La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Sergio Schoklender en la causa donde se lo investiga, junto con Julio De Vido, entre otros exfuncionarios e integrantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por el desvío de fondos asignados a la construcción de vivienda sociales mediante convenios con provincias o municipios. Ese caso se conoció por la prensa hace 13 años, está elevado a juicio oral desde hace cuatro años sin avances, al punto tal que los acusados están pidiendo que se lo cierre al considerarlo prescripto por el paso del tiempo.

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Ese el recurso que planteó Schoklender, exdirector de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y quien gerenciaba ese programa de construcción de viviendas sociales, otorgadas sin licitación. Schoklender, quien estudió en prisión, se acercó a las Madres a través de Hebe de Bonafini, tras cumplir una condena por el asesinato de sus padres. La fallecida titular de la asociación lo presentaba como su “hijo adoptivo”. En este caso, Schoklender había planteado ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°5 que la causa estaba prescripta.

Los jueces rechazaron ese planteo y elevaron el asunto a la Cámara de Casación Penal. Intervino la Sala IV de ese tribunal, que determinó que el caso seguía vivo. Dijo que para computar los plazos de prescripción había que considerar que De Vido era funcionario público, por lo que la ley manda que se suspendan los plazos de prescripción, dado que los funcionarios pueden incidir sobre la marcha del proceso y la preservación de evidencias. De Vido fue ministro de Planificación Federal desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre del 2015 y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, desde 2015 hasta su desafuero, el 25 de octubre de 2017.

Por ese motivo, los jueces dijeron que los tiempos para definir la prescripción de la acción penal respecto de Schoklender deben arrancar el 25 de octubre de 2017. “Si tomamos en cuenta la fecha en que De Vido cesó en sus funciones públicas -25 de octubre de 2017- hasta el requerimiento de elevación a juicio presentado por la representante del Ministerio Público, 2 de octubre de 2018 (primer requerimiento formulado), se puede verificar que no han transcurrido los seis años correspondientes a la pena máxima para los delitos enrostrados a Schoklender y, por consiguiente, no se encuentra prescripta la acción penal”.

En su recurso extraordinario, la defensa planteó que se había afectado el derecho a recurrir, a ser oído y juzgado en un plazo razonable. Sin embargo, ese recurso no fue concedido, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, y por falta de cuestión federal.

El caso llegó a la Corte por vía de una queja, y los jueces del máximo tribunal, por unanimidad, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el planteo por falta de sentencia definitiva o equiparable. De esta manera, Schoklender seguirá sometido al proceso por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso se conoció en 2011 tras una pelea entre los hermanos Schoklender e investigaciones periodísticas que dieron cuenta de los desmanejos en los planes de viviendas, muchos de los cuales fueron abandonados y luego financiados por municipios, las provincias o la Nación, pese a que los fondos habían sido enviados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Cuando se destapó el caso, Bonafini y el kirchnerismo afirmaron que se trataba de operaciones de prensa en su contra, pero cuando las pruebas se acumularon terminaron denunciando a Schoklender, que también se presentó en tribunales contra la dirigente de derechos humanos. Bonafini fue procesada en la causa, pero falleció en noviembre de 2022. Aún restan concluir peritajes que se ordenaron después de que el caso fuera elevado a juicio oral.

En este caso se estableció que con el Programa Sueños Compartidos se desviaron más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la city para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío a través de cheques de menos de $50.000. Con esa maniobra se obtuvieron $31.212.221.

La bronca, el gran candidato

Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones, no se pagaron aportes a los obreros que hicieron las obras ni se cumplió con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo. Entre los acusados están Sergio y Pablo Schoklender, el exsecretario de Obras Públicas José López y su segundo, Abel Fatala, entre otros. Fueron sobreseídos los exgobernadores e intendentes que recibieron las obras de la Fundación: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Maurice Closs (Misiones), Darío Giustozzi (Almirante Brown), Miguel Lifschitz (Rosario), Alejandro Granados (Ezeiza) y Julio Zamora (Tigre), entre otros.