La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de Antonio Miguel Maques, expresidente de la constructora Camargo Correa SA, investigado en la causa en la que se averigua sobre el pago de sobornos en la adjudicación de obras públicas por parte de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El juez Sebastián Casanello instruyó el caso donde se investigan las obras de construcción de una planta potabilizadora en el partido de Tigre (Paraná de las Palmas) y una planta depuradora en Berazategui.

Esa causa ya fue elevada a juicio y los acusados allí son el exministro Julio de Vido; su mano derecha, Roberto Baratta, y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, socio de Camargo Correa, y Tito Biagini, expresidente de José Cartellone e Hijos SA). Completan la nómina el extitular de AySA Carlos Ben y Raúl Oscar Biancuzzo, exdirector de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de AySA.

Casanello reanudó el pedido de extradición activa librado a Brasil, para someter a juicio a Antonio Miguel Marques, en su carácter de presidente del consejo de administración de Camargo Correa S.A.

La defensa de Marques, implicado en la causa del Lava Jato, recurrió esta decisión en sucesivas instancias. Primero la Sala I de la Cámara Federal y luego, la Sala III de la Cámara de Casación Penal, rechazaron sus recursos por no estar dirigidos contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Llegado el caso a la Corte, el máximo tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenktrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el planteo. Se dejó firme asi la reanudación del juicio de extradición para que el ejecutivo sea indagado en Brasil.

En este caso se investiga el pago de dádivas por parte de empresas ganadoras de la adjudicación de la obra “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino”. La causa principal se encuentra en Brasil, por lo que con esta decisión puede avanzar el proceso de extradición.

La Justicia probó que la obra de Paraná de las Palmas (realizada con Odebrecht) preveía un valor 1800 millones de pesos. La financiación, las prórrogas y la aplicación de redeterminación de precios incrementó el valor del contrato a casi 6500 millones de pesos.

La Planta Bicentenario, de Berazategui, construida con Camargo Correa, se había estimado en 324 millones de pesos y su costo creció en casi 860 millones de pesos.

La Cámara Federal porteña confirmó en 2019 los procesamientos, pero reclamó un peritaje para apoyar la acusación. Las plantas de AySA fueron licitadas durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Las empresas argentinas se asociaron a dos brasileñas para licitar estas obras: Odebrecht y Camargo Correa.

Ambas están involucradas en el pago de sobornos a nivel regional en el caso Lava Jato. Camargo Correa niega las acusaciones. El expediente incluye otra línea de investigación: el supuesto pago de sobornos por parte de los empresarios a los exfuncionarios kirchneristas. El juez afirmó en sus últimos fallos que considera probados ambos delitos y que las obras estuvieron direccionadas a estas compañías.