La Ciudad de Buenos Aires prevé insistir la semana próxima ante la Corte Suprema de Justicia para cobrar un porcentaje de los fondos de coparticipación federal que le quitó el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el inminente cambio de gobierno podría contribuir a la apertura de una nueva instancia de diálogo entre Jorge Macri y Javier Milei, para evitar una sentencia y llegar a un acuerdo.

La Corte Suprema rechazó en los últimos días las recusaciones y excusaciones que presentó el actual gobierno nacional contra los jueces y ahora está habilitada para resolver la medida cautelar. Fuentes porteñas dijeron que la Ciudad insistirá en que se ejecute el fallo y se embarguen las cuentas públicas del Estado nacional por casi $300.000 millones, la suma que –incluidos los intereses- reclama la administración local a la Nación.

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Sin embargo, la definición no es automática. “No necesariamente esta decisión implica que salga el fallo antes de fin de año”, dijo una fuente de los tribunales. “No hay nada previsto antes de fin de año”, afirmó otra fuente judicial.

Si se dictara una sentencia implicaría un golpe económico para el gobierno entrante, una situación similar a la que se vivió en 2015 cuando la corte recibió al flamante presidente Mauricio Macri con un fallo que convalidó el reclamo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba por la restitución de los fondos coparticipables que la gestión de Cristina Kirchner derivaba la Anses. En caso de que se dicte ahora un fallo, antes de fin de año, podría generar un impacto similar para el gobierno de La Libertad Avanza.

De todos modos, no parecen ser estos los ánimos, especialmente por los cambios de actores, con Jorge Macri y Milei en escena, en un contexto que dejaría de lado la ofensiva contra la Corte que hoy impulsa el gobierno nacional.

Antes de llegar a la instancia de una sentencia, la Corte abrió en los últimos dos años una vía de diálogo entre las dos administraciones. Convocó a audiencias de conciliación, que se realizaron en los tribunales, y las partes debían buscar un acercamiento y ponerse de acuerdo en el monto por descontar o no de la coparticipación federal.

Esas reuniones fracasaron y el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, el alto tribunal dictó una medida cautelar en favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. La Ciudad reclama el 3,5% y antes de la cautelar estaba cobrando 1,4% más una suma especial para solventar la policía porteña.

El expresidente Macri aumentó en enero de 2016, los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante la gestión de Juntos por el Cambio, bajó luego al 3,5 por ciento.

Pero el conflicto se generó porque el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se los concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y los giró a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable).

Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de los fondos de coparticipación. Llevó el porcentaje para la ciudad a 1,4% -el mismo que regía antes de que lo aumentara Macri- pero agregó, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la Policía, una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional. Ese desembolso equivale aproximadamente a 0,55% de la masa coparticipable.

En diciembre pasado, ante el planteo judicial de la Ciudad, la Corte llevó transitoriamente el porcentaje a 2,95% hasta tanto se definiera la cuestión y suspendió lo dispuesto por la ley de 2020.

En la Ciudad dicen que hoy la Nación solo les paga el 1,4% y dejó de transferirles, incluso, los fondos para la Policía que preveía la ley.

Con el cambio de gobierno, la posibilidad de que se restablezca un diálogo entre ambas jurisdicciones puede derivar en que las partes retomen las negociaciones, antes de que llegue un fallo del máximo tribunal.

Si no es así, será el debut del exjuez de la Corte Rodolfo Barra, como futuro Procurador del Tesoro, para litigar en defensa del Estado nacional, frente al gobierno de la Ciudad. No es tarea fácil para Barra, un abogado que tiene decenas de casos de sus clientes en la Corte, incluido una causa propia, en la que reclama que la Anses le liquide la jubilación como exjuez del máximo tribunal. Una enredada madeja, llena de conflictos de intereses.