Con la exposición de la foto de una película que hoy ya está en otro tramo, el Indec informó hoy que un 40,1% de los habitantes de las poblaciones urbanas de la Argentina vivía en la pobreza en el primer semestre de este año, en tanto que un 9,3% estaba también en la indigencia.

La estadística fue difundida en la misma tarde en que se define el monto exacto de la remuneración por debajo de la cual no se pagará Ganancias desde octubre, por una medida del Gobierno que, junto con otras, dejará una caída en la recaudación agravando el déficit fiscal y un fuerte impacto para los asalariados de ingresos más altos de la Argentina: un grupo pagará menos por el impuesto (el efecto puede llegar a unos $500.000 mensuales), y otro grupo dejará de estar alcanzado para la carga. Es una paradoja que se da en estos tiempos de muy alta inflación -que deteriora dolorosamente la situación social y que, ciertamente, también distorsiona de forma significativa el esquema del tributo sobre los ingresos-, y que están próximos a las elecciones generales que tienen como candidato a presidente al ministro de Economía de la Nación. Sergio Massa.

Los datos de pobreza e indigencia, de por sí reflejos de una realidad dramática de un país con recursos pero con mala administración, corresponden a la primera mitad del año, un período en el cual la inflación general medida por el Indec se movió en índices de entre el 6% y el 8,4% mensual.

Luego, y mientras que julio dejó una variación de precios de 6,3%, el 12,4% de agosto estrenó el todavía más preocupante nivel de dos dígitos en el índice de suba promedio de precios. Si se miran en particular los precios vinculados en forma directa con el cálculo de los índices sociales, se observa que solo en julio y agosto el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) se incrementó un 25,3%, en tanto que el de la canasta básica total (CBT) subió un 22,5%.

Los precios de las canastas mencionadas son un insumo básico para el cálculo de la indigencia y de la pobreza, respectivamente. Son números que se cruzan con los resultados de la encuesta permanente de hogares (EPH) referidos a los ingresos de cada hogar. Entonces, para la estadística son considerados indigentes quienes viven en hogares donde el dinero no alcanza para comprar los alimentos más básicos (los que cubren, según sexo y edad de cada integrante de cada hogar, los requerimientos “kilocalóricos y proteicos imprescindibles”). El valor del conjunto de alimentos que marca qué ingresos se debe tener para no caer bajo la línea de indigencia se multiplica, a la vez, por un coeficiente, y de esa cuenta resulta el costo de la llamada canasta básica total, que define el umbral de la pobreza.

Aún no hay datos de qué ocurrió con los ingresos en el bimestre extendido entre julio y agosto. En el primer semestre del año, en tanto, mientras que el costo de la canasta alimentaria se incrementó un 55,1% y el conjunto de bienes que define el umbral de la pobreza se encareció un 52,4%, los salarios del sector registrado avanzaron nominalmente un 47,4% y los del segmento informal lo hicieron en un 41%. Así, los del primer grupo perdieron, en promedio, un 5% del poder adquisitivo frente a los alimentos más básicos, los del segundo vieron caer su ingreso real en un 9%.

Es muy difícil, claro, que personas y familias viviendo su día a día se vean reflejadas en expresiones numéricas y más aún en datos que intentan ser un promedio, en función de una metodología estadística. Las realidades y las necesidades a satisfacer varían, según el hogar. Y, por otro lado, no hay que dejar de lado que la estadística conocida hoy está referida, tal como se explicó, a los ingresos, mientras que existen otras carencias en cuestiones estructurales y déficit varios en accesos a servicios básicos o a habitar .

Los datos del Indec muestran que el 57% de los chicos de hasta 17 años viven en hogares donde el dinero que llega es insuficiente para comprar lo más básico. Un informe reciente de Unicef advirtió, por su parte, que siete de cada diez menores están en situación de pobreza, ya sea porque a sus hogares no ingresa suficiente dinero para la compra de los bienes y servicios básicos, ya sea porque sufren la privación del ejercicio de algún derecho esencial, como el acceso a la educación, a una vivienda adecuada y no ubicada en cercanía de fuentes de contaminación, a la atención sanitaria o a los servicios de saneamiento en el hogar.

La segmentación del mercado de trabajo en la Argentina es una de las señales más inequívocas del empobrecimiento de la Argentina. En el universo de los informales hay una realidad heterogénea, con personas ocupadas en actividades por cuenta propia muy precarias. Según datos publicados por el Instituto Torcuato Di Tella, elaborados sobre la base de datos de la EPH del Indec del primer trimestre del año, la brecha entre el ingreso promedio de los asalariados informales y el de los formales llegó a casi 4 veces: por cada $100.000 cobrado por los registrados, los no registrados perciben alrededor de $25.500. Del mismo estudio surge que la informalidad afectaba en esos meses al 51,3% de los ocupados, considerando a asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Al compás de la campaña electoral y luego de la aceleración de la inflación que siguió a la devaluación oficial del 14 de agosto, en el actual mes de septiembre y en los siguientes, diferentes grupos de la población recibirán más dinero en forma directa o indirecta, cobrando directamente diferentes montos, siendo alcanzados por precios congelados, o dejando de pagar impuestos que, hasta hace días nomás, eran parte de sus obligaciones con un Estado deficitario.

Legos de ser una solución a un problema que duele y que echó raíces en el país, los economistas ya advierten que el llamado “plan platita” llevará a una mayor emisión de pesos, de esos pesos que pierden valor día a día. Y eso, a su vez, terminaría en una mayor inflación, el problema que es el cimiento, en definitiva, de la pobreza sufrida por tres de cada diez hogares de la Argentina.