El Partido Justicialista de Jujuy ha sido intervenido por Alberto Fernández en su carácter de presidente de la agrupación en el orden nacional, titularidad que comparte con la del Poder Ejecutivo y en la que también se percibe que su rol es meramente figurativo.

Su decisión fue fundada en el apoyo de casi la totalidad de los convencionales constituyentes de aquel partido a la reforma constitucional jujeña, que tuvo lugar hace pocas semanas, bajo el impulso del gobernador Gerardo Morales.

En esa convención, los representantes justicialistas lograron modificar las propuestas de la mayoría, conservando la representación proporcional para la elección de legisladores provinciales y manteniendo los comicios de medio término. De esta manera contribuyeron a mantener el equilibrio político y la adecuada representación de las minorías en el Poder Legislativo.

Por su parte, la mayoría que responde al gobernador Morales evitó proponer un tercer mandato y estableció normas claras y precisas frente a cortes de rutas y calles provinciales, para preservar la libertad de los ciudadanos dentro del orden y garantizar una convivencia civilizada.

La presencia de líderes y dirigentes porteños en la provincia norteña alimentó razonables sospechas de que el kirchnerismo pudiera haber instigado e incluso financiado los graves desórdenes, que incluyeron el intento de incendio de la sede de la Legislatura local y que aún afectan la libre circulación de personas y bienes por los caminos de la provincia ante la pasividad de las fuerzas federales. El descontrol complica hoy seriamente el acceso a las localidades turísticas en plenas vacaciones de invierno, con un enorme perjuicio económico para muchos.

Como una manera de resaltar el atropello tanto a la autonomía de la provincia como a la del distrito Jujuy del partido que preside Alberto Fernández, han sido designados, por 360 días, interventores partidarios el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, responsable directo de negar la orden a la Gendarmería para terminar con los cortes de grupos sediciosos, y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo en uso de licencia.

El presidente de la Nación denunció que los justicialistas jujeños no han respetado los principios y la doctrina del peronismo y aguarda que el congreso nacional partidario se pronuncie al respecto.

La sociedad jujeña, más allá de las simpatías hacia uno u otro partido, identifica claramente a quienes la volvieron víctima de una prepotencia rayana en el delito, junto a una escandalosa corrupción. Nos referimos a los gobiernos que alimentaron un Estado paralelo, dirigido por la condenada Milagro Sala, tomando debida nota de la complicidad de esta dirigencia nacional con los que afectan la vida normal de la población, sus derechos y libertades.

La actitud del primer mandatario contrasta con su silencio y cómplice aplauso hacia gobernadores patrimonialistas que se han enquistado en el poder, en franca violación de los principios fundamentales de la república, que defienden la sana alternancia y la división de poderes.

Con 37 años de antigüedad en los claustros, el actual profesor adjunto de la UBA ha revelado en la práctica que, en Derecho Constitucional, está muy lejos de poder aspirar a obtener una nota decorosa.