SAN CARLOS DE BARILOCHE- La causa que investiga supuestas estafas cometidas con la asignación y pago de planes sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén continúa creciendo: ahora, la fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación a ocho meses y embargar el patrimonio de los acusados.

La jueza de Garantías Carina Álvarez convalidó la prórroga de la investigación, aunque aún no resolvió las medidas cautelares. Desde la unidad fiscal de Delitos Económicos buscan proteger el patrimonio para que, en el caso de una condena, se pueda resarcir a las cuentas públicas por el monto del perjuicio, hasta el momento estimado en $153.377.900.

Tal como informaron desde el Ministerio Público Fiscal neuquino, el pedido de embargo incluye cuentas bancarias (hasta un 20%), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos.

El fiscal del caso Juan Narvaez explicó que, como la investigación preliminar continúa, la idea es “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, ante una eventual condena, “intentar resarcir al Estado”.

La mega estafa con planes sociales que se investiga –que tiene similitudes con el caso de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense– ya tiene 31 imputados. A mediados de noviembre, la Justicia provincial confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados: Ricardo Soiza, que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Omar Gutiérrez.

A los pocos días, un tribunal de revisión concedió la prisión domiciliaria para Néstor Pablo Sanz, acusado como uno de los cinco jefes de una asociación ilícita conformada para realizar estafas con la gestión de planes sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sanz era director de Fiscalización de esa cartera: la defensa había solicitado la prisión domiciliaria luego de que el acusado realizara una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito que se le atribuye.

La fiscalía se había opuesto al pedido de la defensa, por considerar que Sanz no aportó nueva información a la causa e incluso constituyó un nuevo acto de entorpecimiento, al tiempo que ocultó en qué modo se había beneficiado.

Además de Soiza,Osuna y Sanz, también el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera Tomás Siengentharler son investigados como líderes de la asociación ilícita.

Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, los beneficiarios no recibían el total del monto asignado.

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.

Tal como indicaron desde el Ministerio Público, mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de los planes sociales era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.

Al parecer, la maniobra se hizo inicialmente con cheques y, a partir de la pandemia, continuó a través de las tarjetas de débito. Según contó Sanz, a partir de listados de personas vulnerables (aptas para recibir un subsidio por desocupación), se creaba una caja de ahorros en el Banco Provincia de Neuquén.

Esa información era enviada a los punteros políticos, quienes debían avisar a los beneficiarios que fueran a buscar su tarjeta de débito. Esas personas debían activar la cuenta y luego entregar la tarjeta y el PIN. Cuando el dinero de los subsidios se depositaba en las cuentas, los extractores retiraban 20.000 pesos por día.

Tal como indicó Sanz en su declaración, el efectivo iba al despacho de Soiza. “El segundo o tercer día de pago, cuando terminaba la extracción, se citaba a cada referente político, se le entregaba un sobre que contenía lo que se le entregaba a cada beneficiario de cada tarjeta, entonces el referente iba y le pagaba”, reveló.

Si bien se estima que la estafa le costó al Estado provincial más de $153 millones, el perjuicio podría ser mucho mayor. Según la declaración de Sanz, la maniobra que él conoce se remonta a 2015 –durante el primer gobierno de Omar Gutiérrez– y atravesó diversas gestiones ministeriales.

Desde la fiscalía llevan ahora adelante un informe técnico contable para determinar el monto total del perjuicio, “que depende de la extracción de datos y que actualmente se encuentra en un 50%”, informaron.

Asimismo, entre los datos que surgieron en los últimos días, se supo que Soiza y Di Luca recibieron una casa del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

En tanto, en una entrevista con Enfocados TV, la esposa de Sanz, Isabel Montoya dejó entrever que el gobernador saliente Gutiérrez y el intendente de Neuquén Mariano Gaido también participaron de la maniobra que se investiga.

En tanto, uno de los imputados, el abogado Alfredo Cury –que antes fue defensor de casi todos los acusados– aseguró que los fondos robados fueron desviados a una campaña política en 2021, en la que fue candidato a diputado nacional Rolando Figueroa, actual gobernador electo. En ese sentido, pidió que la investigación pase a la justicia federal.