tiene fecha de inicio. Dicha cuestión constituyó un reclamo permanente de los representantes del Ministerio Público Fiscal de San Isidro. Desde que se cerró la investigación, hace más de un año y medio, insistieron con la necesidad de que se designará el tribunal que tenga a cargo la tarea de juzgar a los ocho imputados por el homicidio.

Luego de un sorteo, realizado hace tres semanas, se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3, integrado por la jueza Verónica Di Tomasso y el magistrado Maximiliano Savarino estará a cargo del juicio oral. Con respecto al tercer integrante del tribunal, su nombre se conocerá de un listado de magistrados que se presentará antes de fin de año.

En las últimas horas, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren entregaron al tribunal el oficio de casi 20 páginas con los nombres de los testigos que serán convocados para que declaren en las distintas audiencias del futuro juicio oral.

A los testigos sugeridos, los fiscales sumaron un listado de casi 150 pruebas documentales para que se incorporen por lectura durante el juicio. Ese conjunto de pruebas está formado por el informe de la autopsia, las conclusiones de la junta médica, que revisó la necropsia, las comunicaciones que mantuvieron los imputados en los días previos a la muerte de Maradona, las conversaciones halladas en el teléfono del neurocirujano que operó al exfutbolista y los mensajes que le mandaba la psiquiatra Agustina Cosachov.

Entre los testigos propuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal de San Isidro figuran las hijas del exfutbolista de Boca, Argentinos Juniors, Nápoli, Sevilla, Newell’s y Barcelona, Dalma, Gianinna y Jana; su exesposa, Claudia Villafañe, y sus hermanas Claudia Nora, Ana Estela, Elsa Lucía y Rita Mabel Maradona.

También figura en el listado de testigos el médico Alfredo Cahe, quien estuvo a cargo de la atención de Maradona durante casi dos décadas. Entre los familiares también serían convocados, Raúl Lalo Maradona, hermano del 10, y las exparejas del exdirector técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rocío Oliva y Verónica Ojeda, madre del hijo más chico del astro, Diego Fernando.

Los fiscales incluyeron en el listado a los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale. El primero de ellos aparece en el foco de una disputa con los herederos de Maradona por la explotación comercial de las marcas. En el caso de Morla, además, fue el encargado de cerrar varios de los contratos que el excapitán del seleccionado argentino de fútbol mantuvo con clubes de Emiratos Árabes y México.

Morla, que nunca estuvo imputado en la investigación, también habría tenido participación activa en la designación de algunos integrantes del entorno de Maradona en los últimos días de vida. En esta línea de investigación, los fiscales decidieron incluir en el listado de testigos a Cristian Maximiliano Pomargo, el colaborador más cercano Maradona, que llegó a convertirse en su sombra.

Pomargo, además, es cuñado de Morla. Pomargo y Jonathan Alejandro Espósito, convivían con el exfutbolista en la casa de Tigre donde falleció, el 25 de noviembre de 2020.

Mientras que el listado de acusados se mantuvo inalterable desde que el juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, clausuró el sumario y aceptó la requisitoria de elevación a juicio presentada por los fiscales.

Esto significa que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna serán sometidos a juicio oral por su presunta responsabilidad en el homicidio simple con dolo eventual de Maradona, una calificación penal que tiene una expectativa de condena de entre 8 y 25 años de prisión.

Dicha calificación penal, al igual que la decisión del juez Díaz de aceptar la requisitoria de elevación a juicio oral, fue confirmada en abril de este año por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. La resolución quedó consignada en un fallo de 246 páginas y fue tomada por los jueces Carlos Blanco, Gustavo Herbel y Ernesto García Maañón, integrantes de la Sala III de dicho tribunal.

En dicha resolución, el tribunal de alzada ratificó el trabajo del equipo de fiscales, integrado por Laura Capra, Iribarren y Ferrari y coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, que se encargó de investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona.

“El plexo probatorio aportado sustenta, con la idoneidad exigida para esta etapa, las circunstancias apuntadas como relevantes para la connotación penal del hecho acusado en función de las conductas que cada imputado desarrollara, sin que -a esta altura- los agravios presentados puedan deconstruir la hipótesis fiscal, en cuanto afirma que el equipo interviniente incurrió en acciones defectuosas y en omisiones, que fueran determinantes para el resultado muerte aquí imputado”, se sostuvo en el fallo del tribunal de alzada.

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro tuvo que intervenir después de que, entre otras cuestiones, las defensas habían pedido las nulidades del informe de la junta médica y del requerimiento de elevación a juicio.

“Encuentro que el cuadro probatorio adjunto permite alcanzar, a esta altura, el grado de conocimiento exigido para considerar prima facie consolidada la imputación fiscal, en los términos endilgados y requeridos por la acusación pública, relativa a que el aporte que cada uno de los aquí encausados habrían efectuado en el caso respecto de la salud de la presunta víctima, atendiendo al rol y a las funciones que éstos habrían evidenciado en el citado período externativo, habrían sido determinantes en el fatal desenlace aquí endilgado”, se explicó en la citada resolución.

Otro de los documentos ofrecidos como pruebas por los fiscales será el acta de externación de Maradona en el que se dejó constancia de los integrantes del denominado “equipo médico tratante”.

En el documento se dejó constancia de que Maradona no tenía el alta médica, sino una externación y que desde la empresa de medicina prepaga se había propuesto continuar con un tratamiento psiquiátrico, clínico y de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación. Eso sucedió el 11 de noviembre, un día después de la reunión. El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata se fue de la Clínica de Olivos a una casa alquilada en el barrio San Andrés, en Tigre.

Cuando falleció, el 25 de noviembre de 2020, Maradona estaba solo en su habitación, sin que nadie lo advirtiera hasta las 12.17, cuando llamaron a la ambulancia.